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¿Quién decide qué es la legalidad?  El Tribunal de Disciplina Judicial y el sentido de las resoluciones

El 1 de septiembre de 2026, en el primer aniversario del nuevo Poder Judicial, se notificó a la jueza en retiro María Gabriela Ruiz Márquez el inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra.

El motivo no fue una negligencia, un desvío de recursos o un acto de corrupción, sino el contenido de una sentencia de amparo que no le gustó a una de las partes. El procedimiento se inició por una queja presentada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, es decir, por una de las autoridades responsables del juicio.

Sin embargo, antes de la reforma judicial, este procedimiento no habría existido.

Así es, desde los tiempos del extinto Consejo de la Judicatura Federal, los órganos de responsabilidad administrativa desechaban las quejas presentadas en contra de los juzgadores por el sentido de sus resoluciones, ya que admitir esas quejas convertiría a la instancia administrativa en una instancia jurisdiccional revisora lo cual atentaría contra la independencia judicial, pues para eso existen los recursos procesales.

Eso parece haber cambiado con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial.

El procedimiento sancionatorio tiene su origen en la sentencia del amparo 1338/2024, del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, de 6 de diciembre de 2024, que ordenó invalidar la reforma judicial.

Antes de seguir, dos precisiones:

Primera: conozco la resolución directamente, dado que fui el secretario proyectista.

Segunda: este texto no es una defensa de su contenido, el cual se encuentra sub iudice en el amparo en revisión 572/2025, bajo la ponencia de Lenia Batres, sino un argumento sobre lo alarmante que resulta que se pretenda sancionar a los juzgadores por una resolución que incomodó al poder político del momento.

El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa señala la inobservancia de la jurisprudencia 2a./J. 2/2022 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte[1], que establece la improcedencia del amparo contra el contenido material de la Constitución, pero pasa por alto que el párrafo 106 de la Contradicción de Tesis 105/2021 dice que esa causa de improcedencia no es aplicable de manera indudable al proceso de reforma constitucional.

Sin embargo, lo que más llama la atención es la ligereza con la que el Tribunal califica la decisión como una “manifiesta desviación de la legalidad no enmarcada dentro de una decisión de criterio jurisdiccional”, sin ofrecer una motivación que sustente esa afirmación.

¿Qué es el criterio jurisdiccional?

El criterio jurisdiccional se encuentra protegido por la garantía de independencia judicial, que permite a los jueces emitir sus decisiones de manera libre y sin presión externa[2].

Por ello, los procedimientos de responsabilidad no deben sancionar el sentido de sus resoluciones.

Hay supuestos en los que no se está frente a una decisión de criterio, los cuales se presentan cuanto el juzgador resuelve:

  • en contra de una jurisprudencia obligatoria y vigente;
  • en contra de las constancias del expediente;
  • en contra del texto expreso de la ley.[3]

El primero se manifiesta cuando existe una jurisprudencia que resuelve la cuestión y no deja lugar a duda de su interpretación; el segundo, cuando se dejan de considerar las constancias relevantes del expediente; el tercero, cuando la ley es muy clara en su sentido y alcance.

No obstante, tanto la jurisprudencia como la ley son susceptibles de interpretarse, de ahí que, decidir si resultan aplicables y dar las razones de ello constituye una cuestión de arbitrio, debatible u opinable.

Existe decisión de criterio cuando el juzgador considera que determinada jurisprudencia parece aplicable, pero, por razones fácticas o jurídicas, no lo es, es decir, cuando distingue el precedente.

Esa decisión puede ser revocada por la instancia superior, al no compartir el razonamiento del juzgador de primera instancia, pero de ninguna manera daría lugar a una responsabilidad administrativa, ya que la justificación de la distinción del precedente constituye, precisamente, el criterio jurídico.

En resumen, siempre que exista discrecionalidad, posibilidad de elegir entre interpretaciones, valoración de pruebas y razonamientos, se estará frente a una decisión de criterio; no basta la divergencia de posturas, ni siquiera frente a una jurisprudencia aparentemente aplicable, sino un franco y evidente desacato a lo que no es debatible.

Como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los procedimientos sancionadores la motivación debe operar como una garantía que permita distinguir entre una “diferencia razonable de interpretaciones jurídicas” y un “error judicial inexcusable”, evitando que se sancione a los jueces por adoptar posiciones jurídicas debidamente fundamentadas, aunque divergentes frente a aquellas sustentadas por instancias de revisión.[4]

¿Quién decide qué es la legalidad?

Por lo anterior, resulta alarmante que el Tribunal de Disciplina Judicial inicie procedimientos bajo el argumento de que lo resuelto constituye manifiestas desviaciones de la legalidad, sin analizar la motivación de la resolución ni explicar por qué la distinción del precedente no es una decisión “de criterio”.

De ahí que debamos cuestionarnos quién decide qué es la legalidad.

Tenemos dos opciones.

La primera, que sean los tribunales de cierre, también llamados órganos terminales (Tribunales Colegiados y Suprema Corte), los que clausuren las controversias y decidan qué es la legalidad.

La segunda, que lo sea el Tribunal de Disciplina Judicial, como órgano encargado de vigilar y sancionar la conducta de los impartidores de justicia.

No podríamos decir que ambas instancias deban ni puedan ser las que decidan qué es la legalidad y cuándo existe una desviación de esta, ya que podríamos llegar al extremo de que se emitan resoluciones contradictorias; por ejemplo, que un Colegiado o la Corte determine una cosa y el Tribunal de Disciplina sancione bajo un argumento contrario.

Tal contradicción no tiene una salida institucional.

Ello, pues en el caso en que dos órganos terminales sustenten criterios diversos, el sistema prevé la contradicción de criterios como mecanismo de uniformidad y solución; sin embargo, entre un Colegiado o la Corte y el Tribunal de Disciplina Judicial no existe nada equivalente, y por disposición del artículo 100 de la Constitución, las resoluciones del órgano de disciplina son inatacables, por lo que prevalecerán sus determinaciones, incluso, cuando estas analicen el criterio judicial.

Entonces, si el criterio jurisdiccional va a ser analizado por el órgano sancionador, podríamos irnos despidiendo de la seguridad jurídica (de por sí tan desvanecida hoy en día), pues bastará que el sentido de una resolución disguste a las partes, especialmente a las autoridades responsables, para que el Tribunal de Disciplina entre en acción en contra del juzgador.

Este efecto disuasivo se replicará en todos los juzgadores, convirtiendo al Tribunal de Disciplina Judicial en una pistola cargada que apunta a la judicatura en todo momento.

Por tanto, si el Tribunal de Disciplina Judicial va a sancionar las “manifiestas desviaciones de la legalidad” y será el propio Tribunal el que determine qué es esa “legalidad”, entonces podríamos añadir una nueva causal de responsabilidad administrativa para los juzgadores: “desviarse de lo que diga el Tribunal de Disciplina” o mejor dicho: “salirse del huacal”.


[1] Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 10, febrero de 2022, Tomo II, p. 1654, registro digital 2024180, de rubro: “IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA ALGUNA ADICIÓN O REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS –RESPECTO A SU CONTENIDO MATERIAL–, LO QUE DA LUGAR A DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DESDE EL AUTO INICIAL.”

[2] Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024.

“Artículo 196. El principio de independencia judicial garantiza a las personas juzgadoras la posibilidad de ejercer sin interferencias de ningún tipo su criterio jurisdiccional para resolver las controversias de las que conozcan con respeto al marco normativo aplicable y, en su caso, valorando racionalmente las pruebas que obren en la causa.”

[3] Criterio en Materia de Disciplina 131 del Consejo de la Judicatura Federal. Rubro: “APEGO A LA LEGALIDAD DE RESOLUCIONES JUDICIALES. EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PUEDE EXAMINARLO AL RESOLVER SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE JUECES DE DISTRITO O MAGISTRADOS DE CIRCUITO.”

[4] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Apitz Barbera y otros («Corte Primera de lo Contencioso Administrativo») vs. Venezuela, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 5 de agosto de 2008, Serie C No. 182, párr. 90. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_182_esp.pdf  

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