Este 1º de septiembre se instaló la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación surgida de la Reforma Judicial impulsada por AMLO, rindiendo protesta los nuevos ministros y ministras electos popularmente, en un proceso electoral polémico, marcado por la popularmente llamada “elección de los acordeones”, en el que se cuestiona la independencia judicial y la división de poderes, particularmente luego de las últimas resoluciones judiciales en materia electoral, que sin dudad enmarcan el arranque del nuevo poder judicial mexicano.
La sucesión en el órgano cúpula de la justicia marca un antes y un después; un cambio de eras, como lo han llamado la ministra (ahora en retiro) Norma Piña, quién se despidió siendo quizá, la ministra presidenta más perseguida y cuestionada, no solo por el Ejecutivo del sexenio pasado, también por el actual; cuestionamiento al que se suman tres de sus pares, las ministras que continúan en el cargo. Su gestión estuvo marcada, hasta el último momento, por la descalificación del oficialismo.
La reforma judicial de 2024 se considera la más profundas desde la creación de la SCJN y la más radical desde la reforma de 1994, cuando se instauró como tribunal constitucional. Finalmente se ha concretado la reforma judicial cuyo pináculo es la elección de personas juzgadoras, de forma más relevante, la elección de ministras y ministros.
Las promesas son muchas, tanto como las expectativas y los desafíos. Con seguridad el escrutinio nacional e internacional se hará notar y, posiblemente, será vital para analizar y exigir los cambios necesarios en los procesos legislativos para garantizar que el Poder Judicial de la Federación se mantenga como un contrapeso, autónomo e independiente al poder político. Por supuesto que se espera que el sistema de justicia sirva a todos por encima de los intereses de pocos, ya que esa es la premisa más fuerte con la que inicio este proceso que hoy es una realidad.
De interés social será el real diagnóstico sobre el éxito o fracaso, de lo que se ha vendido como la panacea para generar una necesaria transformación en la impartición de justicia en el país. Ahora vivimos la plena etapa de su implementación. Este artículo pretende retratar la última fase de la transición de la Corte saliente a la entrante, así como los ejes de trabajo del ahora Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz.
El fin de una era
“Hoy concluye una etapa, no la misión” dijo en su último discurso al frente de la SCJN la ministra en retiro y primera presidenta Norma Piña Hernández. Durante la presentación del informe de gestión 2023-2025 sostuvo que la sensibilidad y compromiso social para escuchar comprender contextos, remover barreras de acceso y reparar vulneraciones no es incompatible con la exigencia técnica, ni con lo que mandata la Constitución. Señalo que sólo la excelencia jurídica, la argumentación sólida, la motivación exhaustiva y la coherencia doctrinal generan la certeza jurídica.
En su última sesión extraordinaria, el anterior Pleno de la Corte declaró firme la validez de la elección de Magistradas y Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) e invalidó una disposición de la Constitución Política del Estado de Yucatán, relacionada con la reforma al Poder Judicial local, porque vulneraba el contenido de la Constitución Política Federal al permitir al legislador local crear nuevos tribunales en leyes secundarias.
En ese momento la ministra apuntó que se ha recorrido un largo camino para construir la legitimidad del Alto Tribunal. Quizá los ataques un día sí y otro también, a veces sin fundamentos y confundiendo información a propósito, sea un instrumento basto para decir que Norma Piña ha sido la presidenta del PJF más atacada. Tanto ella como la mayoría de sus colegas fueron firmes. “Pese a calumnias, nos retiramos con dignidad intacta”, dijo el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Se capitalizaron los errores históricos del poder judicial para construir una narrativa para deslegitimar al poder judicial y la que en ese momento era su representante. Al interior y al exterior se criticó el poco tacto de Piña para negociar o dialogar con el ex presidente AMLO, lo que le cerró las puertas del Palacio Nacional, aun cuando la presidenta Sheinbaum pudo matizar la relación a lo puramente institucional, lo que no sucedió.
Sin embargo, su respuesta llegó al final: “No respondimos con estridencias; respondimos con sentencias. No apelamos nunca a la confrontación; apelamos a la razón, al diálogo y al Derecho… conscientes de que la independencia judicial no se ostenta, se ejerce y la narrativa en contra es objeto de prueba”, expresó como parte de su mensaje final la ahora ministra en retiro.
Informe final: transparencia y disciplina presupuestaria
Por su parte, Ministra Loretta Ortiz Ahlf informó que la Primera Sala, en los últimos ocho meses como su presidenta, resolvió un total de 931 asuntos. suman 283 asuntos resueltos por dictamen, egreso y archivo definitivo, dictámenes a Pleno y asuntos enviados a Segunda Sala, dando un total de 1, 214 asuntos egresados.
Precisó que, en el mismo periodo, la Primera Sala publicó 1,187 sentencias, 307 tesis, 252 jurisprudencias y 55 aisladas, consolidando una línea jurisprudencial robusta y en constante evolución
Señaló que instauró un boletín mensual para difundir los fallos más relevantes discutidos y aprobados en cada sesión.
Destacó que Cada resolución buscó devolverle un rostro humano al derecho: juzgar con perspectiva de género, de infancia, de interculturalidad y de orientación sexual, no como una opción, sino como un deber constitucional”
Respecto a la Segunda Sala, Javier Laynez Potisek, quien la presidió por ocho meses también, informó que tuvieron un total de 767 asuntos para resolver, se resolvieron 720, es decir, el 93.87% de los asuntos se resolvieron oportunamente.
Informó que, en el mismo periodo que se reporta, se emitieron 61 tesis de jurisprudencia y 6 tesis aisladas, que contribuyen a la consolidación de criterios en la interpretación constitucional y en la protección de derechos humanos.
Además, se destacó que desde 2019 la Sala enfocó sus esfuerzos para regular el dictado de sentencias en formatos sencillos y accesibles con lo que, por primera vez en La Corte, se logró la emisión una sentencia no sólo en formato sencillo en español, sino también traducida a una lengua originaria. Además, se ajustaron trámites creando formatos de audio para personas con discapacidad visual con el objetivo de alcanzar la justicia a todas las personas.
La administración de la SCJN se basó en una política de transparencia proactiva, impulsando herramientas tecnológicas que fueron reconocidas a nivel nacional. La Corte cumplió con todas sus obligaciones, incluyendo la publicación trimestral de los ingresos y egresos de todos los fideicomisos que estuvieron vigentes. Se logró garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos tal como lo confirmó la Auditoría Superior de la Federación.
En el ámbito de la lucha contra la corrupción, se mejoraron los sistemas de seguimiento patrimonial, auditorías y mecanismos de denuncia. Se dio seguimiento a 411 expedientes de responsabilidad administrativa y se impusieron 36 sanciones firmes, demostrando la aplicación del marco legal vigente.
El compromiso de la SCJN con la igualdad de género se tradujo en acciones como: la creación de proyectos piloto de flexibilidad laboral para fomentar la corresponsabilidad en los cuidados y la autorización del Modelo de Trabajo a Distancia.
Se fortalecimiento el andamiaje institucional en contra de la violencia de género permitió visibilizar con mayor precisión conductas anteriormente normalizadas o no denunciadas, así como crear entornos que generaran la confianza para que las personas reportaran este tipo de conductas
Se establecieron herramientas de evaluación del desempeño para el personal administrativo, utilizando esta herramienta para otorgar el 75% de los ascensos de rango basados en el mérito.
La Corte fortaleció sus servicios de tecnologías de la información, implementando un Centro de Operaciones de Ciberseguridad, a pesar de los 3.2 millones de intentos de ataque, no se materializó ninguna afectación a los sistemas.
La Suprema Corte mantuvo una política de gasto basada en disciplina presupuestaria y austeridad, cumpliendo con los derechos laborales del personal y se logró atender el 92.3% del Plan Cuatrienal Estratégico Administrativo 2023-2026 [que concluyó de manera adelantada por motivo de la reforma]. Por lo que se refiere a la revisión de las cuentas públicas 2023 y 2024, debe destacarse que la ASF no detectó irregularidades, ni hizo observaciones.
Estos informes marcan el cierre definitivo de las actividades las Salas y de la última presidencia de la Corte antes de la reforma judicial de 2024.
Relevo en la Corte
«La democracia es ahora el principio fundamental de todos los poderes públicos de nuestra nación», se leyó en un comunicado de los y las ministras durante los trabajos de transición.
Hugo Aguilar Ortíz [presidente], Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortíz Ahlf, Giovanni Figueroa Mejía, Irving Espinoza Betanzo, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra y Arístides Guerrero García, son la primera integración del Pleno de la SCJN electa por voto popular. Este Pleno nació con el objetivo de hacer la justicia más accesible, inclusiva, cercana a la gente y restaurar la justicia social.
Uno de sus estandartes es la pluralidad, además del relevo generacional, entre los nuevos ministros se incluyen figuras académicas y con tendencia a la innovación tecnológica. Hugo Aguilar se convirtió en el presidente de la Corte al ser el más votado y lo será por los dos primeros años. Licenciado y Maestro en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez. Sin embargo, sus estudios es lo que menos ha llamado la atención.
Su origen mixteco le ha convertido en un símbolo de justicia social, aunque también político, aunque se ha dicho que es el segundo ministro presidente indígena después de Benito Juárez, desde 1855, sin embargo, sería al menos el tercero porque se registra a Francisco Modesto Ramírez, quien presidiera el Alto Tribunal de 1923 a 1928, de ascendencia indígena, además de afro-mexicana.
La labor de Aguilar se ha centrado en la defensa de los pueblos indígenas, pero no ha salido libre de controversias pues se le ha señalado como operador político de AMLO y su labor en la gestión de consultas a comunidades indígenas relacionadas con proyectos insignia, las cuales han sido cuestionadas por su efectividad y cumplimiento de normas internacionales.
Desde su campaña, Aguilar estableció siete ejes de trabajo que se resumen en:
- Construcción de un sistema de justicia pluricultural. Esta línea atiende a los pueblos indígenas, busca garantizarles su reconocimiento como sujetos de derecho público.
- Una justicia humanista. Detrás de cada caso hay personas que serán impactadas frente a una mala resolución. Hay que acercarse a la persona, al pueblo, a la comunidad que está detrás de cada caso.
- Una justicia que privilegie el interés colectivo por encima del interés individual que busca lucrar con los intereses de la colectividad.
- Una justicia que contribuya a la igualdad sustantiva de la mujer y a la perspectiva de género y diversidad.
- Una justicia amigable con el medio ambiente. Tenemos que darle un enfoque de derechos humanos, si no construimos entre todos estos nuevos criterios de uso sostenible del medio ambiente, estamos condenados a desaparecer con el deterioro del medio ambiente.
- Justicia real y verdadera. Implica apartarse en gran medida del formalismo y acudir a campo para que las sentencias tengan congruencia y tengan eficiencia en la realidad que buscan resolver.
- Justicia intercultural. Nuevos métodos para conocer la realidad, fortalecer el amicus curiae, visitas insitu.
Para el ministro presidente, el derecho tiene que ser una herramienta que facilite la construcción de soluciones colectivas. En ese sentido, un juez tiene que ser un catalizador, un facilitador. Tiene que adoptar nuevos métodos para resolver los casos grandes de este país; tiene que adoptar nuevos métodos para la aplicación de la justicia específica, uno de ellos es salir a territorio. Por lo que él buscará mantener como método el diálogo, la cercanía y la escucha de opiniones.
Entre otros temas que se prevé sean un cambio significativo es: la celeridad en las resoluciones; modernización y eficacia en los procesos para turnar y resolver casos y las audiencias públicas previo a la resolución de asuntos.
La nueva integración de la Corte enfrentará un rezago de mil 507 asuntos, de esos 382 ya fueron estudiados a fondo y está pendiente su discusión en el Pleno. Ahora sin Salas, el tiempo de resolución puede ser un reto, tal como lo reconoció la ministra Loreta Ortíz al culminar los trabajos de la ya extinta Primera Sala.
Cabe recordar que, a partir de abril del presente año, por acuerdo general, se dejaron de repartir asuntos, por lo que, en el periodo de transición, en reuniones previas a asumir el cargo, los ahora ministros revisaron y acordaron la forma de dar una salida eficaz a esos asuntos, así como la repartición de casos.
Los togados entrantes revisaron proyectos de “Acuerdos Generales” para garantizar la impartición de justicia pronta, expedita y accesible, en ese sentido analizaron la distribución de los asuntos, en su caso, remitirlos a Tribunales Colegiados, Tribunales Regionales o juzgados de Distrito para la mayor prontitud en el despacho de los mismos.
A mediados de mes, exactamente un día antes de la última sesión extraordinaria del Pleno saliente, anunciaron que entre los acuerdos relevantes se encuentran la regulación de audiencias públicas en las que participe la ciudadanía que conoce la realidad de los asuntos: expertos, comunidades, organizaciones. También plantearon modernizar el manejo y turnos de los asuntos mediante un sistema automatizado y aleatorio.
Los pendientes relevantes que el Pleno actual de la SCJN deberá discutir incluyen asuntos en materia de derechos humanos como la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, derechos de menores en gestación subrogada y violencia vicaria; electorales, como la revisión de facultades de la presidenta del INE; y económicos, incluyendo impuestos a servicios de entrega por app y la validez de la Ley de Hidrocarburos. También se revisarán temas como la constitucionalidad de la intervención de las fuerzas armadas en el espacio aéreo, la reforma para eliminar fideicomisos del Poder Judicial y la constitucionalidad de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Por su parte, Aguilar Ortíz señaló que darán prioridad a los temas penales y a asuntos relacionados con créditos fiscales no cubiertos por grandes corporativos.
También revisaron la conformación de sus ponencias, el rediseño de la Secretaría General de Acuerdos ante la desaparición de las Salas y la normatividad interna para agilizar las sesiones con el fin de hacerlas sustanciales. Informaron que deliberaron sobre los perfiles idóneos para conformar el Órgano de Administración Judicial con el objetivo de tomar la decisión en las primeras sesiones del mes de septiembre para que entre en vigor lo antes posible, lo cual es indispensable. Cabe recordar que 3 consejeros serán propuestos por la Corte, uno por el Senado y uno por el Ejecutivo. Trascendió que la presidenta Claudia Sheinbaum propondrá al ex consejero jurídico de la Ciudad de México, Néstor Vargas, quien ha sido señalado por abuso sexual.
Respecto a lo anterior, la integración de la Corte saliente presentó el anteproyecto de presupuesto para ejercerse en 2026, cuestión que ahora corresponderá al Órgano de Administración revisar y aprobar.
Para 2026, el Pleno saliente aprobó 5 mil 869 millones 743 mil 404 pesos, con un incremento real de 8.1 por ciento en relación al 2025 que fue de $5,208,511,164 pesos cuando tuvo una reducción del 13.7% en términos reales. Es posible que lo aprobado por el Pleno saliente sea modificado. Sin embargo, en la totalidad del presupuesto para el PJF se debe contemplar la creación del Tribunal de Disciplina, el mismo Órgano de Administración y que existen reformas como la de la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias y la del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares aún siguen en la fase de implementación.
Aunque la reducción del presupuesto es deseable, es cierto que impactará directamente en la operatividad, la falta de recursos limitaría la capacidad del PJF para ofrecer servicios y atender las necesidades de los ciudadanos, impactando el derecho a la justicia. Es posible que se vean forzados a reducir su plantilla laboral, eliminando o no cubriendo plazas existentes. Además, durante campaña algunos ministros propusieron realizar sesiones públicas itinerantes lo que podría ser bloqueado por la falta de recursos para realizarlas.
Ya que la decisión del órgano Administrativo será inatacable, es necesario que se tomen decisiones con respecto a los recursos que no afecten la operatividad de las instituciones, ni vulneren los derechos laborales de los integrantes de todo el Poder Judicial de la Federación. Aunado a eso, no existe una entidad interna que tramite conflictos laborales que antes conocía la Comisión de Conflictos Laborales del CJF, aun cuando se reconoció que era muy cuestionada por incumplir estándares internacionales, ahora se podría profundizar la vulneración de los derechos laborales de los funcionarios y personas juzgadoras.
Disciplina Judicial
El Tribunal de Disciplina Judicial es una nueva instancia para sancionar faltas de jueces y magistrados federales; jueces y magistrados estarán sujetos a observación durante su primer año en el encargo. Serán cinco consejeras y consejeros quienes conformen el Tribunal, investigando y sancionando las faltas de los miembros del Poder Judicial Federal, jueces, juezas, magistradas y magistrados. Inauguran este nuevo órgano: Celia Maya García, primera presidenta; Verónica de Gyves Zárate y Bernardo Bátiz Vázquez, ex consejeros del CJF, Indira García Pérez y Rufino León Tovar.
A pesar de su conformación, todavía no hay claridad en los procesos que seguirán para realizar las investigaciones contra personas juzgadoras que sean denunciadas, no obstante, sus integrantes han señalado que su función es una responsabilidad para mejorar la impartición de justicia, incluso, mejorar la actuación de las y los juzgadores, según Indira García.
Cabe señalar que entre sus atribuciones estarán las de sancionar a los juzgadores federales con amonestaciones, suspensiones, inhabilitaciones, destituciones y sanciones económicas. El tribunal podrá dar vista al Ministerio Público competente en caso de la posible comisión de delitos y sus resoluciones serán definitivas e inatacables, cuestión que generó preocupación desde la creación de la reforma pues al carecer de medios de defensa, se pone en riesgo el debido proceso para las personas juzgadoras sujetas a investigación.
Ya que las investigaciones pueden iniciar por oficio o a partir de denuncias ciudadanas, el real objetivo será que el Tribunal de Disciplina ejerza sus funciones con gran precisión para no impactar en la independencia de criterios, lo cual es básico para la independencia judicial y sin lugar a dudas será el órgano más observado.
Simbolismos e instalación de la “nueva” Corte
La instalación del Pleno de la Corte estuvo precedida por rituales y simbolismos. La primera ceremonia se llevó a cabo alrededor de las 5 horas en Cuicuilco en donde se realizó un ritual privado para consagrar los bastones de mando y servicio que recibirían los integrantes de la Corte electos por el pueblo, símbolos indígenas de autoridad, compromiso y justicia.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, acompañado de varios de los ministros y ministras e integrantes de comunidades indígenas, declaró Tengan la seguridad que es una Corte distinta, una Corte diferente a las anteriores, aquí el pensamiento y el corazón no los va a guiar el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo, el servicio a cada uno de ustedes y hoy es una muestra palpable de que hay un compromiso en esa dirección. Añadió Estamos iniciando algo nuevo, yo quiero decirles que no sólo somos materia, somos inteligencia y somos espíritu, y por eso, hoy quisimos iniciar nuestras actividades con la guía de nuestras sabias, nuestros sabios”
Por la mañana también se difundió la fotografía oficial de la nueva conformación del Pleno en la que aparecen los nueve ministras y ministros en la que se ve a Aguilar portando una toga con bordados tradicionales. Al ser electo, Aguilar declaró que buscaría la forma de no llevar la tradicional toga, pues lo consideraba un formalismo que alejaba a la ciudadanía.
A las 16 horas siguió la entrega de los bastones en el Zócalo de la Ciudad de México, en una ceremonia similar a la que vivió Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo. Con toda la forma de un acto de proselitismo, los ministros se presentaron frente a representantes de los 70 pueblos indígenas y afromexicanos asistieron a la ceremonia y, según datos oficiales, 10 mil personas presenciaron la ceremonia, conducida en español y mixteco.
El objetivo de esta ceremonia reconocer la diversidad del país como un pilar fundamental para garantizar el acceso a la justicia. La entrega del bastón de mando fue asumida como un mandato para orientar sus decisiones con sensibilidad social y respeto irrestricto a los derechos humanos y la determinación de construir puentes de diálogo con todos los sectores de la sociedad.
El Ministro Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que el bastón de mando implica la responsabilidad de hablar por los que no pueden hablar; de defender a aquellos que no se pueden defender y se comprometió a escuchar y atender las voces ciudadanas, especialmente aquellas que históricamente han enfrentado exclusión, discriminación o falta de representación.
Posteriormente, los y las ministras se trasladaron al Senado de la República para la toma de protesta oficial. A las 20:00 horas inició la sesión en la Cámara de Senadores en la que tomaron protesta a 881 nuevas personas juzgadoras de todo el país. Sorprendió la presencia del ministro Arístides Guerrero García quien días antes sufrió un accidente automovilístico. La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez subrayó, “con este acto se inicia una nueva etapa en la historia de México: la fundación del nuevo Poder Judicial emanado de un proceso electoral”.
La secretaria de la Mesa Directiva, Jasmine María Bugarín, informó que existen tres cargos vacantes por falta de candidaturas: la magistratura del Circuito cuatro del distrito judicial tres en materia mixta con sede en Nuevo León; la magistratura del circuito 16 del distrito judicial dos en materia civil con sede en Guanajuato; juzgado de distrito del circuito ocho, del distrito judicial dos en materia mercantil con sede en Coahuila y al cargo de juez de distrito en el circuito uno del distrito judicial dos en materia administrativa con sede en la Ciudad de México.
Previo al acto protocolario, el Senado avaló por mayoría calificada el nombramiento de Surit Berenice Romero Domínguez, como integrante del Pleno del Órgano de Administración Judicial (AOJ).
Durante la sesión los grupos parlamentarios hicieron sus posicionamientos. MC y PAN criticaron las irregularidades, tanto de la reforma, como de la elección y aseguraron que el partido en el poder ha capturado políticamente al PJF, también cuestionaron la legitimidad de esta conformación de la Corte y del poder judicial. Por su parte, PT, Partido Verde y Morena destacaron que es, por primera vez, un poder emanado de la democracia. A las 22 horas los y las nueve ministras tomaron protesta formal como integrantes de la SCJN.
Finalmente, a las 22:45 horas los nuevos togados arribaron a las puertas principales de la SCJN para realizar uno de los actos a los que más carga simbólica a la que denominaron: “Apertura de las puertas de la justicia para el pueblo de México”. Con el bastón de mando en mano, Aguilar reiteró: “aquí inicia la nueva Suprema Corte abierta y de cara al pueblo”. Expresó que este acto representa un compromiso para “recibir con amabilidad y el corazón abierto a los visitantes y en este caso a quienes claman y exigen justicia”. Las ocho ministras y ministros, todos portando el bastón de mando, cruzaron las puertas doradas que fue decorada con un arco floral que mostraba la frase Hacia una reconciliación de la justicia con el pueblo”.
Las ceremonias concluyeron con la instalación del nuevo Pleno en el que cada ministro ante la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez; y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.
Hugo Aguilar subrayó la relevancia de garantizar una colaboración respetuosa y en equilibrio entre los Poderes de la Unión y declaró que la justicia dará voz a quienes han sido ignorados, amparo a quienes han sido vulnerados y certeza de que ningún abuso quedará sin respuesta; una justicia que no discrimine, que no se retrase, que no se venda, y que devuelva paz a las familias y confianza a la Nación.
Con unidad, con pluralidad y con la fuerza de nuestra historia, hagamos posible que México viva el tiempo de la justicia verdadera, el tiempo de la esperanza cumplida, el tiempo de la unidad en la diversidad”, expresó.“A todas y todos los que con su voto nos mandataron estar en esta casa de la justicia, a quienes no lo hicieron, pero están ávidos de justicia, a quienes buscan certeza jurídica, les podemos afirmar, categóricamente, que habrá tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte”, agregó.
Además, se refirió a los organismos internacionales de justicia y derechos humanos, expresó su disposición para colaborar y dialogar. Mientras que a los inversionistas y empresarios aseguró que habrá certeza jurídica con oportunidades justas, reglas claras y desarrollo sostenible.
En esa misma sesión, en reunión privada, los y las ministras aprobaron la designación de los tres integrantes del Órgano de Administración Judicial, de no menor relevancia pues deben asignar juzgados y tribunales a los nuevos juzgadores. Asignaron a Lorena Josefina Pérez Romo, a quien se ha señalado como cercana a Arturo Zaldívar; José Alberto Gallegos Ramírez, quien colaboró en el INPI y Catalina Ramírez Hernández, consejera nacional de Pueblos Indígenas de la zona norte del estado de Hidalgo, se unen Néstor Vargas y Surit Romero.
De igual forma, en sesión privada y por insaculación, los integrantes del OAJ, eligieron a su presidente por los siguientes dos años y será el representante del Ejecutivo, Néstor Vargas, quien como ya se mencionó tiene una denuncia por abusos sexual y ha sido defendido por la presidenta. En su primer discurso, alineado con el oficial, dijo que estas nuevas autoridades cuentan con legitimidad democrática y afirmó que el Órgano que presidirá los próximos dos años impulsará la meritocracia y no el favoritismo.
Así, el 1 de septiembre de 2025 y la madrugada del 2 de septiembre cerró lleno de simbolismos que pretenden dotar de una visión plural, democrática e incluyente de toda la sociedad, pero que solo el trabajo imparcial y autónomo dará fe.
Inicio de una nueva etapa
Los retos son enormes: ni la voluntad, ni las buenas intenciones bastarán. Por ahora la integración de equipos será un recurso valioso para los ministros que no tienen carrera judicial y se apoyarán en el expertise de las ponencias de sus antecesores.
Con la esperanza puesta en que la reforma judicial, ya incluida la elección de juzgadores, sea un mecanismo para perfeccionar el sistema de justicia en México y erradicar sus más grandes problemas y que se cumpla con las máximas: pronta y expedita, este primero de Septiembre, en tres ceremonias, la imposición de togas, la toma de protesta ante el Senado y se agregó como símbolo de inclusión la tradición de la entrega de bastones de mando, asumieron el cargo los nuevos ministros y ministras que han asegurado serán bastiones para el cambio.
Si es hora de abandonar las controversias surgidas de su elección, solo la sociedad lo dirá. Lo que sí es completamente relevante es observar su trabajo como juristas, los de más grado y relevancia para el país, pues sus debates y resoluciones impactarán de forma permanente a la ciudadanía, contrario a lo que piensa, pues sus sentencias crearán precedentes y formarán criterios que moldearán lo que han llamado la nueva era de la justicia en México y ese será el verdadero diagnóstico del éxito o la falla de esta reforma que ha sido, sin duda alguna la más profunda y estudiada desde la creación del Alto Tribunal.
Como los ministros y ministras, jueces, juezas, magistradas y magistrados han reiterado y repetido en distintas ocasiones: las sentencias hablarán por su trabajo. Pero también la reacción del gobierno será el primer signo de si respetará la independencia y autonomía judicial, aunque la subsistencia de ésta dependerá enteramente de los juzgadores quienes deberán demostrar con ética, con base en la ley, que no están condicionados a actos políticos, económicos, ni de ninguna otra índole que corrompa su análisis de cada caso. De no ser así, entonces no existirá ni un nuevo poder judicial, ni una nueva Corte y su legitimidad quedará en duda por siempre.
