Es inevitable esquivar la cantidad de información que hemos recibido en las últimas semanas sobre la consulta popular, esta pretende “cumplir” con una de las promesas de campaña del presidente López Obrador, de “llevar a juicio a expresidentes”, pero lo cierto es que su plan inicial está lejos de ser lo que el mandatario vislumbró. Antes de entrar al planteamiento de la pregunta en cuestión, me parece importante resaltar que en el ordenamiento mexicano la consulta popular está elevada a rango constitucional en el artículo 35 de la Constitución, y en la Ley Federal de Consulta Popular se establecen sus reglas y pasos a seguir para su realización.
El inicio de la historia comienza hace poco más de un año, cuando a petición del presidente, el Congreso de la Unión convocó a la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Siguiendo el proceso, la Suprema Corte analizó la constitucionalidad de su contenido, entonces, entre tirones de La Corte un bloque se decantó en aprobar la consulta, pero modificando la pregunta y otra por de plano por no realizarla por considerar que condiciona la eficacia de los derechos humanos.
Lo que trajo como resultado de este estudio constitucional fue una pregunta que está lejos de ser clara, concisa y fiel a lo que de un inicio se planteó, pero que hoy el partido en el poder trata de vender como un “juicio a expresidentes”, sin embargo, la que veremos en la boleta este 1 de agosto será la siguiente:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Esta pregunta no solo es tediosa, inconsistente y difícil de leer, sino que también cuenta con inconsistencias jurídicas. La primera es que ésta menciona que se van a tomar “acciones pertinentes”, y nunca dice que va a “enjuiciar”, si esas acciones a las que se refiere es iniciar investigaciones, esta es obligación constitucional de la Fiscalía General de la República y para cumplirse no debería de ser consultado.
La otra es que la consulta no se refiere a expresidentes – como lo difunde la propaganda que vemos en las calles- sino más bien a “actores políticos”, y especialmente esta parte de la pregunta tuvo que reformularse debido a que era contraria a la presunción de inocencia, debido proceso y, además de todo ello atenta en contra del artículo 13 constitucional que refiere que quedan prohibidos los tribunales especiales.
Entonces, nos encontramos en una especie de justicia selectiva que no disimula en disfrazarse de un “ejercicio democrático”, y no hace el mínimo esfuerzo por verdaderamente dar justicia, verdad y reparación a las víctimas y sobrevivientes. No es ningún secreto que los hechos que esta consulta pretende que se esclarezcan dañaron gravemente la confianza de los mexicanos e hicieron de México un país más inseguro que cobró vidas y al día de hoy nos continúa pasando factura. A todos ellos el Estado Mexicano les debe procesos judiciales justos, cuya existencia no debería de estar sujeta a la voluntad del 40% de los votantes para que la consulta sea vinculante y se les obligue a las autoridades a lo que por mandato de ley ya lo está.
La consulta parece más un ejercicio para demostrar y comprobar el poder de convocatoria tanto del presidente como de su partido que ante una consulta con resultados desfavorecedores se va a excusar con que “el pueblo así lo quiso” y se va a dejar en un estado de indefensión a las víctimas, más de lo que ya lo están.
El gobierno debería enfocar sus esfuerzos en lo que hoy por hoy sí puede hacer, como mejorar las fiscalías del país para garantizar un acceso a la justicia, disminuir la inseguridad en las calles, asegurar la estabilidad económica de las familias mexicanas, el acceso a una educación de calidad y demás problemáticas que actualmente le demanda el país, iniciar investigaciones contra expresidentes también es prioridad, pero eso se lo tiene que dejar a la Fiscalía General y esta a su vez dejarse apoyar por las víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
