Hablar de “anticorrupción” parece ya un acto reflejo en el discurso político, siempre presente en campañas, en informes y en declaraciones a la prensa. Sin embargo, en la realidad ese discurso tan reiterado parece moverse lento: persisten los trámites que se destraban “por la libre”, decisiones administrativas y políticas cuyo trasfondo resulta inexplicable y, sobre todo, persiste esa sensación ciudadana de que la ley se aplica de manera distinta dependiendo de quién seas. Eso mina la confianza, y cuando el desgaste se vuelve costumbre, la corrupción respira tranquila.
Sabemos que el problema no es que falten leyes o instituciones de justicia, al contrario, en algunos casos, hasta sobran. Lo que realmente falta es un mejor sistema, uno con un diseño operativo funcional que actúe con inteligencia institucional y mientras ese sistema no llegue el discurso solo se escuchará bonito, pero no transformará nada.
En la práctica, la corrupción se alimenta de la falta de claridad y de la división. Cuando la información se dispersa, cuando no existe coordinación entre áreas y cada una actúa como si el problema le fuera ajeno, cuando se dedican solo a defender su parcela de poder, el resultado es previsible: investigaciones torpes, decisiones que no llegan o llegan demasiado tarde y, sobre todo, responsabilidades diluidas. Y no necesariamente por premeditación o mala fe: muchas veces es simple inercia. Pero esa inercia, cuando se trata de responsabilidad social, también se traduce en daño.
¿Por dónde empezar, entonces? Por lo básico: no se trata de investigar mucho, sino de investigar bien. Abrir expedientes en cantidad puede lucir en los informes, pero no repara el tejido social. Al contrario, multiplicar investigaciones mal armadas termina defraudando a la ciudadanía y generando frustración interna, incluso entre los buenos elementos que se parten el alma por dar resultados. Y me preocupa todavía más que la sociedad se acostumbre a no esperar nada de nuestras instituciones.
Saber investigar con eficacia implica saber elegir con criterio. Cada caso es distinto y su impacto social también lo es: no toda conducta corrupta tiene la misma nocividad y, por lo mismo, no toda irregularidad debe evaluarse con el mismo enfoque. Hay que priorizar atendiendo al daño, a la reincidencia y a la trazabilidad del dinero público. Hay que actuar con estrategia, porque sin ella la anticorrupción se vuelve una colección de esfuerzos aislados que, aunque en papel parezcan correctos, en los resultados terminan siendo irrelevantes.
Además, si queremos una estrategia que realmente funcione, lo más importante es que privilegie la coordinación entre instituciones, en serio. La simulación de coordinación que tanto se presume en comunicados, si no existe en la práctica cotidiana, es inexistente. Se requiere un intercambio efectivo de información, estándares compatibles, criterios compartidos, responsabilidades claras. Coordinar no es someterse; es entender que el problema es común y que la respuesta también debería serlo.
Además, hay un tema que suele relegarse a segundo plano —no en el discurso, pero sí en la realidad—: las personas. Para alcanzar la integridad pública que requiere nuestro país no basta con estructuras e instituciones; necesitamos operadores profesionales, debidamente capacitados, con ética sólida y con condiciones laborales que les permitan resistir presiones y tentaciones. La capacitación permanente de las y los servidores públicos no debería verse como un simple trámite para cumplir un requisito de acceso a los cargos, sino como una práctica indeleble: afinar criterios de actuación, detectar riesgos y evitar errores que también producen daño.
Castigar es necesario, ciertamente, pero la respuesta no puede quedarse solo en sancionar, sobre todo si la sanción además llega tarde. Si nos concentramos únicamente en lo punitivo, el Estado mexicano se va quedando atrás. La prevención es la herramienta más eficaz contra la corrupción: no se trata solo de castigar al corrupto, sino de construir condiciones para que deje de existir. Para entrenar ese músculo preventivo hay que eliminar reglas confusas, malos incentivos, procedimientos opacos y esas áreas grises que nadie revisa porque “así se han hecho siempre”. La corrupción suele nacer justo ahí, en ese punto intermedio. Cerrar esas grietas antes de que el daño ocurra no debilita al Estado; lo vuelve más fuerte y le da credibilidad.
Precisamente por eso, la transparencia no debe convertirse en espectáculo. Arrojar al público una lluvia de datos incomprensibles no se traduce en explicaciones; se parece más a una opacidad simulada. A la ciudadanía no le interesa —ni lo necesita— que le reciten tecnicismos: lo que quiere es entender cómo y por qué se toman ciertas decisiones. Cuando las instituciones saben explicar, la confianza crece. Cuando callan o evaden, la sospecha se impone.
Agregaría, además, la importancia de entender la lucha contra la corrupción desde el humanismo. Y que quede claro: no como una postura paternalista ni como “suavidad”, sino como el reconocimiento de la dimensión humana del fenómeno. Un sistema anticorrupción no solo investiga y sanciona; también toca vidas. Si el aparato trata con frialdad a denunciantes, a víctimas de abuso administrativo o judicial, a servidores públicos honestos y a la sociedad en general; si revictimiza con trámites burocráticos interminables o humilla con lenguaje y prácticas redundantes, produce un daño que a veces es silencioso. Genera miedo, frustración, resignación y aislamiento social, y termina provocando que la ciudadana deje de cooperar.
Aquí la justicia terapéutica sirve como brújula. No para volver “blando” al Estado, sino para hacerlo más inteligente y más digno. Un procedimiento o una investigación pueden ser legales y, aun así, resultar destructivos en términos humanos. La autoridad no solo se mide por su fuerza, sino también por su capacidad de ejercer el poder con buen juicio: sin perder humanidad y sin convertir el proceso en un castigo adicional.
Por eso, cuando pensamos en anticorrupción, vale más ofrecer resultados concretos que repetir frases bonitas. Hay que darle su lugar a la investigación inteligente: entender patrones, saber dónde duele más y seguir la ruta del dinero público con seriedad. Incorporar políticas de prevención basadas en riesgos, no en ocurrencias. Apostar por coordinación interinstitucional con reglas operativas claras, no solo con convenios de buenas intenciones. Y sostener una evaluación constante con indicadores entendibles, sencillos y auditables. Si no medimos —y no medimos bien—, se simula. Si no aprendemos, los errores se repiten… o solo cambian de nombre.
También urge un cambio cultural al interior de las instituciones: que se puedan reconocer fallas sin que se desate la persecución interna. Urgen mecanismos reales de mejora continua. Urge protección efectiva para quienes denuncian. Y urge, sobre todo, que la agenda no dependa del ánimo del titular en turno, sino de un plan de acción y trabajo que se sostenga en el tiempo. Los mejores sistemas no viven de proezas; viven de hábitos.
El país necesita instituciones que trabajen como sistemas dinámicos y flexibles. Sistemas que piensen, coordinen, prevengan, midan y expliquen, sin perder de vista que detrás de cada expediente hay una persona, y que detrás de cada investigación hay una confianza pública que debemos cuidar. Menos discurso, más sistema. Y también —aunque suene simple— más respeto, más claridad y más humanidad.
