Suprema Corte de Justicia de la Nación
El pasado 14 de noviembre, la SCJN con 9 votos a favor y 1 en contra, invalidó en su totalidad la Ley de Seguridad Interior (LSI), disposición jurídica con la cual el Gobierno de Enrique Peña Nieto, pretendía regular la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad y combate a la delincuencia; sin embargo, el máximo Tribunal Federal la declaró inconstitucional en su totalidad bajo tres premisas fundamentales:
1º.- El Congreso no tenía facultades para legislar.- Al respecto el Ministro José Fernando Franco González-Salas, consideró que la intervención de las fuerzas armadas no se puede regular de esta forma. La LSI representa una violación jurídica a la seguridad de todos, por eso procede su nulidad total.
2º. Volver a los soldados policías.- En el sentido de la que la LSI abre la puerta para normalizar el hecho de que el Ejército intervenga en tareas de seguridad pública, hecho que sólo es legal y constitucional si se aplica a situaciones excepcionales, pero no como regla.
3º. El “Fast-track” del Congreso.- La Ministra Margarita Luna Ramos consideró que el Congreso sí tenía facultades para legislar, sin embargo, argumentó que la LSI es inconstitucional debido a las irregularidades en el proceso de formulación y aprobación en el Congreso, el cual se hizo de forma apresurada sin que algunos legisladores pudieran conocer el dictamen para analizarlo.
El único voto en contra, fue del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en el sentido de que el Congreso si tenía facultades para legislar en la materia, y que sí distinguía adecuadamente los conceptos de seguridad interior y de seguridad pública, por lo que sólo era conveniente anular varios artículos de la LSI, pero que al anular los artículos la citada ley quedaría inconsistente.
Plan de Seguridad (2018-2024)
El mismo día en el que la SCJN determinó un fallo histórico al decretar inconstitucional la LSI, el Gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer a los medios de comunicación el Plan Nacional de Paz, sustentado en ocho puntos: Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; pleno respeto y promoción de derechos humanos; regeneración ética de la sociedad; reformular el combate a las drogas; emprender la construcción de la paz; recuperación y dignificación y plan de Seguridad Pública.
El tema más polémico sin duda, es el último punto en el que se contempla la creación de una Guardia Nacional que actuará en forma semejante a corporaciones como la Gendarmería Nacional Francesa o la Guardia Civil Española y estaría integrada por 50 mil elementos provenientes de las policías Militares y Navales, así como de la actual Policía Federal y adicionalmente se convocará a civiles e integrantes del ejército para que se integren a dicha Guardia Nacional, para alcanzar un número de 150,000 elementos que recibirán formación y adiestramiento en planteles militares de acuerdo a lo manifestado por el próximo Secretario Alfonso Durazo.
Al respecto el Dr. Alejandro Gertz Manero, ex Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad y primer Secretario de Seguridad Pública Federal en el año de 2003-2004, y actualmente asesor en materia de seguridad, comentó en un programa de la radio que de la Policía Federal sólo se integrarían a la Guardia Nacional un número de entre 5,000 a 7,000 elementos como máximo, situación que deja en estado de incertidumbre a poco más de 30,000 integrantes de dicha institución policial, sin que en el citado Plan Nacional se mencione cuál será su destino en la estrategia de seguridad.
Por lo anterior, es obvio que el gobierno entrante utilizará su mayoría en el Congreso para modificar la Constitución Federal mediante un procedimiento “Fast-track”, para crear legalmente la Guardia Nacional que se encargará del combate a la delincuencia, dicho cuerpo de seguridad estará centralizado y bajo el mando de los militares contrario a los referentes de Francia y España, países en los que el mando está a cargo de civiles. No dudo que la estrategia planteada pueda resolver el problema de seguridad en el corto plazo, sin embargo, existen muchas dudas respecto a su conformación y operación, ya que de todas las conductas delictivas que se cometen en el país sólo el 5 ó 7 por ciento son de orden federal y más del 90% son delitos del orden común que les compete perseguir a las policías municipales y estatales, sin embargo, en dicho Plan no se mencionan.
Por otro lado estaríamos ante el probable desmantelamiento de la Policía Federal, sin que para ello se tenga un diagnostico real de su ineficiencia y de las causas que las haya originado en la presente administración, para sustentar objetivamente la desarticulación de esta Institución que de llevarse a cabo, al mismo tiempo será un paso atrás en la consolidación del Sistema de Justicia Penal, al dejar de contar con una policía capacitada en temas como la cadena de custodia y el primer respondiente. Deseo estar equivocado y ver el día de mañana que la Guardia Nacional resolvió la emergencia en materia de seguridad y que se está trabajando en la construcción de una policía civil profesional y dotada de los instrumentos legales y materiales que nos brinden la seguridad jurídica suficiente para que todos los ciudadanos podamos vivir en paz y en armonía.
“No desgasta el poder; lo que desgasta es no tenerlo”.
Giulio Andreotti
