Me parece que, después de la reforma judicial, las juventudes de abogadas y abogados nos enfrentamos a un gran dilema: ¿qué va a pasar con nuestro futuro profesional y con la forma en la que ejercemos la abogacía? Quienes salimos a marchar contra la reforma judicial nos resistimos a que los jueces fueran electos por voto popular. Y la razón es clara: la justicia no puede reducirse a una contienda electoral. Convertir a los jueces en candidatos significa abrir la puerta a que los poderes fácticos, el dinero y los partidos capturen un espacio que debería ser independiente, técnico y protector de derechos.
Aun así, el terreno cambió. Las reglas del juego ya no son las mismas y eso nos obliga a preguntarnos si vamos a quedarnos como espectadores o si vamos a usar nuestra profesión como una herramienta de participación política. Resultaron electos y electas algunos juzgadores de carrera judicial, sí. Pero también ganaron otros y otras sin experiencia, sin trayectoria, sin preparación técnica y, lo más grave, con señalamientos por vínculos con el crimen organizado, con denuncias de corrupción e incluso con antecedentes de violencia contra las mujeres. Frente a estos perfiles hay que alzar la voz, exigirles el estándar más alto en sus sentencias y ser mucho más vigilantes del proceso judicial.
Por eso mismo no podemos dejar de hacer litigio estratégico que defienda derechos. Porque el litigio no es solo una batalla legal: es también una forma de participación política, una forma de decirle al poder que no tiene carta blanca para vulnerar a la ciudadanía y nuestros derechos. Litigar es estar presentes en un terreno donde se decide el rumbo del país.
El dilema para nuestra generación está en decidir de qué lado queremos estar. Podemos seguir viendo el derecho como un espacio cerrado, técnico y distante, o podemos asumir que la abogacía tiene un papel vivo: acercar derechos, especializarlos y defenderlos en contextos de desigualdad. No se trata solo de casos aislados, sino de precedentes que pueden marcar el rumbo del país.
La reforma judicial puede verse como un retroceso o como una oportunidad para que las juventudes ocupemos el espacio que nos corresponde: no dejar el terreno libre, no resignarnos a que otros decidan cómo se interpretan y aplican los derechos. Nuestro reto es enorme, pero también lo es nuestra responsabilidad.
El litigio estratégico nos ha enseñado que los derechos no se conquistan una sola vez: se ganan, se defienden, se reinterpretan. Cuando obligamos a legislar sobre el derecho al cuidado, cuando frenamos la tala de espacios verdes o cuando denunciamos la corrupción, estamos haciendo política desde la abogacía. Y lo hacemos con un impacto real, que trasciende a los casos individuales.
Si todo es político, ejercer la abogacía en este momento es decidir qué país queremos construir para nosotros y nuestro futuro. Y esa decisión no la podemos tomar atrincherados en oficinas ni limitados a la teoría. Tenemos que salir al territorio, litigar para la comunidad, acompañar a quienes defienden sus derechos y convertir la abogacía en una herramienta viva, cercana y al servicio de la gente.
