El pasado 22 de noviembre amanecimos con un nuevo acuerdo del presidente AMLO –publicado en el Diario Oficial de la Federación–, en el que, para tratar de burlar la Constitución y las leyes en la materia, establece que las obras públicas y los proyectos del Gobierno Federal serán considerados parte de la seguridad nacional y del interés público.
Con este acuerdo, que ya ha sido bautizado coloquialmente por la opinión pública como “el decretazo”, el Presidente pretende hacer a un lado la transparencia y abonar a la opacidad y a la corrupción, para dar los permisos de manera exprés y sin cumplir ninguno de los requisitos establecidos por las leyes y burlar la Ley de Amparo, para evitar que se puedan promover suspensiones en los casos que no se cumpla con la normatividad aplicable a los casos concretos.
Se trata, sin duda, de una burda e ilegal maniobra para avanzar sin contratiempos en las tres grandes obras emblemáticas de su gobierno (todas cuestionadas): el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas.
Académicos, juristas, analistas políticos, colegios de abogados, instituciones públicas, diputados y senadores han califica este “decretazo” de inconstitucional y violatorio de los principios de legalidad y certeza jurídica.
El Instituto Nacional de Transparencia (INAI) ya anunció que por una posible transgresión al artículo 6º Constitucional, en breve presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una Controversia Constitucional, ya que, al ser la “seguridad nacional” una de las causales de reserva de información, prevista en el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pueden llegar a reservar la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo, lo que vulnera el derecho de acceso a la información y el principio de publicidad.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) sostiene que AMLO carece de facultades para crear en torno a sus obras un estado de excepción que le permita violar el marco legal aplicable a estos asuntos, asegurando que la declaración de seguridad nacional no exime la obligación de cumplir con principios constitucionales y de derechos humanos.
Igualmente, varios legisladores del grupo opositor “Alianza va por México” del PRI, PAN y PRD, anunciaron que están recabando firmas para presentar ante la Corte una Controversia, ya que “el decretazo” pretende blindar con absoluta opacidad obras públicas y de infraestructura con la simple consideración de ser de interés público y de seguridad nacional, lo que es a todas luces ilegal, además de violar procedimientos que cualquier persona está obligada a cumplir.
Por lo visto, al presidente López Obrador le tienen sin cuidado los pronunciamientos que la Corte ha venido haciendo respecto de sus acciones y decisiones que violentan el marco constitucional y se empeña en seguir impulsando medidas dictatoriales, como lo han señalado varios analistas, en contra de los principios más elementales de nuestro Estado de Derecho, como el respeto a la división de poderes y la supremacía de la ley, que obliga a todos, gobernados y gobernantes, a respetarla.
