No podríamos imaginarnos la vida pública y política actual de México, sin la libertad de expresión, es en este derecho todos nos tutelamos para “decir lo que queramos”, incluso el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez ha dicho que para la libertad de expresión “no hay ningún pero”, salvo los que se impongan en los códigos penales, sin embargo, este toca muchas fibras indispensables para la gobernanza de un país.
En una democracia plural e incluyente, se espera que haya un sin fin de opiniones e interpretaciones sobre ciertos fenómenos, incluso desde el antagonismo y del blanco y el negro, más aún cuando todos tenemos una opinión a un click de distancia. Aun así, considero que estas tienen que estar enmarcadas desde las exigencias actuales sobre las necesidades de las minorías desplazadas, no se trata de lo que es o no “políticamente correcto” sino del respeto de sus derechos. Aun así este derecho es más elevado, siendo el escudo de un eslabón imprescindible para una vida en sociedad informada, el periodismo libre.
En México, este derecho se encuentra en el artículo 6 de la Constitución Federal y por su parte la Declaración Universal de Derechos Humanos lo recoge en el artículo 19, y cobra sentido cuando se conjuga tanto el escenario jurídico, los mecanismos para hacerlo efectivo y el compromiso del Estado para protegerlo. En este sentido, la prensa es un vaso comunicante de la información y posible catalizador del activismo y el cambio, sin embargo, en México es sumamente peligroso ejercer la profesión de periodista.
De acuerdo a la organización Article 19, en el informe “Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México a partir de la pandemia por COVID-19”[1] durante el 2020 al menos 6 periodistas y 24 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en el país y en la mayoría de los casos no han sido resueltos o ni siquiera se inició una investigación.
Los crímenes cometidos contra periodistas tienen que ser atendidos diligentemente por la Fiscalía General de la República y las Fiscalías locales en donde las investigaciones que se inicien cuando la víctima sea un periodista se tienen que hacer a través de un plan estratégico en donde se identifique el móvil, es decir, su profesión tiene que ser el eje central de la investigación para encontrar al responsable. Aunado a esto, al ser un gremio que, por su rol está en un foco rojo de peligro, se tiene que garantizar su seguridad por medio del “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas” e identificar patrones de violencia contra periodistas que ayuden a eficientar políticas públicas de prevención.
Recientemente, el presidente López Obrador, hizo una serie de comentarios en contra de la organización Article 19, la cual ha dedicado su labor a promover y defender la libertad de expresión. La tarea del gobierno es tutelar y vigilar que se respeten y garanticen los derechos de los gobernados, no atacarlos.
Los esfuerzos se tienen que concentrar en dar celeridad y voluntad a que los crímenes contra periodistas sean resueltos y se encuentren a los responsables, más aún cuando en México, el periodismo ha sido pieza clave para destapar y dar seguimiento a los grandes casos de corrupción cometidos en el gobierno federal, por ello proteger a la prensa libre y su libertad de expresión tiene que ser de especial interés en la agenda pública.
[Te puede interesar: Ni Quintana Roo ni México son un paraíso]
[1] “Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México a partir de la pandemia por COVID-19”, Article 19,https://articulo19.org/wp-content/uploads/2021/02/Situacion-de-la-defensa-de-DDHH-y-LEX-en-MEX_Digital.pdf
