Por Agustín Ceruse
Periodista argentino de TN.com.ar
Twitter: @agusceru
Explotó a cientos de mujeres en sus prostíbulos en Buenos Aires y Quintana Roo. Y desde la cárcel aún lo sigue haciendo gracias a su clan familiar. Tiene plata, mucha plata. Tiene contactos, le sobran contactos. Y a pesar de que un juez aprobó esta semana su extradición desde México hacia la Argentina para que sea juzgado como jefe de una red internacional de trata de mujeres, otro juez analiza beneficiarlo con la prisión domiciliaria hasta que un tercer tribunal resuelva el amparo contra la extradición.
Raúl Luis Martins Coggiola, de él se trata, ya se imagina de regreso en su condominio en Cancún, entre playas, yates y picadas con sus cómplices, mientras las mujeres que explotó o que lo denunciaron, como su propia hija Lorena Martins y la activista Rosi Orozco, sienten de cerca la amenaza de su libertad.
Recientemente, los integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvieron aprobar un amparo para que el juez Jorge Antonio Medina Gaona decida si Martins puede continuar el proceso de extradición bajo prisión domiciliaria, como publicó el periodista Rubén Mosso en Milenio.
En paralelo, tal vez para contrarrestar la imprudencia de aquella resolución, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza, aprobó la extradición Martins desde México para que en la Argentina se siente en el banquillo por estar acusado de liderar una organización de explotación sexual de mujeres.
Ahora, el juez Medina Gaona tiene el futuro de Martins y también de sus víctimas y denunciantes en las manos. Este magistrado ya había rechazado concederle la prisión domiciliaria al acusado, pero sus superiores le ordenaron volver a analizar el planteo realizado ni bien la Policía lo detuvo el 3 de octubre.
Es cierto: las leyes les permiten a los magistrados disponer medidas alternativas para morigerar una detención para que la prisión preventiva no se transforme en una sentencia anticipada que viole el principio de presunción de inocencia, pero esas normas también contemplan excepciones aplicables en este caso.
Martins siempre se presentó como profesor de historia, pero su historia es totalmente diferente: a los 26 años ingresó el 1 de noviembre de 1974 a la por entonces Secretaría de Inteligencia (SIDE) de la Argentina. Allí aprendió todos los secretos de los espías, siempre en tareas operativas, es decir pateando la calle durante la última dictadura cívico-militar, y con un largo paso por la división de intervenciones telefónicas. Se jubiló de la SIDE el 1 de octubre de 1987, pero consigo se llevó todo el know how del espionaje: desde entonces abrió prostíbulos en Buenos Aires, muy frecuentados por figuras de la justicia, a las que grabó en situaciones comprometedoras como reaseguro para que no lo investigaran.
Sin embargo, el fiscal José María Campagnoli se atrevió a hacerlo. Y hasta descubrió en 2001 una de esas filmaciones en una caja de seguridad. Martins, entonces, se instaló en México. Sus negocios en Buenos Aires siguieron funcionando. A esos sumó otros en Quintana Roo. Según declaró su exabogado Claudio Lifschitz en un juicio laboral, el exespía recaudaba en 2006 al menos 4.536.000 pesos argentinos por año (o 1.512.000 dólares) en sus locales en la Argentina y otros 1.800.000 dólares en Mix Sky Lounge en México. Allí vivió tranquilo hasta que su hija Lorena Martins, apoyada por la activista Rosi Orozco, lo denunció en 2012 por trata de mujeres tanto en los dos países.
Investigar a Martins nunca fue fácil. De hecho, la jueza argentina María Servini archivó inicialmente la primera denuncia, pero sus superiores le ordenaron continuar con el expediente. La magistrada tardó siete años en solicitar la detención internacional con fines de extradición del exespía -previa autorización de sus superiores- al fundamentar que el exespía era el único de los imputados que no estaba a derecho.
El propio Martins confirmó sin quererlo que nunca quiso estar a derecho cuando, enterado a través de sus contactos de que la Policía de México iría tras él, intentó escapar el 3 de octubre llevando puestos una peluca y unos anteojos como en sus tiempos de espía.
De nuevo: Martins tiene plata, mucha plata y tiene contactos, le sobran contactos. Pero los magistrados intervinientes pueden usar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -párrafo reformado por el Congreso General según la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF) del 12 de abril de 2019- que reza: “El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso”. Y, como si fuera poco, “el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente” en casos como “delincuencia organizada y/o trata de personas”. Para más: la ley general antitrata establece que “los imputados por la comisión de las conductas delictivas previstas en esta ley estarán sujetos a prisión preventiva durante el proceso”.
Del juez Medina Gaona depende que la ley sea ley.
