El oficio de la escritura genera un activo intelectual que la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de México está diseñada para proteger. La norma es clara: el escritor es el titular de un conjunto de derechos que deben garantizar su subsistencia y su legado. Sin embargo, en el ecosistema cultural mexicano, la robustez de este marco legal contrasta con una realidad de impunidad sistémica que vulnera la economía creativa del país.
I. La Promesa Incumplida de la Ley
La LFDA establece una protección dual para el autor (Art. 11):
- Derecho Moral: El vínculo inquebrantable del autor con su obra. Es inalienable e irrenunciable (Art. 19), asegurando la Paternidad y la Integridad de la creación.
- Derecho Patrimonial: La esfera económica (vida del autor más 100 años post mortem) que permite la explotación exclusiva mediante Reproducción, Distribución y, crucialmente, Comunicación Pública (Art. 24). Este derecho es la fuente de ingreso del creador.
Lamentablemente, si bien el Derecho Moral suele respetarse, el Derecho Patrimonial —el motor financiero del autor— es ignorado por aquellos que más deberían promover su cumplimiento.
La protección autoral en México es sólida en la ley, pero frágil en la práctica. Instituciones públicas y culturales explotan obras sin pagar, escudándose en lo «no lucrativo» pese a sus presupuestos, menoscabando el sustento del creador. Urge acción de la Secretaría de Cultura.
II. La Falacia de la «Cultura Gratuita»
El cáncer de la cultura gratuita se manifiesta en la explotación de obras por parte de compañías teatrales, instituciones culturales y, de manera más grave, por entidades públicas que manejan presupuestos federales.
Estas instituciones comunican públicamente películas, ejecutan obras dramáticas o literarias y se niegan de forma recurrente a pagar la regalía autoral, escudándose en que la explotación es de carácter «cultural y no lucrativo».
Esta defensa es legalmente insostenible y éticamente cuestionable. La LFDA establece el derecho irrenunciable del autor a percibir una regalía por la comunicación pública de su obra por cualquier medio (Art. 26 bis)¹. El uso de fondos públicos para financiar la producción de una obra de teatro o la proyección de una película implica que la institución tiene la capacidad económica para liquidar también al autor. Si existe un presupuesto operativo, la omisión del pago de la regalía al autor no es una limitación legal, sino una decisión administrativa arbitraria que transgrede la ley.
Cuando una entidad financiada por el erario utiliza la obra de un creador sin pagar la contraprestación obligatoria, no solo viola la LFDA, sino que también desvirtúa la finalidad de fomentar la cultura, pues socava el sustento económico de sus propios creadores. El sistema, en este sentido, se vuelve cómplice del incumplimiento.
III. El INDAUTOR: Un Arma de Prueba, No de Cobro
Si bien el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) dota al escritor de seguridad jurídica a través del Registro Público (RPDA), el certificado de registro (que establece una presunción de autoría en litigios, Art. 77)² es solo una pieza en la batalla, no la victoria.
El escritor debe registrar su obra para probar su autoría, solo para enfrentarse a la realidad de que la defensa de su derecho patrimonial lo llevará a un litigio oneroso y prolongado contra entidades que operan bajo un manto de aparente legalidad institucional. El sistema judicial y administrativo es lento y costoso, lo que beneficia al infractor institucional y desincentiva al autor individual a reclamar pequeños montos de regalías.
La actual fragilidad del sistema de protección autoral en México desincentiva el reclamo de los escritores ante procesos judiciales lentos y costosos que terminan favoreciendo a los infractores institucionales sobre el derecho patrimonial del autor
IV. Un Llamamiento a la Conciencia Institucional
Es imperante que la Secretaría de Cultura Federal asuma un rol activo y frontal contra esta práctica. El respeto al derecho de autor no es una opción programática; es un mandato que debe reflejarse en cada presupuesto y cada contrato.
Se requiere una campaña de conciencia y fiscalización urgente que comunique a todas las instituciones culturales —públicas y privadas— la obligatoriedad de la LFDA, garantizando que los presupuestos de producción y comunicación incluyan de forma transparente y liquidada el pago de las regalías. Solo cuando el derecho de autor se respete en la tesorería de cada entidad pública, el escritor mexicano podrá ejercer plenamente su derecho y la LFDA dejará de ser una promesa en papel.
¹ Ley Federal del Derecho de Autor, Artículo 26 bis.
