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Política de combate a las drogas, del garrotazo al avispero a los abrazos no balazos

Probablemente el tema que más preocupa a los mexicanos es el de la seguridad en el país, me refiero en particular a la inseguridad y sus consecuencias catastróficas en la vida diaria de las personas. Pero ¿de qué manera se ha abordado este tema desde hace casi dos décadas, el problema ha crecido o sólo ha cambiado?

Por una parte, anterior a los años 80’s y 90’s, tuvimos en México una política de combate a las drogas de simulación e incluso de colusión entre las autoridades y el narcotráfico, no quiere decir claro que esto ya no suceda, pero si bien no teníamos los problemas de inseguridad como los que tenemos en la actualidad estos pasaban a un segundo plano en los objetivos y estrategias del gobierno por mejorar la situación del país, no se veía como algo que afectara en la gobernabilidad del país.

Para este análisis, recordemos primero aquellos testimonios e información documentada en diversas fuentes acerca de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación creada en 1947 por el entonces presidente Miguel Alemán Valdés. Su labor principal era mantener informado al presidente sobre la situación social y política del país, a través del espionaje e intromisión para detectar los posibles riesgos de oposición al gobierno y con ello la desestabilización del mismo. Se trataba de una especie de DEA o FBI mexicano de combate al narcotráfico y otros delitos federales, aunque en realidad se establecían pactos de impunidad con los narcotraficantes ya que hasta los mismos agentes de la corporación eliminaban a quienes resultaran incómodos al gobierno, y dejaban “trabajar” a quienes colaboraban o daban a través de sobornos, esta Dirección trabajaba un estado de total impunidad y de descaro.

Posteriormente a la desaparición de la DFS, y derivado de tantos atropellos cometidos a los derechos humanos tan evidentes, surge el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen) perteneciente a la Secretaría de Gobernación que recientemente fue desmantelado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, sustituyéndolo por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El Cisen se utilizaba para prevenir cualquier potencial riesgo a la seguridad nacional y desestabilización del país, una tarea similar a la que llevaba a cabo la DFS pero con mayor institucionalización y credibilidad, aunque poco transparente; algo que no se decía, es que también se usaba para espiar a los adversarios del propio gobierno como fue el famoso caso del software Pegasus.

En consecuencia, y por lo anterior, en los últimos tres sexenios hemos tenido dos políticas de combate a las drogas que se contraponen en absoluto, por lo visto ninguna ha dado los resultados esperados. La primera, es la iniciada por el entonces Presidente de México Felipe Calderón, la segunda la del Presidente López Obrador. En la primera apuesta teníamos la guerra contra el narco, una estrategia que apostaba por un combate frontal y directo a los carteles de la droga con la participación de las fuerzas armadas en acompañamiento con la Policía Federal y la cooperación internacional, principalmente de Estados Unidos. Se trataba en esencia de la aniquilación y detención de 25 objetivos prioritarios o cabezas de organizaciones criminales, ya que se pensaba que con ello la violencia disminuiría drásticamente, el resultado no fue más que el recrudecimiento de la misma violencia y la fragmentación de los carteles en organizaciones delictivas más pequeñas que con el paso del tiempo irían adquiriendo mayor presencia y poder, caso en concreto el Cartel Jalisco Nueva Generación, entre muchos otros, este resultado fue conocido coloquialmente como “darle un garrotazo al avispero”.

En la política del “garrotazo al avispero”, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en el eje 1 llamado “Estado de Derecho y Seguridad”, planteaba como justificante del combate al narcotráfico, el incremento del daño y deterioro social generado por el tráfico y consumo de drogas en México. Además, de que contemplaba como un tema prioritario la cooperación internacional en materia de seguridad, dejando de lado la prevención del delito y situaciones que generaban el problema de raíz, ejemplo de ello, tuvimos el Plan Mérida, se trataba de un programa de cooperación en materia de seguridad entre los Estados Unidos, México, Centroamérica, República Dominicana y Haití, cuyo objetivo era el establecimiento de una serie de políticas enfocadas a combatir el cultivo, la producción, el tráfico, la distribución y el consumo de drogas dentro y fuera de su territorio, para dicho fin, Estados Unidos desembolsaría 1.4 miles de millones de dólares por tres años[1], sumado a toda la estructura del Sistema Penal Acusatorio que dio inicio hasta el siguiente sexenio con el entonces presidente Enrique Peña Nieto y que en la actualidad dicho sistema se sigue utilizando. 

Por otra parte, la guerra contra el narco trajo un mensaje claro en el discurso público sobre que el esfuerzo iba ser grande y lento pero que iba poner orden en el país, los resultados ya los conocemos, pero lo que quiero comentar con esto es que, esta política no funciona ante una realidad abrumadora de violencia generada por la lucha de grupos delictivos como son los carteles de la droga mexicanos, los más poderosos del mundo. El esfuerzo por frenar la violencia con violencia no funcionó, por el contrario, y como se le conoce a esto popularmente “le dieron un garrotazo al avispero”, las fuerzas armadas ya no regresaron a sus cuarteles y siguen en las calles.     

Ahora bien, continuamos con la política de “abrazos, no balazos” lanzada por el Gobierno de la Cuarta Transformación, y en contraposición a la de darle un golpe o garrotazo al avispero, el presidente López Obrador apostó por una estrategia de no persecución a los cabecillas de las bandas criminales, dice que atender las causas o la raíz del problema es la mejor solución, y creo que en el fondo esto resulta ser cierto, aunque no para la magnitud de la problemática que tiene México hoy en día, es necesario llevar a cabo acciones más contundentes pero no de letalidad tan elevada como lo era la estrategia de Calderón, se debe reforzar la inteligencia y las sentencias condenatorias presionando al Poder Judicial.

El punto 1 Política y Gobierno, Reformular el combate a las drogas del actual Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 contempla que la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no sólo por la violencia que ha generado sino por sus malos resultados en materia de salud pública[2].

De esta manera, la política actual apuesta por ayudar a los jóvenes y personas que menos tienen para evitar que busquen alternativas en las filas de los carteles, e incluso que ya no se formen bandas delincuenciales dedicadas a las drogas y otros delitos federales. El problema viene cuando vemos la realidad de un país que carece de fuentes de empleo formales y bien remuneradas y lo único que queda es la puerta de la informalidad o enrolarse en las filas de la delincuencia. En esta estrategia también se apuesta por la legalización del cannabis y por tratamientos de desintoxicación, aunque hasta la fecha no se ha visto cómo se puede llevar acabo estos últimos. Se trata también de la descriminalización de las drogas, enfocándose en el consumo como una causa de ayuda frente a las adicciones y no de represión del individuo consumidor.

Finalmente, puedo concluir que ninguna de las dos estrategias contra las drogas han sido eficientes hasta el momento, la primera por la violencia generada y la segunda por la falta de resultados, lo que creo conveniente con este análisis es elaborar una nueva política que contenga elementos multifactoriales donde no se abandone el combate a los carteles y la persecución de los criminales, pero atendiendo las causas en paralelo y legislando o regulando las sustancias que no causen un daño excesivo para la salud, sin embargo, lo más importante es mirar hacia otros sectores del desarrollo como pueden ser la economía, el trabajo, la educación y la cultura, pero sobre todo, que involucre totalmente al actuar del Poder Judicial como ya se dijo en párrafos más arriba, se trata de que la estrategia no vaya sola y se carguen todas las canicas para un solo lado, sólo así, creo firmemente que empezaremos a ver la luz al final del túnel.    


[1] RODRÍGUEZ LUNA, ARMANDO. La Iniciativa Mérida y la guerra contra las drogas. Pasado y Presente. p.31.

Sitio web: Chrome

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.casede.org%2FPublicacionesCasede%2FCrimOrgeIniciativaMerida%2Fcap2.pdf&clen=1251347&chunk=true

[2] Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Diario Oficial de la Federación 12 julio 2019: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019

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