En Colombia, tal vez desde el mismo inicio de su vida republicana, la hechura de la paz ha sido – es, y seguirá siendo, – el principal anhelo y reto de todos los ciudadanos. No en vano la esquiva paz se constitucionalizo y se convirtió en derecho fundamental. Luego de más de 50 años de conflicto interno armado, se hizo la paz. ¿Se alcanzó el anhelo y reto? La respuesta, tras unos largos puntos suspensivos, sería, en principio, afirmativa. Mas, ¿bastaba con hacer la paz? Aquí, no es necesaria la espera. Un categórico no, es la respuesta. El anhelo de los colombianos, para el disfrute del derecho a la paz, incluye la consecuente construcción de la paz, medio nunca fin en sí mismo, para la transición hacia un estadio de convivencia pacífica. A diez años de haber firmado la paz, luego de una larga negociación y un fallido plebiscito, la violencia no cesa; por el contrario, los atentados, y homicidios contra lideres sociales y excombatientes desmovilizados marcan este “nuevo” ciclo de violencia en el país. ¿Qué ha pasado con su construcción? ¿Cuál es el estado de la implementación de los acuerdos? Este escrito, de alcance reflexivo, aproxima la respuesta a los interrogantes anteriores, al tiempo que formula otros que quedaran, por lo pronto, sin respuesta.
La hechura de la paz, condición necesaria…
… pero no suficiente. Si, en el largo camino hacia la búsqueda de la paz estable y duradera, el primer paso, nunca el último, consistió en reconocer que ninguna de las partes resulto ganadora, como tampoco perdedora. La vía de las armas para resolver el conflicto, antes que el imperio de la soberanía del Estado o el alcance del poder político por parte de las FARC no fue más que un ciclo de violencia, de afectaciones económicas, sociales, culturales; de reclutamiento y utilización para la guerra de niños, niñas y adolescentes, de desplazamiento y muerte, incluida la de aquellos que se declararon territorios neutrales y de paz en medio del conflicto interno armado[1], en todo el territorio nacional. Pues mientras las partes en conflicto adelantaban los enfrentamientos armados en zonas rurales, la población que habitaba estas áreas, vivía en permanente peligro, los que permanecen en estas zonas aún lo están, y expuestas a violaciones del DIH como: homicidios y/o ataques a personas protegidas por el DIH; desapariciones forzadas; violencia sexual; toma de rehenes; reclutamiento forzado; malos tratos físicos y/o psicológicos; y desplazamiento forzado (CICR, 2010)[2]. La paz, como derecho fundamental, sigue siendo un anhelo.
Pero ¿quiénes fueron las víctimas? ¿Quiénes los victimarios? ¿Dónde? ¿Cuándo? A pesar de los esfuerzos que, desde las organizaciones de la sociedad civil principalmente, y del Estado, muchos de estos interrogantes aún siguen sin responderse. Observar los hechos, describirlos, interpretarlos, explicarlos, así como reconocer los impactos y las dimensiones de la guerra en Colombia (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018, p.8)[3] para evitar su repetición, se convierte en tarea de todos. Sánchez, (2010, p. 46)[4] al respecto, señala que “Contar, narrar, significa también valorar, visibilizar, denunciar y evaluar”, cursiva fuera de texto. ¿Más guerra? No, solo quedaba, entonces, el camino del diálogo y la concertación, como medio de gestión, regulación y transformación de uno de los enfrentamientos internos armados más largo de la historia: el colombiano. Así, a finales de 2016, luego de tensas negociaciones en territorios neutrales, un referendo perdido, una polarización social entre uribistas y no uribistas, el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, a nombre del Estado, y la guerrilla de las FARC firmaron un histórico acuerdo de paz[5]. Hoy, diez años después, el ciclo de violencia en Colombia no ha terminado, por el contrario, se recrudece, escala y se degrada. El país continúa enfrentando ataques contra civiles, el asesinato de líderes locales y excombatientes desmovilizados. Sumado a esto, las marchas, movilizaciones, bloqueos, cacerolazos como expresión de protesta e inconformidad social y ciudadana, caracterizan la protesta social, muchas veces estigmatizada, criminalizada, e invisibilizada. Haciendo más incierto, complejo y difícil el camino hacia la construcción de la paz.
La construcción de la paz, ¿condición necesaria para el ejercicio del derecho a la paz?
Antes de responder este otro interrogante, y en este punto de la reflexión, queremos, con Grasa (2017), y respecto de la construcción de paz, recordar que:
“Tras la firma del Acuerdo Final en La Habana, una idea debe encabezar todo análisis: los colombianos se encuentran hoy frente a un acontecimiento histórico: el fin de las hostilidades, la ventana de oportunidad que, como paz negativa en sentido galtunguiano (ausencia de violencia directa política), permitirá centrarse en los otros retos del país, en la paz positiva (niveles bajos de violencia de las estructuras y de violencia simbólica)” (p.8)
Y, lo hacemos con el propósito de ver que sucedió con esa “ventana de oportunidad” que supuso el paso del enfrentamiento armado al del cese de hostilidades y enfrentamientos, luego de la firma del Acuerdo de Paz. Preguntarnos, ahora, por los éxitos y fracasos, las limitaciones -sociales, económicas, políticas, e incluso culturales e ideológicas- fruto de múltiples causas que enmarcaron el paso de la paz negativa a la paz positiva. Subjetivamente, las primeras respuestas nos hacen pensar, luego de cinco años, que estamos tan lejos, como tan cerca lo estuvimos cuando se firmaron los acuerdos, de alcanzar la paz estable y duradera. Los actores público-estatales, los públicos no estatales, incluidos los desmovilizados miembros de las FARC-EP, e incluso buena parte de los ciudadanos comunes y corrientes, en una suerte de esquizofrenia social, con sus actitudes y comportamientos, más que contribuir en la construcción de la paz han obstaculizado su avance[6].
Muy a pesar del blindaje constitucional que se le dio al Acuerdo de Paz; a que la ‘paz’ es un derecho fundamental de todos los colombianos; y, a la implementación de los acuerdos orientados a la transformación social de aquellos territorios más afectados por el conflicto y la violencia en el país. Los logros, no obstante, son escasos e insuficientes frente al reto de construir la paz[7]. Se firmó un Acuerdo de Paz, pero no se observa una transición política entendida como una superación de los problemas estructurales que están en la base de la explicación del conflicto y la violencia en Colombia. Asuntos como la recuperación del campo a través de una profunda reforma rural integrada; La justicia especial para la paz, o la participación política de las víctimas son reflejo de los avances y los retrocesos en este largo camino hacia la paz. La hechura de la paz y su construcción, medio para hablar de la paz positiva, siguen siendo, entonces, condición necesaria pero no suficiente para llenar el anhelo de los colombianos.
Más que conclusión un cierre…
Sea lo primero, reconocer que existe entre la firma del Acuerdo de Paz y la Paz positiva, el largo proceso de construcción de paz. En segundo lugar, que este proceso es tan, o más, complejo y difícil que el que se dio durante la fase de diálogo. Por lo que requiere del compromiso de todos los actores -estatales y de la sociedad civil- e instituciones públicas y privadas. El ambicioso contenido del acuerdo debe acompañarse, entonces, de la voluntad de unos y otros; asimismo, del compromiso por parte de estos para contribuir, acompañar y apoyar el proceso de implementación; acompañando y apoyando las iniciativas de política, los planes y programas que representan a todos colombianos comprometidos con el alcance del anhelo de la paz estable y duradera. Es decir, que la reflexión y análisis de los problemas estructurales han de ser abordados tanto desde la academia como desde la política y lo social. Finalmente, entender que la implementación de un acuerdo de paz es más larga de lo previsto al abarcar periodos de hasta 10 años. Por lo que probablemente, algunos de sus puntos, deberán ser reinterpretados y renegociados por las partes, y con la participación de todos los ciudadanos. Esto dadas no solo las diferencias en la interpretación de los acuerdos sino la misma evolución y transformación del conflicto emergente. O ¿conflictos?
Bibliografía
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2018) Cifras: los registros estadísticos del conflicto armado colombiano, Bogotá: CNMH
- Grasa, Rafael (2017) La terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Analecta Política, 7-17.
- Kroc Institute for International Peace Studies (2026) Noveno año de implementación: tendencias y claves para la transición política. Disponible en: https://curate.nd.edu/articles/report/Noveno_a_o_de_implementaci_n_tendencias_y_claves_para_la_transici_n_pol_tica/31753045?file=64708323
- Sánchez, Camilo (2010) Las cifras de la guerra y la guerra de las cifras: la política de las estadísticas del conflicto armado colombiano. Departamento de Ciencia Política, Documentos Ceso N° 178. Bogotá: Ediciones Uniandes
- https://www.ideaspaz.org/publications/posts/970
- https://www.icrc.org/sites/default/files/media_file/2025-04/Humanitarian%20Report.pdf
[1] Entre 1958 y 2020 la guerra en Colombia ha dejado 357.108 hechos violentos con un saldo de 265.505 víctimas fatales, 4.513 desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016. Así lo indican las más recientes cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Ver: http://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/
[2] https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/report/colombia-report-intro-220410.htm; recuperado: 10-09-2021
[3] Centro Nacional de Memoria Histórica (2018) Cifras: los registros estadísticos del conflicto armado colombiano, Bogotá: CNMH
[4] Sánchez, Camilo (2010) Las cifras de la guerra y la guerra de las cifras: la política de las estadísticas del conflicto armado colombiano. Departamento de Ciencia Política, Documentos Ceso N.° 178. Bogotá: Ediciones Uniandes.
[5] En realidad fueron dos: uno, el 24 de agosto de 2016, en La Habana; y, luego otro, el 24 de noviembre de 2016, que incluía modificaciones al primero, en el Teatro Colón de Bogotá. Uno y otro, en lo que se ha dado a conocer como el acuerdo final, fueron suscritos por Juan Manuel Santo y Rodrigo Londoño Echeverri, más conocido como Timochenko
[6] Baste recordar las palabras que, en agosto de 2018 durante el acto de posesión de Iván Duque, pronunciara el entonces presidente del Congreso Ernesto Macías: “…en Colombia no ha existido una guerra civil ni un conflicto armado, sino una amenaza terrorista contra el Estado, por tal razón, es urgente tramitar las modificaciones necesarias”. Se refería al Acuerdo de paz firmado en 2016, en representación del Estado colombiano. Asimismo, las declaraciones, del recién posesionado presidente Duque, quien matizando la conocida expresión “hacer trizas” el acuerdo de Santos, señalo la necesidad de hacer modificaciones al mismo. La arrogancia del poder cumplió su cometido.
[7] En el Informe sobre el seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz elaborado por El Instituto Kroc, se constata que tan solo 28% de las medidas previstas por el Acuerdo han sido implementadas de forma completa. Información detallada se puede encontrar en: información ver: Kroc Institute for International Peace Studies (2018) Quinto informe: estado de la implementación a cuatro años de la firma. Disponible en: https://peaceaccords.nd.edu/barometer/colombia-reports?lang=es
