La implementación de la Reforma Judicial no solo alteró la estructura orgánica de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, sino que puso en jaque los principios fundamentales de la división de poderes y la independencia judicial, afirma la magistrada federal en retiro Julia María del Carmen García González, recién designada Directora Nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED). Advirtiendo que, al ser substituida la carrera judicial por la tómbola, y el mérito técnico por la popularidad electoral, surge la necesidad de escuchar a quienes han dedicado su vida a la judicatura, cuya perspectiva y experiencia es necesaria para analizar y dimensionar el impacto de estos cambios y lo perjudicial de la pérdida de conocimiento técnico y de la especialización de las personas juzgadoras, que recién fueron elegidas popularmente.
En este contexto, en entrevista para Foro Jurídico, conducida por su Director Elías Huerta Psihas, la Mgda. Julia María García González -con una trayectoria de 32 años en el Poder Judicial Federal-, asume el liderazgo de su gremio en un momento de quiebre. Es la primera vez que la asociación es encabezada por una persona en situación de retiro, un reflejo del éxodo forzado de personas juzgadoras con carrera judicial. La magistrada analiza los retos que enfrentan las personas juzgadoras en la defensa de sus derechos laborales, ante el incumplimiento de las autoridades y la imperante necesidad de reconstruir un Estado de Derecho que hoy se encuentra bajo asedio. A continuación, presentamos lo más relevante de la conversación.
Foro Jurídico (FJ): Usted asume la dirección de la JUFED en un periodo de turbulencia institucional sin precedentes. ¿Cuál es el papel fundamental que debe jugar la asociación hoy y por qué fue necesario realizar ajustes estatutarios para enfrentar esta nueva realidad?
Julia María del Carmen García González (JMGG): Es vital que se difundan temas que, aunque parecen técnicos, no solo impactan a quienes nos dedicamos estrictamente al derecho, sino que tienen repercusiones para la sociedad entera. Recién he asumido la dirección de la JUFED y formo parte de un equipo integrado por juzgadoras y juzgadores, tanto en activo como en retiro, con una misión muy clara: defender activamente la independencia y la autonomía judicial como garantías inherentes a la función jurisdiccional: a la par velar por la defensa de los derechos humanos de las personas juzgadoras.
Tuvimos que reformar nuestros estatutos porque la realidad política nos obligó. Ante la «muy mal llamada» reforma judicial, previmos que saldríamos cientos de personas juzgadoras de carrera, tal como ocurrió. Ahora mismo nos hemos retirado más de 900 perfiles experimentados. El hecho de que yo encabece la dirección estando en retiro es estratégico; mis compañeros en activo deben priorizar su labor en los tribunales, mientras que yo puedo dedicarme de tiempo completo a la representación y defensa de nuestro gremio.
En esta nueva etapa, la JUFED es un bastión de resistencia, con una integración plural entre personas juzgadoras en activo, retiradas y jubiladas. Buscamos defender la independencia judicial porque es lo que permite que una persona juzgadora no tenga que responder a una agenda política o adular al poder en turno. Esa independencia es la que garantiza que el poder público se contenga y trabaje en beneficio de la sociedad. Estamos defendiendo la carrera judicial basada en el mérito, la ética y el profesionalismo, valores que hoy pretenden ser erradicados por un sistema que privilegia la lealtad política sobre el conocimiento jurídico.
La independencia judicial no es un privilegio de quienes juzgamos, es la garantía de que el poder público se contenga en beneficio de la sociedad
FJ: Desde su perspectiva como magistrada con tres décadas de servicio, ¿cuál es el diagnóstico real del impacto de esta reforma? ¿Es posible hablar de una «democratización» de la justicia bajo el modelo actual?
JG: El diagnóstico es demoledor: la reforma no está funcionando porque atacaron precisamente la parte que mejor trabajaba dentro del sistema de justicia. Siempre hemos reconocido que toda institución es perfectible, pero lo que México necesitaba era una reforma integral que atendiera a las fiscalías, donde impera la impunidad, a las policías y a las defensorías públicas. En lugar de eso, decidieron mutilar al Poder Judicial de la Federación.
Hablar de «democratización» mediante el voto popular para jueces es una simulación absoluta y un engaño a la sociedad. No puede haber democracia cuando se utiliza un mecanismo de absoluto control y asfixia presupuestal. Vimos un proceso electivo donde votó menos del 10% de la población y donde los votantes fueron manipulados con «acordeones» proporcionados por el poder político. Eso no es participación ciudadana, es la imposición de un experimento absurdo.
Se está desperdiciando un conocimiento técnico vastísimo acumulado por décadas. Al eliminar la carrera judicial, se mata el aspiracional de miles de servidores públicos. Ahora, un secretario de tribunal ya no puede aspirar a ser juez mediante un examen de oposición riguroso; ahora debe someterse a una tómbola o a una elección popular amañada. Es un contrasentido técnico que el árbitro judicial, que debe ser imparcial, sea elegido por su popularidad. Lo que estamos atestiguando es el reemplazo de la justicia por el control político.
No puede haber democracia cuando la elección de jueces se basa en procesos manipulados y en una participación ciudadana que no alcanzó ni el 10%
FJ: Un pilar del Poder Judicial era su profesionalización. ¿Qué consecuencias identifica usted en la pérdida del conocimiento técnico especializado y la destrucción de la carrera judicial para el justiciable?
Balazo: Al eliminar la carrera judicial se pierde la especialización, dejando a la sociedad vulnerable ante juzgadores que podrían no tener la formación técnica necesaria para resolver casos complejos.
JG: Es la pérdida más grave y perjudicial. Se está desperdiciando un conocimiento técnico vastísimo de juzgadoras y juzgadores acumulado por décadas, que además enseñaron a otras generaciones. Al eliminar la carrera judicial de mérito, se ha matado el aspiracional de miles de servidores públicos que se formaron bajo una cultura de esfuerzo y estudio. Antes de esta reforma, un secretario o secretaria de tribunal tenía una ruta clara: se preparaba durante años, tomaba cursos de especialización y se sometía a exámenes de oposición rigurosos y transparentes para aspirar a ser juez. Hoy, ese camino ha sido destruido. Ahora, a lo más que puede aspirar un secretario es a mantener su cargo actual, porque para subir un escalón debe someterse a una tómbola o a una elección popular amañada y manipulada donde el conocimiento es lo que menos cuenta.
Estamos perdiendo la especialización que garantizaba que, cuando una persona llegaba a un tribunal por un tema administrativo, civil o laboral, le recibiera un experto que conociera a fondo la materia. Al sustituir este sistema por un modelo de lealtades políticas y azar, lo que estamos atestiguando es el reemplazo de la justicia técnica por el control político absoluto. Se está rompiendo el profesionalismo, la ética y la lealtad que no debe ser hacia un partido o un líder, sino hacia la Constitución. El resultado final es un sistema de justicia debilitado, donde la independencia se sacrifica en el altar de una agenda política, dejando a la ciudadanía en un estado de vulnerabilidad frente a los abusos del poder.
Balazo: No puede haber democracia cuando la elección de jueces se basa en procesos manipulados y en una participación ciudadana que no alcanzó ni el 10%
FJ: Uno de los temas más sensibles actualmente es la vulneración de los derechos laborales de los juzgadores que decidieron no participar en este proceso. ¿Qué está ocurriendo con el cumplimiento del artículo décimo transitorio y las prestaciones de retiro?
JG: Estamos ante una violación flagrante a la legalidad por parte de las propias autoridades administrativas. El artículo décimo transitorio de la reforma constitucional establece con total claridad que las personas juzgadoras que declinen participar en la elección tienen derecho a un pago extraordinario. No hay distinciones de fechas ni de condiciones adicionales; es un derecho para quienes decidieron retirarse dignamente ante este atropello.
Sin embargo, el órgano de administración judicial ha actuado con una opacidad alarmante. Al día de hoy, más de 100 personas juzgadoras no han recibido un solo peso de lo que les corresponde. Intentaron inicialmente hacer una distinción restrictiva, argumentando que quienes salen en 2027 no tendrían los mismos derechos que quienes salen en 2025, lo cual es jurídicamente insostenible. Además, tenemos el grave problema de las pensiones complementarias. Hay cientos de colegas a los que se les están reteniendo pagos o se les entregan montos sin ninguna transparencia.
Hemos solicitado audiencias y enviado oficios exigiendo hojas de cálculo detalladas, porque no pedimos una dádiva; exigimos el cumplimiento de la Constitución. Es profundamente irónico que quienes dedicamos nuestra vida a garantizar que la ley se cumpla para otros, hoy tengamos que mendigar el cumplimiento de nuestros derechos mínimos frente a un órgano que parece haber olvidado su función de proteger a los integrantes de la judicatura.
FJ: Ante el bloqueo administrativo y las decisiones de la cúpula judicial que parecen invalidar las suspensiones de amparo, ¿qué recursos le quedan a la judicatura federal para defenderse?
JG: No vamos a claudicar en el uso de los instrumentos del Estado de Derecho. Hemos recurrido al juicio de amparo, que es la vía directa para salvaguardar derechos humanos frente al abuso de poder. Sin embargo, nos enfrentamos a tácticas de bloqueo que yo califico como «chicanas» procesales desde el propio Consejo de la Judicatura.
El pasado 19 de noviembre, se emitió un acuerdo de presidencia que, arrogándose facultades que legalmente no posee, ordenó que todas las suspensiones concedidas en juicios de amparo quedaran insubsistentes. El argumento que usaron fue que la Suprema Corte ya había definido que todo el tema era estrictamente «electoral». Eso es mentira. La propia Corte, en una aclaración del 13 de febrero de 2025, fue muy clara al señalar que la reforma contiene aspectos que afectan derechos humanos y laborales que no son de naturaleza electoral y que, por tanto, son revisables.
Este acuerdo de presidencia del Consejo es una aberración jurídica que deja a los juzgadores en un absoluto estado de indefensión. Estamos combatiendo esto para que el Pleno de la Corte revise esta arbitrariedad. No se puede permitir que un acuerdo administrativo anule la protección constitucional del amparo. Es una lucha técnica, pero sobre todo es una lucha por la dignidad de la función judicial.
FJ:¿Qué horizonte vislumbra para la justicia en México y cuál es el llamado que hace a la comunidad jurídica y a la sociedad civil?
Un estado de derecho real es aquel que contiene al poder público y salvaguarda los derechos de todas las personas sin distinción
JG: El escenario es terrible, pero tengo la convicción de que es transitorio. Lo dije el día que tomé protesta: el oficialismo, como corriente ideológica, eventualmente va a caer, y ese día la historia juzgará con severidad todos estos retrocesos históricos que estamos viviendo. Pero no podemos esperar sentados a que eso suceda. Debemos trabajar intensamente para que estos daños se reviertan a la brevedad posible, porque la sociedad mexicana merece y necesita una justicia profesional e independiente.
Estamos participando activamente en esfuerzos como el Observatorio Judicial y seguiremos alzando la voz en foros nacionales e internacionales para visibilizar lo que está pasando. Mi llamado a la sociedad civil es a que no vean este conflicto como algo ajeno. Defender la independencia de los jueces es defender la libertad de cada ciudadano frente a los abusos del poder. Un estado de derecho real es aquel que contiene al poder público y salvaguarda los derechos de todas las personas sin distinción. Seguiremos en la brecha, pidiendo que se restauren las condiciones elementales para que México vuelva a tener una justicia que verdaderamente nos proteja y defienda a todos.
Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Cuenta con una sólida trayectoria de 32 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación. Se ha desempeñado como secretaria Proyectista adscrita a la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México; como Asesora Jurídica de la Oficialía Mayor del Poder Legislativo del Estado de México y Magistrada de Circuito en Materia Administrativa. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C. y actualmente es Directora Nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED).
