Después de la segunda reunión de Enrique Peña Nieto con Andrés Manuel López Obrador, éste anunció haber convenido con Peña que en la lista de personas que evaluará el Senado para elegir al Fiscal General de la República se integrarán a las tres personas que AMLO propuso durante su campaña para ese puesto, terna sobre la que, dijo, ya hay un acuerdo con el Senado.
En octubre de 2016, después de que Peña Nieto propusiera ante el Senado al entonces Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, para el cargo de Fiscal General, se propagó la frase: “No al Fiscal carnal”. Como consecuencia, se modificó el artículo 16 transitorio del Decreto de Reforma Constitucional en materia política-electoral, en la cual se estableció que, una vez realizada la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General, de manera inmediata la Cámara de Senadores debe iniciar el procedimiento previsto en el Apartado A del artículo 102 de la Constitución para la designación del Fiscal.
Después de un lento camino a través de las legislaturas estatales, la reforma en comento ha sido aprobada por 17 de esos congresos locales, por lo que al tenor del citado artículo transitorio, la reforma entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, es decir, el mismo día en el que el Congreso General expida la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, aprobada el 10 de diciembre de 2014 por la Cámara de Diputados y desde entonces en el Senado, en donde seguramente será destrabada para su expedición que realizará conjuntamente con la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.
Hecho lo anterior, la Cámara de Senadores deberá iniciar inmediatamente el proceso de selección del Fiscal General previsto en el apartado A del artículo 102 constitucional. Por lo que deberá integrar una lista con al menos 10 candidatos al cargo que debe ser aprobada por las 2/3 partes de los legisladores, la cual será enviada al Presidente, quien, de esa lista, elegirá a tres candidatos; esta última será devuelta al Senado. La terna de candidatos comparecerá ante el Senado; el Fiscal será elegido con el voto de las 2/3 partes de los senadores presentes en la sesión.
De acuerdo con lo mencionado por López Obrador, en la lista que elabore el Senado serán incluidos los candidatos del presidente electo: Eva Verónica de Gyves Zárate, Juan Luis González Alcántara y Bernardo Bátiz Vázquez; mismos a quienes Peña Nieto, aún como presidente en funciones, señaló como su terna.
De la terna mencionada, sólo Bernardo Bátiz Vázquez y Eva Verónica de Gyves Zárate tienen expertis en materia penal. El primero, ha sido militante del PAN y del PRD, por lo que se desempeñó como diputado federal en cuatro ocasiones; fue Procurador General de Justicia del Distrito Federal en el 2000 y desde entonces es una persona cercana a López Obrador y a Morena, partido donde fue nombrado secretario de Combate a la Corrupción del CEN. De Gyves Zárate ha desarrollado su carrera profesional como defensora de oficio, agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, secretaria de acuerdos, juez penal y Magistrada titular de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. En tanto que el expertis de Juan Luis González Alcántara Carrancá es en las materias civil y familiar y cuenta con especialidad en finanzas públicas y un doctorado en Derecho.
Por lo que, en una sana lógica, atendiendo a la competencia de la Fiscalía General de la República, el elegido deberá emerger de entre los dos primeros, debiendo considerar que la militancia de Bernardo Bátiz en partidos políticos y actualmente en Morena, compromete aún más su autonomía e imparcialidad.
No obstante, ha quedado clarísimo que a López Obrador nada le importa que cuando se discutió la reforma para crear una nueva institución encargada de procurar justicia, se ponderaron dos principios que regirían al nuevo Fiscal: su autonomía e imparcialidad. Principios democráticos que ante la avidez de control absoluto que demuestra el señor López le son irrelevantes, lo que genera, por una parte, la suspicacia respecto a la “impunidad” que la elección de su Fiscal carnal asegura para él y los miembros de su gobierno y, por otra, el presagio de que la Fiscalía General, al igual que ha sido la PGR en sexenios anteriores, será el brazo persecutor a modo y mando del nuevo presidente en contra de todos aquellos que disientan de su gobierno.
