Con motivo de la polémica jornada de la elección popular de juzgadores que se realizó por primera vez el 1º de junio, Foro Jurídico entrevistó a la Maestra Itzi-Guari Hurtado Bañuelos quién aborda este fenómeno sobre el reto de cómo asegurar la inclusión de la perspectiva de género y los derechos humanos en el nuevo sistema de justicia.
La entrevista fue conducida por la maestra Ligia González Lozano, a quién le comentó la entrevistada que aunque en México contamos con un marco legal robusto que garantiza derechos como la paridad de género, la realidad es que su aplicación sigue siendo limitada. Aunque hombres y mujeres tenemos los mismos derechos en papel, las mujeres enfrentan una realidad marcada por la violencia, la discriminación y la falta de acceso a la justicia. Casos extremos de violencia de género siguen ocurriendo, y muchas veces son tratados como delitos comunes, sin tomar en cuenta el odio motivado por el género. Por ello, es fundamental que toda muerte de una mujer sea investigada bajo el protocolo de feminicidio desde el inicio, sin importar la causa aparente.
La Mtra. Itzi-Guari Hurtado asegura que el acceso a la justicia está limitado por la saturación de las defensorías públicas, la falta de difusión sobre los derechos y trámites legales y la escasa presencia de abogadas feministas o defensoras comprometidas. A esto se agrega que muchas mujeres no pueden pagar asesoría legal y no confían en las instituciones, lo cual se agrava con años de impunidad.
De acuerdo con Itzi-Guari Hurtado, una parte fundamental del problema es quién juzga. No basta con aplicar la ley, es necesario tener jueces y juezas capacitadas para comprender los contextos sociales, culturales y personales. Además, la justicia no debe ser ciega al contexto, no se puede juzgar igual a una mujer campesina que a una empresaria, tampoco ignorar las condiciones de personas indígenas, infancias o adultos mayores.
En su opinión, la reforma al Poder Judicial representa una oportunidad para renovar profundamente el sistema, desde los tribunales superiores hasta los jueces de primera instancia. Es urgente abandonar, dice, prácticas rígidas del pasado que ignoran el contexto de cada caso y rechazan aplicar protocolos si no están expresamente en la ley. También es clave revisar lo que ocurre antes del juicio ya que muchas decisiones judiciales se ven condicionadas por fallas previas del ministerio público y otras instituciones. La justicia no empieza en los tribunales, sino desde la primera atención, donde con frecuencia se ignora el contexto y se vulneran derechos.
A continuación, ofrecemos a nuestros lectores lo más destacado de esta interesante entrevista.
LIGIA GONZÁLEZ LOZANO (LGL): ¿QUÉ PUEDE APORTAR LA REFORMA JUDICIAL EN LOS TEMAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERSPECTIVA DE GÉNERO?
ITZI-GUARI HURTADO BAÑUELOS (IGHB): Nuestra carta de derechos, nuestra Constitución, nuestras leyes de desarrollo, los criterios que ha tomado el Poder Judicial es una cartita a los reyes magos. Es todo lo que nosotros esperamos y deseamos, y claro que tenemos una legislación robusta, empezando porque la paridad es constitucional, que las mujeres tengamos asegurado un escaño en el Congreso, en el Poder Judicial y el Ejecutivo, debería de extenderse a asambleas comunales, ejidales, cuestiones agrarias, los Consejos que integran las empresas deben ser paritarias. El brinco al derecho privado es muy difícil todavía, pero ya tenemos la base y los criterios que se desarrollaron, por ejemplo, los protocolos para poder juzgar con perspectiva de género, lo realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en temas LGBT.
“Las defensorías públicas concentran mucho trabajo y hay poca gente comprometida con el proyecto, no es ocioso explicarle a las personas el abc de las instituciones, cómo hacer un trámite, cómo solicitar ayuda, falta difusión, programas de promoción específicos para explicar a la población qué hacen las instituciones, etc.”
Tenemos un sistema de estructura europea, sobre cómo se conforman nuestras instituciones, y con práctica de los países del norte, por lo que no ha hecho el suficiente match, estos protocolos no se siguen la mayoría de las veces, algunos partidos políticos buscan la forma para que las mujeres no consigan lo puestos necesarios porque no les conviene. Estamos muy atrasados en comparación de otras, aunque en el caso de América Latina y el Caribe estamos avanzados. El problema es que en casos complejos necesitamos la atención de un abogado y las colectivas de abogadas feministas o de abogados aliados en esta lucha somos muy pocos y son espacios de mucha precariedad en donde no todas las mujeres tienen la oportunidad de poder salir y contratar a una abogada o a un abogado.
Las defensorías públicas concentran mucho trabajo y hay poca gente comprometida con el proyecto, yo también he trabajado en el Poder Judicial de la Federación y creo que no es ocioso explicarle a las personas el abc de las instituciones, cómo hacer un trámite, cómo solicitar ayuda, falta difusión, programas de promoción específicos para explicar a la población qué hacen las instituciones, etc. Hay muchos criterios jurisdiccionales a través de litigios estratégicos que obligan a las autoridades a hacer las cosas de oficio, así tendría que ser en materia de derechos humanos, no tendrías por qué ir a instar, tendrían que llegar y buscarte y decirte se puede hacer esto. En materia penal no tienes un abogado de manera inmediata, se te otorga un defensor público, pero cuando ya estás recluido o cuando estás siguiendo el procedimiento, pero la gente no tiene confianza en las instituciones y esto tiene que ver con los años de impunidad que hemos tenido.
LGL: ¿POR QUÉ ES NECESARIO INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL SISTEMA JUDICIAL SI SE SUPONE QUE LA JUSTICIA DEBE SER IMPARCIAL Y TRATAR A TODAS LAS PERSONAS POR IGUAL?
IGHB: Hay que reconocer que no somos iguales, las mujeres y los hombres tenemos absolutamente los mismos derechos y tenemos que ser juzgados de la misma manera, el problema es que no estamos insertos en los mismos contextos ni en las mismas oportunidades ni en las mismas situaciones. Vivimos en un sistema patriarcal heteronormado, falocentrista, en el que las normas fueron diseñadas para otorgar privilegio a un sector en específico, no en la letra, sino al momento de la práctica y no estamos insertas en el mismo nivel de violencia, en el mismo nivel de protección. Yo no he escuchado, salvo en temas muy específicos de crimen organizado, que por un crimen pasional hicieron cachitos a un hombre porque era hombre, por el contrario, sí ocurre con un transexual porque se siente mujer, o de una mujer porque el marido tuvo un arrebato de celos o de cientos de casos en los que niñas son desaparecidas, torturadas y violadas por el simple hecho de ser mujeres. Es un tema de odio, en realidad es homicidio, pero con un agravante que se motiva con el odio, lo más difícil de poder demostrar en un tipo penal es el odio que es el tema subjetivo, cómo demuestras que algo fue con odio.
“Vivimos en un sistema patriarcal heteronormado, falocentrista, en el que las normas fueron diseñadas para otorgar privilegio a un sector en específico, no en la letra, sino al momento de la práctica y las mujeres no estamos insertas en el mismo nivel de violencia, en el mismo nivel de protección.”
Es importante que cada que fallezca una mujer se inicie un protocolo de feminicidio, así sea por infarto o que apareció muerta en un baño, no importa la manera, debe iniciar de oficio por parte de las autoridades ministeriales una investigación con un protocolo de feminicidio y lo primero que se debe descartar es que no haya sido un homicidio, un crimen motivado por el odio respecto de tu género. Es decirle al ministerio público o al fiscal que empiece por analizar la escena del crimen para llegar a la conclusión de que fue motivado por odio.
Se tiene que investigar a partir de los datos, de los reclamos, de la estadística y como una medida que tomaron el legislador, el Estado en su conjunto, es una decisión que se construye a partir de los datos empíricos que existen a partir de las violencias contra las mujeres. Igual que se está construyendo la legislación en materia de violencia política contra las mujeres, no son las mismas violencias que se cometen contra una mujer cuando participa por un cargo, que las que se cometen contra un hombre en la misma situación.
LGL: ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL SISTEMA DE JUSTICIA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DE LAS MUJERES?
IGHB: Es una falta de concientización, de preparación y de voluntad de las personas que están al frente en muchos de los casos. Una compañera española y muy preparada, que pertenece a la sección de la Unión Europea con representación en temas de propiedad intelectual, me platicó que pudo destrabar el trámite de su divorcio y la custodia de sus hijos hasta que le cambiaron al juez por una jueza. Se debe actuar con esos protocolos porque no es lo mismo juzgar a una mujer campesina que a una empresaria, se debe considerar el contexto para poder determinar incluso cuando la mujer es la presunta en casos de homicidio.
No es solo que a una mujer se le imparta justicia, sino quién la está juzgando, no encasillarnos en el juez Hércules, el juez todo justo, todo objetivo, sino tomar en consideración las situaciones externas para poder juzgar. También es una cuestión de juzgar con perspectiva no solo de mujeres, sino de personas adultas mayores, de niños, niñas y adolescencias, de personas de comunidades indígenas o de pueblos originarios, mujeres violentadas, hay que juzgar dentro de todo este abanico, es decir, no es lo que se está juzgando, es quién te está juzgando.
LGL: EN EL CONTEXTO DE LA REFORMA JUDICIAL, ¿ESTÁN PREPARADOS LOS JUECES A NIVEL LOCAL PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA?
IGHB: Una de las ventajas de la reforma es la renovación que se va a llevar a cabo en el Poder Judicial en todos sus ámbitos, no solamente en el máximo tribunal, sino también desde el primer impartidor de justicia. En este caso se deben dejar las prácticas del pasado tan arraigadas que se resistían a utilizar este tipo de protocolos de manera obligatoria, si no está en la Constitución o en la ley, no es válido, no interesa si es una mujer, hombre, etc. Por ejemplo, cuando una mujer se defiende de un hombre que la violentó o la anciana de Ecatepec que asesinó a dos personas que la despojaron de su casa, es una persona adulta mayor, que tiene problemas de salud y si el caso no hubiera sido tan mediático, como lo fue, esta señora estaría llevando su proceso en libertad. Se tiene que revisar el contexto y para eso es necesario jueces y juezas que interpreten la ley de conformidad al caso concreto, y eso lo permite la Constitución, los criterios y las leyes.
“Una de las ventajas de la reforma es la renovación que se va a llevar a cabo en el Poder Judicial en todos sus ámbitos. En este caso se deben dejar las prácticas del pasado tan arraigadas que se resistían a utilizar este tipo de protocolos de manera obligatoria, si no está en la Constitución o en la ley, no es válido, no interesa si es una mujer, hombre, etc.”
LGL: ¿QUÉ PASA CON LAS PERSPECTIVAS PARA LAS PERSONAS VULNERABLES EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO DONDE INICIAN LOS PROCESOS DE JUSTICIA?
IGBH: No existe y era uno de los buenos argumentos que tenían los colectivos de juezas, jueces y personal del Poder Judicial con el que justificaban la reforma, decían que el tema jurisdiccional, sobre todo el penal, es la última ratio, el último lugar a donde se va a llegar y no se les puede pedir que resuelvan con ciertos criterios cuando antes se presentó una serie de violaciones, de falta de cuidado, de observación del contexto, que se traslada a los jueces y al final se les critica porque emitieron una medida, un amparo, una suspensión, etc. Se debe considerar lo que pasa en el ministerio público, en las instituciones, porque ahí nacen los actos, las primeras atenciones y se genera todo lo que va a invadir la esfera jurídica del particular.
También es un tema estatal, es una buena señal que el Instituto de las Mujeres pase a ser Secretaría de las Mujeres a nivel a nivel de gabinete, esperemos que todas estas acciones que se están llevando a cabo impacten positivamente en las nuevas generaciones, hoy día no lo tenemos y creo que en ese tópico ninguna reforma, mucho menos en materia judicial, va a cambiarlo.
LGL: ¿QUÉ CASOS EMBLEMÁTICOS Y ESTADÍSTICAS SOBRE EL TEMA PODRÍAS PLATICAR?
IGHB: En mi experiencia como Directora General donde me encargaba de los temas de amparos en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, uno de los casos que más me impactó está relacionado con la serie de Netflix, El portal: La historia oculta de Zona Divas, donde una persona manejaba un portal de internet a través del cual vendía servicios de scorts. Esta persona buscaba mujeres, sobre todo de nacionalidad colombiana, cuando llegaban a México les quitaban el pasaporte y les cobraban gastos de vuelo, estadía y promoción en el portal. Las sometían a trabajos de prostitución, trata de personas, y más tarde estas mujeres empezaron a aparecer muertas y en situaciones complicadas. La serie le pone rostro a las víctimas, familia e historias.
Las autoridades detienen al implicado, lo traen a la Ciudad de México e inicia su proceso. Las extorsiones, trata de personas, incluso la posible comisión de un feminicidio eran delitos precedentes al lavado de dinero. Obtenían ganancias a partir del trabajo ilícito y lo transformaban dentro del sistema financiero nacional, le daban una apariencia de licitud.
La UIF tiene una medida cautelar que es el bloqueo de cuentas y la inclusión a la lista de personas bloqueadas donde se bloquean las cuentas bancarias y denuncian ante la Fiscalía General de la República (FGR). Como consecuencia, la FGR inicia el procedimiento que conocemos hasta llegar a la judicialización y un juez penal dicta alguna sentencia. Hay un criterio de la Corte en el que se establece que la medida de inclusión a la lista de personas bloqueadas es inconstitucional porque la medida no respondió a un procedimiento específico, se meten en temas de seguridad jurídica. Entre amparos la medida se mantenía vigente sobreviviendo hasta que algunos ministros que ya no están emiten una jurisprudencia en la que se establece que la medida es inconstitucional porque no la solicita un ente internacional, es decir, aquí no hay soberanía, tiene que ser el FBI, la DEA o cualquier otra autoridad internacional la que tenga que solicitar el bloqueo. El lavado de dinero no necesariamente es internacional, puede haber lavado de dinero local, además los bloqueos son nacionales.
Siguiendo con el caso del portal Divas, se le bloquean las cuentas al sujeto con mucha labor de inteligencia, con un expediente sustentado y con un delito precedente como la trata, feminicidio probablemente cometido por él. Sus abogados promovieron un amparo de dos hojas y en 48 horas se le desbloquearon sus cuentas en donde se explicaba el criterio de la Corte y que si no había una orden extranjera, se tenían que desbloquear las cuentas. Mientras el sujeto estaba en la cárcel, había gente sacando dinero de sus empresas que provenía de conductas detestables y lamentables. Este es un caso que ameritaba que se cambiaran jueces, había incluso un tema de extemporaneidad. En dos días tuvimos que desbloquear las cuentas, en medio año lo sacamos de la lista de personas bloqueadas, el señor en la cárcel, pero todo el recurso circulando en el sistema financiero nacional. En estos casos creo que la reforma judicial es positiva porque un nuevo juez o jueza, elegidos por voto popular, puedan ver la situación de la forma en que otros no tuvieron la capacidad. El derecho es el mismo, cambiaron los operadores jurídicos.
LGL: ¿EN QUÉ PUEDE AFECTAR AL SISTEMA DE PROTECCIÓN LA REFORMA JUDICIAL?
IGHB: Partimos de la premisa que el derecho no cambió, las personas que van a integrar los órganos de impartición de justicia van a fijar criterios que van a ser obligatorios, el derecho no cambia, pero si la forma de aplicarlo en casos concretos.
Con especto a la estructura, el diseño de la reforma considero que hay varios puntos positivos, sin justificar el origen, pero como abogada litigante puedo decir que algo que me tiene aterrada es, sin demeritar a las personas que llegan, sobre todo a jueces y juezas de primera instancia, cuánto se van a tardar en realizar su trabajo, sobre todo por la gente que no ha estado dentro del Poder Judicial, que carece de experiencia. El hecho de saber cómo foliar, subir al sistema un expediente, lo que influye en el tiempo en el que se van a publicar autos que van a resolver situaciones específicas jurídicas. Creo que lo que va a pasar es que se van a retrasar los proceso. Hay que esperar los nuevos criterios, que deberían estar fundamentados en la Constitución y no tendrían por qué cambiar, ojalá cambien para bien, todos tenemos la esperanza de que eso suceda, tenemos una curva de aprendizaje.
“Algo que me tiene aterrada es cuánto se van a tardar los jueces y juezas de primera instancia en realizar su trabajo, sobre todo por la gente que no ha estado dentro del Poder Judicial, que carece de experiencia. Creo que lo que va a pasar es que se van a retrasar los procesos.”
LGL: ¿CUÁNTO TIEMPO VAN A TARDAR LAS INSTITUCIONES DE PRIMERA ATENCIÓN EN APRENDER LOS PROTOCOLOS?
IGHB: Los argumentos de la justificación de la reforma tienen que incluir a las autoridades de primer contacto, no podemos seguir con autoridades que permitan el dolor de un ser humano o de un animal, no podemos continuar con ese tipo de servidores públicos. Necesitamos un modelo profundo de profesionalización, tenemos el piso, las leyes, los protocolos, un trabajo de muchas y muchos profesionistas que se han dedicado a estudiar. Si nosotros solo lo publicamos en una liga y le decimos a la autoridad de algún pueblo de México que debe seguirlo y la autoridad no sabe cómo hacerlo, si no tenemos cuidado desde las instituciones de hacer las cosas que nos corresponden, si no informamos a la gente lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo se pueden acercar, nada va a cambiar. El problema es que en las comunidades o pueblos lejanos no tienen los mejores filtros, debería haber gente más preparada, que cumpla con el perfil del puesto que ocupan, siempre he dicho que el primer acto de corrupción es aceptar un trabajo para el que no estamos preparados. En caso de que este primer filtro no cumpla su objetivo, se debe profesionalizar al personal, enseñarle cómo interpretar los protocolos para poder otorgar justicia.
“Los argumentos de la justificación de la reforma tienen que incluir a las autoridades de primer contacto, no podemos seguir con autoridades que permitan el dolor de un ser humano o de un animal, no podemos continuar con ese tipo de servidores públicos. Necesitamos un modelo profundo de profesionalización, tenemos el piso, las leyes, los protocolos, un trabajo de muchas y muchos profesionistas que se han dedicado a estudiar.”
LGL: ¿QUÉ ESTRATEGIAS SE PUEDEN IMPLEMENTAR PARA ACORTAR LA CURVA DE APRENDIZAJE DE 5 AÑOS Y MINIMIZAR EL RETROCESO QUE REPRESENTA?
IGHB: Cambió la integración, no cambió la regla para impartir justicia, no cambió la Constitución, no cambió el derecho y no cambiamos los litigantes. Los operadores jurídicos no solamente son las y los jueces, sino también los litigantes, los abogados, las abogadas, los colegios, académicos y académicas somos quienes escriben el derecho y lo escribimos a través de nuestros casos, ellos lo patentan a través de sus sentencias, pero la carne de las sentencias son los argumentos y la teoría que surgen de este lado y nosotros no cambiamos, sino que seguimos. Desde el ámbito de la academia, del litigio debemos, presionar es lo único que tenemos, marchar con la cédula, defender nuestros argumentos con el texto.
Una sentencia tiene tres partes fundamentalmente: dos que están en litigio y quien está resolviendo, y reitero, dentro de esa triada todavía somos mayoría. Todavía tenemos mecanismos de impugnación, jurisprudencia, tenemos el derecho y yo soy una fiel convencida de que el derecho lo hacemos todos los operadores jurídicos, no solo quienes dictan las sentencias, pero hay que presionar para que nuestra experiencia no se pierda.
Semblanza: Itzi-Guari Hurtado Bañuelos esLicenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, Maestra en Derecho Constitucional por la UNAM, Doctoranda en Derecho Constitucional por la UNAM. Tiene Especialidad en Derecho Público Global en la Universidad de Castilla-La Mancha, y Diplomados y Cursos en materia Electoral, Fiscal y Financiera, Defensa de Derechos Fundamentales y Control de la Constitucionalidad. Tiene experiencia como litigante en materia de Protección de Derechos Fundamentales. Participó en el litigio de personas injustamente recluidas por motivos políticos en el 2012. Ha coordinado litigios estratégicos en promoción y defensa de derechos de personas en situación de desventaja. Ha colaborado en diversos equipos dentro de la administración pública federal y en el ámbito privado, en los que han destacado su profesionalismo y dinamismo para la solución de conflictos. Es Miembro fundador de la Red de Filosofía del Derecho para el Mundo Latino.
