La consulta popular está a un mes de suceder, el INE ya tiene el plan listo para que los ciudadanos salgan, de nuevo, a las casillas el 1º de agosto con todo y pandemia, ahora para decidir si se investiga o no a los actores políticos del pasado, al menos eso es lo que dice la pregunta que formuló la SCJN, aunque la interpretación que da el Presidente es si quieres o no que se investigue y juzgue a los expresidentes, no obstante los especialistas han hecho hincapié en que la pregunta es ambigua. Tampoco es que los órganos de impartición de justicia necesiten una consulta para iniciar investigaciones y, eventualmente, llevar ante la justicia a quienes hayan cometido delitos, en este caso los expresidentes, desde Salinas de Gortari a Peña Nieto. Pero la austeridad ha sido más tema de controversia que la misma pregunta de la consulta y es que el presidente del INE, Lorenzo Córdova, no ha perdido oportunidad para mencionar que, aunque no se les concedieron más recursos, la consulta saldrá con los estándares de confiabilidad, el costo de hacer esta pregunta será al menos de 500 millones de pesos, dinero público por supuesto, y se requerirá que al menos el 37 millones de ciudadanos vote “sí” para que sea vinculante, es decir, 7 millones de votos más de los que obtuvo AMLO en 2018. Aunque el INE ha informado que no podrá garantizar la instalación de casillas ya ha anunciado que del 15 de julio al 1º de agosto llevará a cabo la campaña de difusión e información. Por supuesto, las críticas no se han hecho esperar y han pedido al INE que se apriete el cinturón.
