“Michoacán ha estado en la mira de las autoridades de los tres niveles de gobierno desde hace dos décadas aproximadamente, de la prensa nacional e internacional, de la opinión pública y de los organismos de derechos humanos debido a su alta tasa de homicidios a consecuencia de los enfrentamientos entre carteles del narcotráfico y bandas delictivas.”
¿Qué está pasando en Michoacán?
Michoacán es una entidad federativa mexicana ubicada en la región oeste del país, al este colinda con el océano Pacífico, fue fundada el 22 de diciembre de 1823 como uno de los estados integrantes de la federación y tiene como principales ciudades a Zamora de Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Uruapan, La Piedad de Cabadas, Apatzingán, Pátzcuaro, Sahuayo de Morelos y Zitácuaro, por mencionar las más relevantes.
Michoacán ha estado en la mira de las autoridades de los tres niveles de gobierno desde hace dos décadas aproximadamente, de la prensa nacional e internacional, de la opinión pública y de los organismos de derechos humanos debido a su alta tasa de homicidios a consecuencia de los enfrentamientos entre carteles del narcotráfico y bandas delictivas que no solo se dedican a exportar droga hacia los Estados Unidos, sino a controlar también diversas actividades comerciales de carácter lícito, pero adueñándose de los negocios por la fuerza y acaparando el mercado de diversas actividades de la vida diaria que antes solo llevaban a cabo los ciudadanos de la región.
Michoacán no es el único estado de la República que tiene problemas severos de inseguridad a consecuencia del crimen organizado, cada entidad tiene sus peculiaridades dependiendo de la zona geográfica en la que se encuentre. En el caso de Michoacán los principales carteles que se pelean el territorio del estado son: La Familia Michoacana y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el primero se trata de un grupo delictivo que ya tiene varios años controlando la entidad y que ha sufrido la desintegración de su grupo, la más significativa fue cuando uno de sus principales líderes, Nazario Moreno, dejó el cartel para formar otro grupo, Los Caballeros Templarios, que poco a poco cobraría relevancia en la carrera criminal de la región. Mientras que el CJNG ha logrado penetrar de manera profunda en el estado al grado de convertirse en el principal grupo delictivo del territorio, imponiendo su autoridad por medio de la superioridad numérica y por las estrategias operativas de tipo militar que utiliza, con el uso de violencia extrema como medio de intimidación hacia sus enemigos y autoridades.
Para imponer su fuerza, el CJNG está ocupando vehículos con blindaje artesanal totalmente equipados y artillados, conocidos como “Monstruos”, además del uso de uniformes y equipo táctico militar estilo guerrillero o paramilitar similares a los que utilizan las milicias colombianas y, por si fuera poco, drones dirigidos por control remoto cargados con explosivos para atentar contra sus enemigos.
Hay que señalar que después del arresto del Marro en Guanajuato, exlíder del Cartel de Santa Rosa de Lima, dedicado principalmente al robo y venta de combustibles producto del huachicol, un personaje apodado Bad Boy o Avatar, que apoyaba al mismo Marro, se alineó a las filas del CJNG prestando sus servicios como fabricante de explosivos y vendiendo armas provenientes de Estados Unidos para ser utilizadas contra los rivales del mismo cartel en Guanajuato, Jalisco y Michoacán. A este sujeto se le acusa de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de acopio y tráfico de armas.
Al Bad Boy se le considera pionero en la preparación de drones con explosivos para combatir a los contrarios y autoridades, sin embargo, lo peligroso de esta situación es que independientemente de su detención y vinculación a proceso, sus acciones desafortunadamente dejarán un precedente que repetirá de manera más sofisticada y con mejor preparación, como ya sabemos, la delincuencia va un paso adelante que las autoridades. El modus operandi del CJNG es utilizar drones cargados de explosivos, perseguir a sus rivales y dejar caer la carga de manera sorpresiva para eliminarlos, con esta metodología de ataque gana terreno para imponer su negocio criminal. Hace aproximadamente un año circuló un video en redes sociales donde un dron deja caer explosivos sobre un poblado en Tepalcatepec, algunos pobladores dispararon hacia el dron, huyeron al no poder contenerlo, aunque algunos fueron alcanzados por la explosión.
Por otra parte, un artículo publicado el 31 de enero de 2022 en el periódico El País, firmado por el periodista Alejandro Santos Cid, señaló que la investigadora de crimen organizado en Estados Unidos y Jefa de Seguridad en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego, aadvirtió que “Si bien es posible que veamos más drones en un futuro, no me parece que sea un parteaguas en cómo operan los cárteles. Yo lo que veo interesante es que lo estén comunicando, que hagan público el video. Hay una intención de que eso se vea. Es muy glamuroso y escandaloso tener un video desde un dron. Pero que esto tenga implicaciones importantes respecto a qué vamos a ver en un futuro no es tan claro”.[1]
Cabe destacar que respecto a los drones en México, en cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a partir del 20 de septiembre de 2017 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-107-SCT3-2016, donde establece los requisitos para operar un sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS), donde se indica que se debe registrar ante la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT).
Ahora bien, no se conocen las características específicas de los drones que ocupan los criminales, pero si estos artefactos son capaces de cargar el peso de varias granadas o explosivos de considerable daño, seguramente tuvieron que haber sido registrados por el proveedor (vendedor) previamente para su comercialización, a menos que también provengan de contrabando de los Estados Unidos o alguna otra parte del mundo, lo que sería más probable tratándose de las actividades para las que son utilizados.
Lo relevante de esta situación es que lejos de la regulación y supervisión de las normas y leyes federales, la utilización de estos métodos de violencia por parte del crimen organizado, no es más que una confrontación a la fuerza del Estado, se trata de imponerse el reto de intentar someter a la fuerza pública para poder actuar con impunidad. Es necesario que las autoridades militares y la Guardia Nacional tomen el tema con seriedad con el objeto de actuar con inteligencia operativa y desarticular una nueva forma de operación criminal que, si bien no ha tenido los resultados deseados por los carteles, si pueden ya estarse utilizando para otros fines, como son: videograbar operativos, vigilar plantíos de siembra de amapola y otras plantas para su producción y venta de droga, así como para ser usadas en colaboración con los halcones y gente que observa quién entra y sale en cada región, y, por qué no, como armas mejoradas de combate como tanto se presume hasta ahora.
Por último, se propone reforzar los mecanismos de venta de estos drones y aparatos similares por medio de identificación del cliente ampliada y permisos más específicos de proveedores y cadena de suministro de los mismos, esto con la finalidad de que en caso de un siniestro se pueda identificar con mayor precisión la cadena de origen del artefacto para llegar a las detenciones necesarias.
[1] Alejandro Santos Cid. “Los drones del narco: vigilancia, moda y símbolo de estatus”. El País.
Disponible en: https://elpais.com/mexico/2022-01-31/los-drones-del-narco-vigilancia-moda-y-simbolo-de-estatus.html
