Luego de las prolongadas restricciones que el Poder Judicial en México ha impuesto a la publicidad de las audiencias penales bajo el argumento de la crisis sanitaria por COVID 19, las organizaciones TOJIL y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) presentaron una solicitud formal a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedirle que garantice la publicidad y el debido proceso en el primer juicio oral derivado del caso de Estafa Maestra, y como consecuencia de ello, autorice la instalación de una misión de observadores que permita que expertos y expertas internacionales puedan acompañar y observar directamente lo que ocurra en este juicio en tiempo real.
La Estafa Maestra es uno de casos de corrupción con mayor notoriedad, extensión y gravedad en México. Diversas investigaciones periodísticas han dado cuenta de un desvío millonario de recursos a través de una simulación de contrataciones públicas, en la que estarían presuntamente involucradas por lo menos diez secretarías de Estado, universidades públicas y una red de empresas privadas. Sin embargo, hasta el momento solo la acusación contra una de las servidoras públicas involucradas, Rosario Robles, está por llegar a la etapa de un juicio oral, por lo que se trata del primer juicio de un caso de gran corrupción en México.
Pese a que la publicidad de las audiencias constituye una de las garantías procesales básicas que conforman el debido proceso en el ámbito del proceso penal, y a que está reconocida como un derecho en el Art. 8.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, subsisten las estrictas restricciones impuestas por el Poder Judicial de la Federación que limitan severamente la posibilidad de que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan observar de manera directa el desenvolvimiento de las audiencias de este caso y el desempeño por parte de los operadores de justicia que intervienen en él, lo que es fundamental para garantizar una serie de derechos procesales, pero también para promover una adecuada rendición de cuentas de los funcionarios y para evitar que un caso de tal relevancia social quede impune.
Las misiones de observaciones son instrumentos ampliamente aplicados en el ámbito internacional, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las garantías del debido proceso y otros estándares de derechos humanos relevantes, especialmente en asuntos de interés público. El caso de la Estafa Maestra, por su dimensión y el extenso daño social que la gran corrupción ha infringido sobre la ciudadanía, es importante que la audiencia de juicio pueda ser observada en tiempo real y mediante plataformas virtuales. La idea de que la corrupción es un delito sin víctimas debe ser combatida, pues los ciudadanos y ciudadanas soportan los efectos directos e indirectos de la corrupción, y por ello tienen derecho a observar y vigilar la respuesta del sistema de justicia en este caso. Confiamos en que la Presidencia de la Corte garantizará el respeto de la Constitución y los compromisos internacionales del Estado mexicano, permitiendo la observación y escrutinio internacional de este juicio.
