En un hecho inédito, el pasado domingo 22 de octubre en diferentes ciudades de la República miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y simpatizantes tomaron, de manera histórica, las calles para defender no solo a la institución, sino también su trabajo como funcionarios y empleados de uno de los mayores contrapesos que no ha logrado doblegar el titular del Poder Ejecutivo Federal en sus conductas autoritarias e ilegales, quien con el apoyo de los legisladores federales de Morena y sus aliados del PVEM y PT, han tratado, una y otra vez, de debilitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con el falso argumento de los privilegios de los ministros, magistrados y jueces, la corrupción y la supuesta renuencia a la transformación del país.
Después de que el legislativo aprobara la extinción de 13 fideicomisos del PJF para que poco más de 15 mil millones de pesos pasen a las arcas del gobierno, es difícil no ver esta acción como una muestra del poder del sistema gubernamental para debilitar la función constitucional y jurisdiccional del Máximo Tribunal y afectar a los 55 mil trabajadores del PJF, que ahora alzan la voz para proteger sus derechos laborales y defender a los órganos que garantizan y protegen los derechos humanos de todos los mexicanos.
Es evidente que esta maniobra y el inminente recorte al presupuesto forman parte de una estrategia que le permitirá a la 4T presionar al Poder Judicial y continuar deslegitimando sus funciones y el golpe vendrá cuando le toque a la misma SCJN resolver el tema, lo que dará leña al gobierno para poder redondear su discurso contra el Poder Judicial y la oposición rumbo a las elecciones del 2024, en el que señalará que la cúpula es la que obstaculiza la justicia y se aferra a los privilegios, con el objetivo de garantizar el voto a favor de Morena. Tan echada a andar está la maquinaria que Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia, y los operadores políticos en ambas Cámaras replican el discurso de López Obrador.
Ciertamente, el acoso a los integrantes del PJF, sobre todo a las y los ministros, nada tiene que ver con la austeridad, ni la transformación de un poder que al reafirmar su autonomía se ha convertido en un obstáculo para la 4T tirando reformas claramente anticonstitucionales. Hay que recordar que, si gana Sheinbaum tendrá la oportunidad de nombrar a un ministro lo que le daría al oficialismo 4 lugares en el Máximo Tribunal y con ello el control fáctico de este órgano que tiene como uno de sus objetivos ser contrapeso a los otros poderes cuando estos pretenden vulnerar la Constitución
Por su parte, en la semana que se preveía la discusión en el Senado de la República, la ministra presidenta Norma Piña Hernández mostró su respaldo a los trabajadores que tomaron las calles y aceptó dialogar con los coordinadores parlamentarios en el Senado con el fin de abordar el tema de la desaparición de los fideicomisos y temas presupuestales. La ministra reiteró que “El Poder Judicial Federal no es oposición política, no es adversario. El Poder Judicial defiende la Constitución e imparte justicia. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es un derecho humano de todas las personas”, en ese momento aceptó acudir al Senado para dialogar sobre la iniciativa, sin embargo, el presidente de la Cámara Alta negó que existiera una invitación por lo que, al no haber condiciones para un diálogo institucional, la Ministra canceló su asistencia.
Durante el debate en el Senado, la ministra en retiro y senadora por Morena, Olga Sánchez Cordero, se pronunció a favor de los trabajadores del PJF: “Que dos Poderes de la Unión se coaliguen para intervenir directamente en la administración interna de un tercer poder no es un ejercicio republicano”, señaló. Se espera que la oposición presente una Acción de Inconstitucionalidad, así como una lluvia de amparos. Si bien es preciso que el PJF sea autocrítico, definitivamente, la vía que ha elegido el Ejecutivo vulnera la división de Poderes y la independencia judicial y cuestiona la autonomía judicial, demeritando la labor constitucional de ministros, magistrados y jueces y afectando la democracia, además de que deja en un lugar vulnerable a los justiciables, así como a los funcionarios públicos que forman parte de la institución, quienes ahora han demostrado estar de pie.
