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El regreso del presidencialismo mexicano

Después de un fuerte debate que se dio en el país en por lo menos la última década, donde algunos importantes líderes políticos impulsaban el hecho de que México requería de un cambio de régimen: dejar el sistema presidencialista y pasar a un tipo “semi parlamentarista” o gobiernos de coalición. Este debate concluyó de manera abrupta con el resultado de la pasada elección que ganó Andrés Manuel López Obrador de manera contundente.

El resultado electoral deja en claro que la decisión mayoritaria fue la de continuar la vida política de la nación por la vía del régimen presidencialista.

Hasta la administración del expresidente Carlos Salinas de Gortari, las características del presidencialismo mexicano se basaban en la concentración del poder en una sola persona, en el Jefe de Ejecutivo Federal y a un partido hegemónico que fue el PRI durante más de 70 años.

De esta manera, el exsecretario de Gobernación, Jorge Carpizo, refería que el presidencialismo en México denomina la predominancia del Poder Ejecutivo sobre los pesos y contrapesos del régimen político y sobre los mecanismos de decisión política en el periodo citado, gracias a que la institución presidencial pudo hacer uso de facultades constitucionales y metaconstitucionales que le otorgaron al Presidente poderes por encima de los demás órganos del Estado.

Por su parte, Daniel Cosío Villegas, destacado intelectual mexicano del siglo XX, en su libro “El sistema político mexicano”, definía el poder del presidente de la siguiente manera: “la Constitución del 17 creó un Ejecutivo extraordinariamente poderoso y que de ahí emanan muchas de las facultades amplias de que goza en México el presidente de la República […] pero el amplio poder del presidente no sólo viene de las facultades que le dan las leyes sino de otras fuentes geográficas unas, económicas otras, y estrictamente políticas algunas más: la localización del D.F. y su posición radial, el nacionalismo político, el centralismo general y la sumisión ocasionada por el deseo de desempeñar funciones públicas durante el máximo tiempo posible”.

Esta situación del presidencialismo mexicano como se describe, terminó en la administración del Ernesto Zedillo, quien abrió paso a un proceso de mayor democratización del país y de sus instituciones: ciudadanizó y separó del gobierno al Instituto Federal Electoral; creo el Tribunal Electoral que se encargaría de calificar la elección presidencial; y generó condiciones de equidad en la competencia de los partidos políticos, ya no más un Congreso con mayoría del priista  y le dijo a su partido que su gobierno mantendría una sana distancia, ya que como Presidente de la República, gobernaba para todos los ciudadanos.

El resultado de estas reformas democráticas dio lugar a los gobiernos divididos y la alternancia. En las elecciones de 1997, el PRI, por primera vez en su historia, perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, perdió la ciudad de México y algunas otras gubernaturas; en el año 2000 se da la alternancia en la Presidencia de la República. Así, la presidencia se había transformado por circunstancias de cambio democrático.

A partir de este hecho se inició un debate en torno al régimen que el país debería adoptar: mantener el presidencialismo como estaba, que claramente en una democracia no operaba, ya no había partido hegemónico y cada vez había más restricciones para utilizar poderes metaconstitucionales; modernizar la institución presidencial o cambiar de régimen a un semiparlamentarismo o gobierno de coalición.

Andrés Manuel López Obrador.

Sobre el proyecto de modernizar la presidencia para darle las herramientas que le permitan tener eficacia y llevar a la sociedad a condición de bienestar y de mayores oportunidades, el exsecretario particular de Ernesto Zedillo, Liébano Sáenz, escribió un importante libro “La presidencia moderna, análisis de una institución que es urgente comprender”.

En su obra detalla la necesidad de reformar instituciones y formas que hagan congruente la acción de la presidencia democrática como lo es el Congreso de la Unión, los partidos políticos y algunas otras instituciones; así como facultar a la presidencia para poder operar democrática e institucionalmente, como darle orden constitucional a la Oficina de la Presidencia, por ejemplo: que el presidente tenga veto parcial, los legisladores rindan cuentas, los partidos actúen en un marco de legalidad y cuenten con una ley de partidos.

Por su parte, quien fuera presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones proponía un semiparlamentarismo o gobierno de coalición conjuntamente con algunos otros políticos, como Santiago Creel, con lo cual consideraban que “el gobierno de coalición abre la posibilidad de que varios partidos políticos y sus respectivos grupos parlamentarios sean corresponsables en la operación y decisiones cotidianas del gobierno, no sólo a través de su respaldo legislativo, sino también con la participación de sus militantes como titulares de secretarías de despacho que forman parte del gabinete presidencial”. Lo que propone esta idea es transferir el viejo control presidencial a mayorías “hechizas” en el Congreso y dejar inoperante la institución presidencial.

Con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, la discusión sobre la creación de un semiparlamentarismo quedó completamente fuera de lugar. Ahora la discusión quedará entre una presidencia moderna que favorezca el desarrollo democrático o regresar a una presidencia imperial, con el control de un partido hegemónico y un Congreso supeditado al presidente de la República.

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