Discurso pronunciado en el acto cívico matutino del paro nacional del PJF en la sede Acapulco del Vigésimo Primer Circuito.
Es un hecho inédito que por primera vez en la vida histórica de México, los integrantes del Poder Judicial Federal hayan decidido a partir del 19 de agosto de 2024, suspender sus labores de manera indefinida (salvo para los asuntos urgentes) en completo rechazo al contenido del llamado Plan “C”, consistente en la iniciativa de reforma constitucional en materia judicial presentada al Congreso el pasado 5 de febrero del presente año por quien por sus hechos durante todo su sexenio en razón al ejercicio del poder dictatorial “democrático” tiene todas las características de quien alguna vez se autoproclamo como Alteza Serenísima.
Dicha propuesta tiene como telón de fondo real instituir un sistema de elección popular directa o mediante insaculación de Ministros, Magistrados, Jueces de Distrito e integrantes tanto del Tribunal Electoral como del propuesto Tribunal de Disciplina, todos del Poder Judicial de la Federación como de las personas juzgadoras de los poderes judiciales locales de todo el país. Iniciativa que ya ha sido dictaminada y aprobada en lo general en comisiones en el mes y año que corre por los cavernícolas legisladores que integran la agonizante Sexagésima Quinta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
La propuesta de modificación constitucional es totalmente destructiva con carácter disruptivo en la arquitectura del Sistema de Justicia Mexicano, toda vez que se usa como argumento central la democratización del Poder Judicial Federal, es decir, que la justificación de su existencia y obediencia como poder del Estado debe ser la misma legitimidad que para el caso tienen los Poderes Ejecutivo y Legislativo, esto es, la alcanzada mediante la participación que sus integrantes realizan en el ejercicio democrático, el que los posibilita conseguir esos lugares por conducto de la elección directa reconocida y regulada conforme a lo establecido en la respectiva legislación electoral.
El método de designación popular o de elección de juzgadores que se propone carece de completa idoneidad y viabilidad, en principio porque dejamos de tener desde 1941 un sistema de juicios por jurado popular formado por “jueces de hecho” y, además, por estar contaminada la legitimación de los juzgadores por una condición política y no jurídica, al implicar la eliminación del actual sistema de reclutamiento judicial federal mediante concursos de oposición en base a las reglas de la carrera judicial por mérito del participante.
Si bien es cierto que por la naturaleza propia de sus funciones es necesario y justificable que tanto el Ejecutivo como el Legislativo compartan una misma legitimidad de origen, en el caso del Judicial no puede argumentarse esa misma legitimidad, toda vez que la legitimidad de los juzgadores parte esencialmente del principio de la “excelencia judicial” o “perfección profesional” al momento de aplicar la Constitución y la ley al emitir sus sentencias, aunado a que su actividad alcanza una cierta legitimidad democrática en la serie de razones y argumentos que expresa en sus sentencias, esto es, que el juez está obligado a motivar y justificar sus decisiones, a explicar las razones y argumentos jurídicamente válidos que le sirvieron en aquellos asuntos en los que eventualmente llegue afectar los bienes más preciados de los justiciables.
Al ser extraordinaria la importancia del juez por ser el encargado de adoptar la decisión definitiva respecto a los derechos más preciados de los súbditos de la justicia, tales como la vida, la dignidad, la libertad, la salud, la igualdad y la propiedad, entre otros, debe llevar a cabo una compleja actividad intelectual que lo compromete por entero poniendo en juego su capacidad profesional, toda vez que al no ser siempre tan simples las conductas humanas que ha de juzgar debe conocer el Derecho cuya comprensión llega a ser compleja. De ahí que resulta de gran importancia el que dentro del perfil que deba exigirse para el reclutamiento de los jueces, se encuentre aparejada su integridad tanto en el ejercicio de su profesión como en las cuestiones jurisdiccionales, pues faltaría a la primera si acepta ocupar un cargo de gran responsabilidad a sabiendas de que no cuenta con la preparación necesaria en la ciencia del Derecho y la judicatura.
Es imposible no pensar que los sistemas de lealtades como el que se propone en la iniciativa de reforma, esto es, mediante designación popular imponga a los juzgadores designados cierta obediencia para con el poder político desígnate. Una de las mayores desventajas es que los jueces provenientes de dicho sistema son altamente incapaces de enfrentarse al mismo, pues una oposición con el Ejecutivo puede frustrar su ascenso, lo que trae como resultado una amputación a su carrera judicial; además, de que se sentirían legítimamente incorporados en mayor medida al Ejecutivo y proporcionalmente al Legislativo, y no estarían para nada capacitados en la complicada labor de impartir justicia.
El Tribunal de Disciplina Judicial que se propone me hace recordar tanto al siniestro Tribunal del Santo Oficio que tanto daño y horror causo, como al demoniaco Supremo Poder Conservador de 1836, cuyos integrantes también eran elegidos mediante sorteo.
Somos coincidentes en que es indispensable una reforma judicial pero tiene que ser amplia, integral, profunda con un cambio inteligente, y no la cosmética que se está proponiendo que se encuentra sumergida en un enorme populismo que tiene por finalidad el aniquilamiento de la independencia e imparcialidad judicial, toda vez que ni siquiera se termina de consolidar y aprender bien el nuevo proceso penal acusatorio, los procesos mercantiles orales y el nuevo proceso laboral en los que recién se comenzó a capacitar al personal para abrir los primeros órganos jurisdiccionales y apenas se está iniciando con la capacitación para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, cuya vigencia y aplicación comenzará de manera gradual en todo el país, previa solicitud del Poder Judicial de la Federación que no podrá exceder en hacerlo hasta el 1o. de abril de 2027 y que apenas el pasado 4 de junio ya sufrió su primera reforma a dos de sus artículos.
Señor presiente de la República, “Seductor de la Patria”, su infinita arrogancia, capricho, venganza e insensatez lo ciega al no querer darse cuenta que la independencia e imparcialidad de la función judicial son el pilar de un buen gobierno y piedra angular en el edificio de todo Estado democrático constitucional de derecho. Olvida usted que en su discurso del 8 de agosto de 2018, en la sesión de entrega de constancia como Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos pronunciado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aseguró que, en su carácter de titular del Ejecutivo Federal, actuaría con rectitud y respeto a las potestades de la soberanía de los otros dos poderes legalmente constituidos e indicó puntualmente: “Ofrezco a ustedes, señoras y señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen.” Y más adelante agregó: “En el nuevo gobierno (…). Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes, y habrá respeto absoluto por sus veredictos.”
También no recuerda usted que en su discurso de 01 de diciembre de 2018, pronunciado en el Zócalo de la Ciudad de México reiteró lo anterior en su compromiso número 92 en el que reafirmo: “Mantendremos relaciones respetuosas con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo dejará de ser el poder de los poderes.”
Cuánta sabiduría tenía Nicolás Maquiavelo al aseverar que: “Nunca faltarán razones a un príncipe para no cumplir su palabra o sus ofrecimientos.” Señor Obrador, el que usted mienta constantemente todos los días como ametralladora desde la primera tribuna del país, no tiene como objetivo hacer que la gente crea en sus mentiras, sino más bien garantiza que ya nadie crea en nada. Un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira no puede distinguir entre el bien y el mal. Y un pueblo así, privado del poder de pensar y juzgar, está, sin saberlo ni quererlo, completamente sometido al imperio de la mentira. Con gente así, puede usted hacer lo que quiera.
Es propio de todo populista como usted, mantener pobre al pobre, pero con la esperanza que algún día estará mejor haciéndole promesas que nunca se cumplirán. Un pueblo así, siempre le será fiel, así engaña al pueblo, lo maneja y él estará para usted y sus esbirros a la hora que se le antoje.
Jueces por tómbola, jueces recién salidos de la universidad, jueces por voto popular, jueces con cartas de recomendación de sus vecinos, jueces con ocho de promedio ¡YA BASTA DE TANTAS ESTUPIDECES! Señor rey del Cash, me da usted pena ajena con su verborrea de hacer creer al pueblo bueno que este movimiento social pacífico se trata de defender nuestros sueldos o supuestos privilegios, entienda que la justicia se puede reformar pero no decapitar, de ahí que esta suspensión indefinida de labores tiene por objeto tratar de salvar a la patria ya que ésta, al decir de Guerrero, es primero por ser usted y su discípula electa un peligro para México. No olvidemos amado pueblo que hace tres mil años la justicia popular crucificó a Cristo y liberó a Barrabás, no cometamos el mismo error con la justicia clavándole una puñalada en el corazón de su independencia.
