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Discapacidad: de un Estigma Colectivo a un Enfoque Social

Cultura de Inclusión

Coautora Melyssa Alvarado Martínez

La Organización Mundial de la Salud (OMS) entiende por discapacidad la interacción entre las personas que tienen alguna condición congénita y/o adquirida (por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y/o depresión) y factores personales y ambientales (por ejemplo, actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles y apoyo social limitado).[1]

La discapacidad ha sido colectivamente estigmatizada como un problema individual o una enfermedad que debe ser curada para que las personas estén en condiciones de ser integradas a la sociedad. Por considerar que no alcanzan el estándar de normalidad o funcionalidad exigido por la misma comunidad, se les convierte en sujetos de asistencia y se les incluye como beneficiarias de políticas públicas asistencialistas, en las que se les asigna un rol pasivo.[2]

Sin embargo, personas con discapacidad y organizaciones conformadas por ellas han empujado un cambio de perspectiva para que se aborde la discapacidad desde un enfoque social.

Este cambio de paradigma quedó plasmado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención no creó nuevos derechos, solo explicitó las obligaciones de los Estados de promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad, como respuesta a la exclusión y violaciones continuas a los derechos de esta población, a pesar de la existencia de numerosas declaraciones y normas internacionales sobre derechos humanos. Resalta que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad promueve el reconocimiento de las aportaciones de esta población a la sociedad y exige su reconocimiento como sujetos con derechos, capaces de exigirlos por sí mismos y de tomar sus propias decisiones. Por lo que establece las obligaciones de los Estados y los particulares para eliminar las barreras existentes y transformar el entorno a uno que sea accesible para todos y todas.[3]

Sin embargo, la realidad en México dista mucho de lo que los tratados en materia de derechos humanos para las personas con discapacidad establecen, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 % de la población total del país. De ellas 53 % son mujeres y 47 % son hombres,  los resultados de la medición multidimensional de la pobreza realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2019  demostró que el 48.6 % de este grupo de población se encontraba en situación de pobreza y el 9.8 % en pobreza extrema.[4] En cuanto al ejercicio de sus derechos sociales observamos que tambien se enfrentan a importantes obstáculos:

Educación. En 2018, el 46.9 % de la población con discapacidad presentaba rezago educativo, mientras que en 2010 el 58.5 % se encontraba en esa situación. La falta de adaptación de los servicios educativos, tanto en infraestructura como en materiales y personal capacitado, así como insuficientes apoyos para garantizar el acceso a la educación, han generado que parte de esta población no pueda disfrutar con equidad el derecho a la educación frente a las personas sin discapacidad.

Salud. Las personas que padecen alguna condición discapacitante presentan una mayor demanda de asistencia sanitaria y necesidades insatisfechas en este ámbito. Dependiendo del grupo y el contexto pueden experimentar mayor vulnerabilidad a enfermedades prevenibles.

Alimentación. La carencia por acceso a la alimentación en la población con discapacidad pasó del 34.6 % en 2010 a 27.8 % en 2018, ubicándose como uno de los grupos de población con mayor prevalencia de esta carencia, solo por debajo de la población indígena.

Seguridad Social. Entre los principales objetivos de los esquemas de seguridad social se encuentra ofrecer a las y los trabajadores protección económica y de salud ante la discapacidad, de acuerdo con la Evaluación Estratégica de Protección Social en México de 2018. Con base en la medición multidimensional de la pobreza, en 2010 el 49.5 % de esta población reportó carencia por acceso a la seguridad social, registrándose una disminución en 2018 al pasar al 41.2 %.

Vivienda. Respecto a la carencia de calidad y espacios de la vivienda, el 9.4 % de la población con discapacidad presentaba esta carencia en 2018, mientras que en 2010 era de 12.5 %. Si bien es cierto que disponer de una vivienda construida con materiales sólidos y que protejan adecuadamente a sus habitantes y que no se encuentren en hacinamiento son elementos indispensables, la disposición de servicios básicos tiene un fuerte impacto en las actividades que los integrantes del hogar pueden desarrollar dentro y fuera de ella.

TRABAJO

Ahora bien, es importante enfocarnos en el ámbito laboral; la inclusión laboral de personas con discapacidad es una verdadera oportunidad de crecimiento para todos, los beneficios son transversales, tanto para las empresas, la comunidad y obviamente para todos los involucrados en un proceso laboral en donde haya diversidad e inclusión.

La OMS menciona que únicamente el 44 % de la población con alguna discapacidad, puede acceder a un trabajo, sin embargo, también es importante visibilizar si éstos trabajos cuentan con las herramientas para que las personas puedan gozar de un espacio inclusivo y acorde a sus necesidades específicas.

Hablando de sesgos inconscientes y de suma de vulnerabilidades, sería aterrador hablar de discapacidad y género, en donde y con una absoluta falta de información en México, se puede inferir que al momento de hacer una selección en nuestro país las cifras serían apabulladoras.

La mezcla de mujer y discapacidad no solo se ve transversalizada a la participación laboral, sino a las condiciones en las que permea dicha participación. Algunos de los parámetros que sin duda se ven afectados por la suma de vulnerabilidades son: características del puesto laboral, estabilidad,  retribución económica, etc, siendo una combinacion frágil, al momento de hablar sobre permanencia en el trabajo, inestabilidad y salud mental, sin mencionar los parámetros que se viven dentro del mundo laboral, por el simple hecho de ser mujer como son disparidad salarial, discriminacion por género y la brecha en la ocupación de puestos de toma de decisión. 

Asimismo, y como ocurre entre mujeres y hombres sin discapacidad, el grado educativo o el acceso a una educación se ve mucho más marcado si se compara el acceso entre hombres y mujeres a la educación con o sin discapacidad, sería de suma importancia recolectar datos sobre la inclusión educativa entre hombres y mujeres con discapacidad en el país.

En el mismo sentido, existen prejuicios sobre las aptitudes de las que carecen las personas con discapacidad, que se generalizan de manera sumamente discriminatorias y se consideran necesarias para poder llevar a cabo resopnsabilidades estratégicas en su sitio de trabajo. Asimismo, por lo general, los programas que existen para atender a personas con discapacidad se limitan a los menos atractivos para el mercado laboral, trabajos que son aceptados debido a la gran dificultad que existe para poder encontrar un trabajo formal y que son, al mismo tiempo, asumidos con un gran temor a fallar y a demostrar que pueden realizar sus labores, lo que impacta en su salud mental.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que del 100 % de personas que tienen alguna discapacidad, solo el 7.3 % accede a un trabajo formal; asimismo, la OMS afirma que el 14 % de la población de México sufre alguna discapacidad, lo que es equivalente a 16.5 millones, todos los años este número incrementa.

Naciones Unidas propone el buscar la participación significativa de las personas con discapacidad en toda su diversidad, la promoción de sus derechos y la consideración de perspectivas relacionadas con la discapacidad, de conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.[5]

De igual manera invitamos a que todo el gremio legal, fortalezca sus políticas de inclusión y diversidad, y tranforme a su equipo de trabajo con personas que sin lugar a dudas aportarán un ángulo distinto y sumamente enriquecedor a cualquier despacho y/o empresa, y a que reconozca que la disparidad en torno a las oportunidades para personas con discapacidad y para mujeres con discapacidad es una responsabilidad compartida en los distitnos sectores de cualquier industria.

Finalmente, la siguiente lista incluye algunas instituciones que coadyuvan en la implementación de programas de inclusión para personas con discapacidad:

  • Incluyeme: https://www.incluyeme.com/nosotros/
  • Abriendo Espacios de la STPS: http://www.abriendoespacios.gob.mx/
  • Discapacidad y Empleo: https://discapacidadyempleo.com.mx/.
  • Éntrale: https://entrale.org.mx/

[1] OMS. “Discapacidad y salud”. OMS. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health

[2] Véase la Resolución 56/168 de la Asamblea General de diciembre de 2001.

[3] SCJN. Derechos de las personas con discapacidad. Derechos Humanos. Cuadernos de Jurisprudencia núm. 5. México, SCJN-Centro de Estudios Constitucionales, 2020. Disponible en: https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2020-10/Cuadernillo%20Discapacidad_Final%20octubre.pdf

[4] Coneval. “Población con discapacidad enfrenta pobreza y dificultades para ejercer sus derechos sociales”. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2019/NOTA_INFORMATIVA_DIA_INTERNACIONAL_PERSONAS_CON_DISCAPACIDAD.pdf

[5] ONU. “Estrategia de Las Naciones Unidas para la inclusión de la discapacidad”. Disponible en: https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/assets/documentation/UN_Disability_Inclusion_Strategy_spanish.pdf

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