El Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX), Andrés Ángel Aguilera Martínez fue electo, por unanimidad de votos por sus pares de la Sala Superior, como presidente del Tribunal para el periodo 2026-2028. Aguilera Martínez, al asumir el cargo, delineó una agenda centrada en la cercanía con la ciudadanía, la modernización institucional y el fortalecimiento de la justicia administrativa como garantía del derecho al buen gobierno.
Durante su primer mensaje como presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Aguilera Martínez subrayó que la nueva etapa del Tribunal debe consolidar una justicia accesible, eficiente y sensible a las realidades sociales, capaz de responder con oportunidad a los conflictos entre la administración pública y las personas gobernadas. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo de justicia más humana, sin perder rigor técnico ni independencia jurisdiccional.
El magistrado presidente presentó los ejes de su gestión 2026-2028, entre los que destacan la reingeniería institucional y la justicia digital, con el impulso y fortalecimiento del juicio en línea y de herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a los servicios del Tribunal. A ello se suma un enfoque decidido en la descentralización, mediante programas que acerquen la justicia administrativa a las alcaldías y a sectores tradicionalmente alejados de los tribunales.
Otro de los pilares de su administración será la cercanía con la ciudadanía, a través de esquemas de orientación y acompañamiento, así como el reforzamiento de una defensoría con enfoque social. Aguilera Martínez también enfatizó la importancia de incorporar de manera transversal los derechos humanos, la perspectiva de género y la no discriminación en la labor jurisdiccional.
Finalmente, el presidente del TJACDMX señaló que su gestión buscará una administración eficiente y transparente de los recursos públicos, con planeación estratégica y continuidad institucional, con el objetivo de consolidar al Tribunal como un referente en justicia administrativa, confianza pública y servicio a la sociedad.
