La iniciativa de reforma constitucional para el poder judicial propuesta por el ejecutivo federal es incompleta y parcial y no soluciona los problemas de acceso a la justicia, sino que los empeora, declaró el presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD), Dr. Elías Huerta Psihas, el pasado miércoles 7 de agosto en el “Foro Nacional. Justicia Pronta y Expedita” organizado por la ANDD en coordinación con el Foro de Constitucionalistas y de los colectivos Todas México, Mujer es Más y Red Nacional de Refugios.

En su intervención, Huerta Psihas enfatizó que nadie se opone a la reforma judicial, sin embargo, “pedimos un cambio más profundo y congruente, una reforma integral a todo el sistema de justicia, que incluya al ministerio público y sus fiscalías, para asegurar su autonomía y fortalecer sus funciones, que mejore a las policías, la seguridad pública, la justicia cotidiana y restaurativa, la atención a víctimas y reparación del daño y el sistema penitenciario, principalmente”
En la mesa denominada “Poder Judicial” participó la Magistrada Emilia Molina Puente, presidenta de la Asociación de Juzgadoras, quien recordó que a partir de la reforma de 1994 se ha avanzado en el reforzamiento del poder judicial como contrapeso en un estado democrático de derecho y esta iniciativa presenta graves consecuencias como la eliminación de la independencia judicial. Destacó que con la inminente elección de jueces se desperdiciarán 7 .000 juzgadores con experiencia, “nuestro trabajo no puede estar sujeto a que las personas que tengan mayorías electorales o que tengan un plan político decida en que está bien o que está mal”, destacó.
Por su parte, la Jueza Juana Fuentes, directora de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación (JUFED), resaltó la importancia de la carrera judicial como pilar de la independencia judicial, “tenemos una gran área de oportunidad para que personas con maestrías, con doctorados, seamos los que desempeñamos esta gran labor de juzgar, que desgraciadamente se ha denostado tanto en los últimos seis años, considerando que cualquiera puede juzgar, cuando créanme que está precedido en el ámbito federal de una carrera judicial”, dijo.

Para el Dr. César Astudillo Reyes “estamos en la antesala de cometer un error histórico” del que nos costará años salir pues no solo, en este escenario, se tendrán juzgadores más politizados, sino que van a ejercer la función con un déficit de garantías de independencia, también está ausente el mejoramiento efectivo de la justicia y señaló que la perspectiva es que para 2026, entre el ámbito federal y local, vamos a llegar anualmente a 4 millones de asuntos que van a resolver 5 .025 magistrados y jueces locales y 1 .670 federales, ese es el déficit, recalcó.
En la misma mesa de debate, el Dr. Froylan Muñoz Alvarado, ex director de la JUFED, explicó que ante la inminente aprobación de la reforma se tienen tres medios de defensa: “No tenemos instancia en sede nacional, pero sí internacional. La segunda, tenemos una alternativa que se llama paro nacional. Y una tercera que sería también la resistencia”.


En el encuentro participaron más de 30 ponentes miembros de la ANDD, académicos, investigadores, juristas, litigantes y juzgadores entre ellos Patricia Olamendi Torres, Román Lazcano Fernández, Rafael Estrada Michel, Ricardo Amezcua Galán, Julieta Lujambio Fuentes, Eduardo Osorio Rosado, Ruth Villanueva Castillejas, Armando Hernández Cruz, Ricardo Franco Guzmán, Odilisa Gutiérrez Mendoza, Zulema Mosri Gutiérrez y Sergio Valls Esponda, con el objetivo de sumarse al ejercicio plural y democrático de generar, desde la sociedad civil, análisis y propuestas para mejorar el sistema de justicia. Los organizadores entregarán las conclusiones y propuestas a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y a los presidentes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.