La implementación de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de justicia administrativa revela algunos problemas jurídicos que, aunque no son nuevos para el derecho, adquieren una dimensión distinta cuando intentamos resolver los conflictos entre los particulares y las autoridades mediante acuerdos.
En el día a día, he comprobado que uno de ellos se relaciona con la representación de las partes y, particularmente, con la confusión que todavía existe entre conceptos como legitimación, personalidad, mandato, poder y facultades para transigir.
No se trata solamente de una cuestión terminológica. Confundir estas figuras puede llevarnos a pedir documentos innecesarios, reconocer facultades que jurídicamente no existen o, por el contrario, impedir injustificadamente que una persona acceda a un mecanismo alternativo. La problemática descrita alcanza otro nivel cuando recordamos que los convenios alcanzados mediante estos procedimientos pueden adquirir efectos de cosa juzgada.
Por ello, considero necesario revisar algunas categorías jurídicas que tradicionalmente hemos utilizado en el litigio administrativo, pero que ahora requieren una interpretación más cuidadosa dentro de los procedimientos de MASC.
Legitimación, personalidad y representación no son lo mismo
La legitimación se refiere a la relación jurídicamente que una persona mantiene con la controversia. Es decir, a la posición que le permite intervenir respecto del derecho, interés u obligación que constituye la materia del conflicto. La personalidad jurídica, en cambio, es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, mientras que la representación permite que una persona actúe jurídicamente en nombre de otra.
En la práctica procesal mexicana también utilizamos el término personalidad para referirnos a la calidad con la que alguien comparece y a la acreditación de su representación. Ese uso no es del todo incorrecto, pero hay que evitar que termine confundiendo cuestiones jurídicas diferentes.
Una persona moral puede encontrarse plenamente legitimada para intervenir en una controversia administrativa, aunque quien presenta la solicitud no haya acreditado suficientemente su representación. En ese caso, el problema no radica en la falta de legitimación de la empresa, sino en una deficiencia relacionada con la personalidad de quien pretende actuar en nombre de esa entidad moral.
La distinción tiene consecuencias importantes, porque una insuficiencia documental susceptible de subsanarse no debe transformarse en una restricción al derecho de acceso a la justicia alternativa.
Ahora bien, acreditar representación tampoco significa demostrar que se cuenta con todas las facultades necesarias para resolver el conflicto. Podemos encontrarnos ante una persona que válidamente representa a una sociedad, pero cuyas atribuciones no comprenden la celebración de determinados convenios.
Por ello, es indispensable distinguir entre mandato, poder y facultades para transigir.
El mandato y el poder no tienen necesariamente el mismo alcance
El artículo 2546 del Código Civil Federal establece que el mandato es un contrato mediante el cual una persona se obliga a ejecutar por cuenta de otra los actos jurídicos que esta le encomienda. El poder, por su parte, constituye una fuente de facultades representativas que permite actuar jurídicamente en nombre de otra persona.
Ambas figuras pueden coexistir, pero no deben confundirse. Una persona puede haber recibido el encargo de asesorar o negociar una controversia sin estar facultada para comprometer definitivamente los derechos de quien la contrató.
También resulta necesario examinar las distintas clases de poderes. El artículo 2554 del Código Civil Federal regula los poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio, mientras que el artículo 2587 contempla la transacción entre los actos que requieren poder o cláusula especial.
Lo anterior no significa que todo poder general para pleitos y cobranzas sea insuficiente para transigir, pues el propio artículo 2554 permite incorporar las facultades especiales correspondientes. Lo importante es revisar el contenido efectivo de cada instrumento, sus limitaciones y el alcance de las atribuciones conferidas.
Por ello, la exhibición de una escritura pública no debe conducir mecánicamente a tener por acreditadas todas las facultades. Es necesario identificar quién las otorgó, a favor de quién, para representar a qué persona y respecto de cuáles actos jurídicos.
Estar autorizado en un juicio no equivale a poder disponer del conflicto
Una distinción particularmente importante se presenta con los abogados autorizados para intervenir en los juicios contenciosos administrativos federales.
El artículo 5 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reformado en junio de 2026, distingue entre la representación de las partes y la autorización conferida a profesionales del derecho para desarrollar determinadas actuaciones procesales.
Un abogado autorizado en términos amplios puede recibir notificaciones, realizar promociones de trámite, rendir pruebas, formular alegatos e interponer recursos, dentro del alcance establecido legalmente. Sin embargo, esas atribuciones no implican necesariamente que tenga representación sustantiva ni facultades para celebrar una transacción.
El artículo 127 de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias establece que, dentro del procedimiento contencioso administrativo, el mecanismo puede solicitarse por quien legalmente represente a la parte actora o por la autoridad demandada. La disposición no utiliza simplemente la expresión persona autorizada en juicio.
A mi juicio, debemos distinguir entre recibir una solicitud y tener por acreditada la representación de quien la presenta. La flexibilidad propia de los MASC permite evitar formalismos innecesarios y favorecer las subsanaciones legalmente procedentes, pero no puede convertir una autorización procesal en un poder de representación que jurídicamente no existe.
Tampoco debemos exigir idénticas facultades para todos los momentos del procedimiento. Solicitar un mecanismo, participar en las sesiones, formular propuestas y celebrar un convenio constituyen actuaciones distintas. Sin embargo, el artículo 129 de la Ley General exige verificar identidad, personalidad y facultades suficientes para representar y transigir, por lo que la diferencia entre etapas no permite desconocer los requisitos expresos establecidos por el legislador.
El nombramiento de un servidor público tampoco acredita todas sus facultades
En el caso de las autoridades administrativas, el análisis adquiere mayor complejidad porque interviene directamente el principio de legalidad.
Un nombramiento acredita que determinada persona fue designada para ocupar un cargo, pero no demuestra necesariamente que tenga competencia para negociar o transigir. Las atribuciones de los servidores públicos deben encontrarse en las disposiciones legales, reglamentarias o instrumentos jurídicamente válidos que regulan su actuación.
Por ello, debemos distinguir entre representación institucional, competencia material y autorización para celebrar un acuerdo determinado. Una autoridad puede tener facultades para defender jurídicamente a una dependencia ante los tribunales y carecer de atribuciones para modificar obligaciones o comprometer recursos públicos.
Tampoco sería correcto exigir indiscriminadamente poderes notariales cuando las facultades derivan directamente de una norma que atribuye competencia al órgano administrativo correspondiente.
El artículo 118 de la Ley General exige que quienes concurran por la administración pública acrediten personalidad y facultades suficientes para transigir. Esa exigencia debe examinarse conjuntamente con las normas de competencia y con las condiciones legales, técnicas o presupuestarias aplicables al convenio.
El dictamen técnico-jurídico tampoco sustituye automáticamente esas facultades. Su función consiste en analizar la viabilidad de la participación institucional en los términos previstos por la ley, pero no constituye por sí mismo una fuente de representación o competencia.
La flexibilidad del procedimiento no elimina las exigencias jurídicas
Los mecanismos alternativos buscan superar algunas de las rigideces del litigio tradicional, pero ello no significa que podamos prescindir de las reglas que determinan quién puede comprometer jurídicamente a las partes.
Las personas facilitadoras deben conocer estas distinciones, no para reproducir dentro de los MASC todas las formalidades procesales del juicio, sino para evitar que una deficiencia subsanable se convierta en una barrera de acceso o que un convenio sea celebrado por alguien que carece de facultades suficientes.
La especialización en conflicto público exige algo más que dominar técnicas de comunicación y negociación. Requiere comprender la estructura jurídica de la administración, las fuentes de representación, los límites de competencia.







