- El Tribunal de Disciplina Judicial asume el desafío de estructurar un modelo de comportamiento ético para el Poder Judicial, transitando hacia un sistema de justicia más transparente, humano y libre de corrupción
- La colaboración entre el TDJ y la ANDD busca blindar la independencia judicial y la supremacía constitucional y fortalecer el sistema de impartición de justicia del país.
- La ANDD promueve un papel activo y propositivo para acompañar los cambios estructurales del país e incidir positivamente en la realidad jurídica de México.
En el marco de la transformación más profunda de nuestro sistema de justicia en décadas, el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación (TDJ) y la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, A.C (ANDD), suscribieron un convenio de colaboración orientado a promover actividades académicas, espacios de reflexión jurídica y mecanismos de colaboración institucional que contribuyan al fortalecimiento del sistema de impartición de justicia del país.

En un evento realizado el pasado 16 de abril, ante la presencia de juristas destacados, firmaron el convenio la Dra. Celia Maya García, presidenta del TDJ y el Dr. Elías Huerta Psihas, presidente de la ANDD y como testigos el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Dr. José Ramón Amieva Gálves y el Dr. Efraín Meraz, presidente del Capítulo Oaxaca de la ANDD.
En su mensaje la Dra. Celia Maya comento que apenas a ocho meses de su creación, el TDJ asume el reto de estructurar un nuevo paradigma de comportamiento ético y profesional para todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF). En este breve pero intenso periodo de vida institucional, la presidencia del Tribunal ha comenzado a trazar una ruta hacia un sistema de justicia más transparente y humano.
Esta alianza estratégica, enfatizó, surge en un momento crítico donde la exigencia social de abatir la impunidad y la corrupción demanda que los nuevos órganos de vigilancia actúen con autonomía, profesionalismo y, sobre todo, con un respaldo técnico-jurídico que garantice un acceso efectivo a la justicia para todas y todos los mexicanos. Se convierte también en un referente de diálogo y coordinación institucional entre la academia y los órganos jurisdiccionales, en el entendimiento de que la colaboración es necesaria para fortalecer el nuestro sistema de impartición de justicia y el Estado de Derecho.

El Derecho como Agente de Cambio
Expreso la Magistrada Maya García que este encuentro era una gran oportunidad para entablar diálogo con juristas de alta preparación académica y destacó cómo esta característica debe traducirse en un servicio público de excelencia y en una vigilancia rigurosa del desempeño judicial. El doctor o doctora en Derecho, comentó, adquiere una herramienta epistemológica que le permite cuestionar el sistema jurídico vigente, yendo más allá del simple derecho positivo. Este perfil analítico y acucioso dota al jurista de una vocación natural para la investigación, la docencia, los campos tradicionales de la práctica y “más escrutador de los grandes problemas del Derecho”.
Para la magistrada un doctor o doctora en Derecho está dotado del criterio requerido para observar más allá del discurso positivista los cambios del sistema jurídico y del sistema judicial, y para valorar la capacidad de adaptación a las mutaciones de la realidad social.
Nuevo Modelo de Evaluación Judicial

En el Tribunal estamos interesados, dijo, en la promoción de una nueva cultura de la evaluación del desempeño judicial que no se limite solo a lo punitivo, sino que tenga un enfoque preventivo. “Estamos promoviendo un modelo integral de evaluación del trabajo cotidiano del personal judicial bajo estándares objetivos, en principio, cuantitativos, pero también consideramos aspectos como la administración de la oficina, el trato a los colaboradores y la atención a los justiciables.
Por ello, “enfatizamos la capacitación y la especialización como actividades permanentes en los que participa la judicatura porque de esa manera habrá una mejor administración de justicia. Y es en ese renglón en el que se inserta el convenio de colaboración suscrito con la ANDD por su alcance en la difusión y acciones académicas y de investigación que redunden en apoyaturas sólidas para el quehacer de este tribunal”, señaló.
Este es el contexto propicio para que el Tribunal de Disciplina Judicial y la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, hayan acordado un marco de colaboración institucional y académica, que tiene por objeto la difusión de la cultura jurídica y jurisdiccional en materia disciplinaria dentro de las atribuciones del Tribunal, mediante la realización de cursos, seminarios, foros, capacitaciones, talleres y conferencias impartidas por integrantes de cualquiera de las partes firmantes, abundó.
Al reconocer que el ordenamiento jurídico contemporáneo ha mostrado ineficacia para resolver problemas de inseguridad, impunidad y paz social, reflexionó, sobre el reto de los juristas de “nuestra” generación, en especial del gremio de doctores, sobre decidir su posicionamiento ante los problemas de la validez y la eficacia del sistema jurídico, en particular de las modificaciones que de manera constante formula el legislador, sin embargo, “valoramos y respetamos la discrepancia”, dijo. También advirtió sobre los «espejismos» del formalismo y las ficciones jurídicas que suelen ocultar la verdad de los problemas sociales.
Maya García abogó por un cambio hacia el principio rector de los derechos humanos y el reconocimiento de la realidad pluricultural del país, integrando las culturas jurídicas tradicionales de los pueblos originarios.
Resaltó que el Tribunal tiene un mandato de construir una nueva cultura de la disciplina de la judicatura basada primordialmente en la función de evaluación del desempeño judicial, porque, advierte, que es con su cumplimiento puntual y efectivo que se podrá mejorar la administración de justicia para beneficio de los justiciados. La Magistrada subrayó la importancia de escuchar todas las voces para reconstruir la justicia que México requiere. “Confiamos en que este importante acuerdo es una herramienta adecuada para el logro del objetivo institucional señalado”, concluyó.
Observación ciudadana y académica

Durante su intervención, el Dr. Elias Huerta Psihas, destacó el papel activo y propositivo que la ANDD ha mantenido durante años afianzando convenios con otros órganos públicos y jurisdiccionales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recapituló que, con más de 40 años de existencia, la asociación cuenta con una base de aproximadamente 600 doctores y doctoras en derecho distribuidos en todo el país, lo que le otorga una visión federal y diversa de los problemas jurídicos y jurisdiccionales. Coincidió con la magistrada presidenta en que obtener el grado de doctor en Derecho, no solo implica un privilegio, sino también, una gran responsabilidad ante la sociedad, al haber obtenido el grado académico más elevado en el área jurídica.
Frente a la reforma judicial, detalló, la asociación activó un mecanismo académico riguroso para incidir proponer cambios legislativos a todo el sector de la justicia. Recordó que, en el marco de la reforma judicial, la ANDD convocó a foros de análisis donde participaron especialistas de diversas ramas del derecho. Estos trabajos resultaron en ponencias documentadas y entregadas directamente a la presidencia de ambas cámaras del Congreso de la Unión antes de la aprobación de la reforma. Aunque las conclusiones de los foros fueron integradas formalmente en la minuta legislativa, no se tomaron en cuenta finalmente. Además, la ANDD acreditó formalmente ante el INE un Observatorio Electoral para dar seguimiento a todas las etapas de la implementación de la reforma judicial.
Reiteró que defienden la postura de que la reforma no debía limitarse exclusivamente al Poder Judicial, sino que debía abarcar todo el sistema de justicia, incluyendo fiscalías, ministerios públicos, defensoría pública, centros de readaptación social y la atención a las víctimas, cambios que son necesarios en esta intención de mejorar la impartición y administración de justicia en México, y que siguen pendientes.
El Dr. Huerta declaró que la asociación se mantiene como un «órgano de observación permanente ciudadano académico» para vigilar que la Constitución y las leyes relativas a la reforma judicial se apliquen correctamente. En este sentido, la ANDD busca generar, desde su plataforma académica y profesional, mecanismos de participación y colaboración con diferentes instancias para poner a su servicio el conocimiento técnico de sus integrantes para acompañar los cambios estructurales del país e incidir positivamente en la realidad jurídica de México, este convenio es ejemplo de este compromiso de la ANDD, señaló.
Colaboración Activa, no Protocolaria
Al referirse al convenio de colaboración con el Tribunal, aseguró que no es solo un acto protocolario, sino que es la oportunidad para conocer de los temas jurisdiccionales relevantes del país, generar acciones concretas que coadyuven al objetivo del órgano y poder reflexionar en torno a ellos, y así realizar propuestas que ayuden a solucionar los grandes problemas en la materia en nuestro país.
Huerta señaló que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial representa la oportunidad histórica para sanear la impartición de justicia. Hizo hincapié en la importancia de este Tribunal en la vigilancia de la ética y desempeño de las personas juzgadoras y de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Destacó, también, que el Tribunal debe ser un espacio serio para investigar conductas que históricamente fueron ignoradas, tales como el acoso laboral, el acoso sexual y la discriminación dentro del sistema de justicia federal. Afirmo que el fin último de vigilar el desempeño de jueces y magistrados debe ser garantizar que el acceso a la justicia sea efectivo.
Finalmente, reiteró la disposición de la ANDD para apoyar en la importante tarea del Tribunal para fortalecer el respeto a la independencia judicial, la cultura de la legalidad, la supremacía constitucional, el respeto a los derechos humanos y que el acceso efectivo a la justicia sea una realidad para todos los mexicanos. Por ello, desde su plataforma académica, la ANDD se comprometió a mantenerse atenta para sumar mediante la crítica constructiva, la denuncia y el seguimiento de cualquier incumplimiento legal.
Como es tradición, en el evento recibieron constancia de ingreso los nuevos integrantes de la asociación: Dr. Gonzalo Martínez García, Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Disciplina Judicial; Dr. Alejandro David Avante Juárez, Secretario General de la Presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial; Dra. Jessica Gabriela Camacho Velasco, de la firma de abogados Camacho, Ibarra y Asociados; Dr. Marco Antonio Villegas Serrano, abogado postulante, especialista en Derecho Constitucional de Amparo; Dr. Iván Ibarra Soto, socio fundador de la firma Abogados Camacho Ibarra y Asociados; y el Dr. Edgar Alfonso Rodríguez Cabrera, rector del Insigne Colegio Superior de Certificación.




















