La Cuarta Transformación (4T) ha prometido un cambio profundo en la vida pública del país. Sin embargo, en materia tecnológica y de gobernanza, los desafíos persisten -y se agravan- a medida que el aparato gubernamental continúa operando bajo lógicas del siglo pasado. La inercia burocrática, los pobres resultados institucionales, la creciente insatisfacción ciudadana y las restricciones presupuestales exigen no solo un nuevo discurso, sino una transformación real de fondo. Si se desea dar resultados diferentes, es urgente hacer las cosas de forma diferente, como aseguraba Einstein.
Es un hecho que la burocracia, la inoperabilidad, la sobrerregulación y la opacidad, son propicias para aquellos que buscan corromper la legalidad del sistema, es decir, se vuelve terreno fértil y propicio, por ello, para llegar a los resultados esperados debemos actualizar la gestión pública.
Una burocracia paralizante
La administración pública mexicana sigue operando con procesos fragmentados, redundantes y excesivamente regulados. La burocracia, lejos de garantizar legalidad y control, se ha convertido en una trampa que ralentiza decisiones, ahoga la innovación y diluye la responsabilidad institucional. En muchos casos, los servidores públicos se ven obligados a cumplir procedimientos sin sentido práctico, únicamente por cumplir con una norma desactualizada.
Esta rigidez ha limitado la capacidad del Estado para adaptarse a contextos cambiantes, responder con agilidad ante crisis o brindar servicios públicos acordes con las expectativas ciudadanas actuales.
Malos resultados e insatisfacción social
Los indicadores de desempeño gubernamental muestran una constante: desconfianza ciudadana, baja calidad en los servicios, opacidad, corrupción y lentitud. La promesa de un Estado cercano, transparente y eficiente aún está lejos de cumplirse.
En un contexto donde las personas interactúan a diario con plataformas privadas ágiles, intuitivas y personalizadas, el contraste con los servicios gubernamentales -muchos aún presenciales, impersonales y burocratizados- genera frustración, enojo y una percepción creciente de ineficiencia.
Carencias presupuestales como barrera, no como excusa
La falta de recursos ha sido un argumento recurrente para justificar la falta de innovación. Sin embargo, la verdadera causa de la ineficiencia gubernamental no es solo presupuestal, sino estructural. Hay recursos, pero se utilizan mal. Se dispersan, se duplican esfuerzos, se invierten en soluciones parciales que no dialogan entre sí.
En lugar de replicar viejas fórmulas, es momento de repensar el modelo completo: reducir costos mediante simplificación de procesos, interoperabilidad tecnológica y decisiones estratégicas basadas en datos.
Como parte de mi investigación doctoral sobre tecnología de punta en la contratación pública, resultó que el costo de inversión en tecnología y un nuevo modelo de gobernanza se paga solo si le pegamos al porcentaje de la corrupción e ineficiencia. La formula no falla y presupuesto para la mejora debe generarse con ahorros, eficiencias y mejor aplicación del recurso público.
Tecnología de última generación como palanca de cambio
La tecnología no debe verse como un accesorio, sino como una condición indispensable para transformar la gestión pública. Herramientas como inteligencia artificial, blockchain, automatización robótica de procesos (RPA), analítica avanzada y sistemas interoperables permiten mejorar la trazabilidad, reducir tiempos, aumentar la transparencia y brindar servicios centrados en las personas.
Pero la tecnología no opera en el vacío. Necesita de un ecosistema institucional y normativo que le permita desplegar todo su potencial. Aquí debemos dar el primer paso con la construcción de bases de datos que den la posibilidad de hacer analítica avanzada para toma de decisiones y, darle el soporte a las herramientas propicias.
Hacia un nuevo modelo de gobernanza
Para que la tecnología transforme verdaderamente al Estado, es necesario cambiar también la forma en que se gobierna. Se requiere un modelo de gobernanza que:
- Coloque al ciudadano al centro, no al procedimiento.
- Integre la toma de decisiones basada en evidencia y no en intuición política.
- Fomente la colaboración interinstitucional mediante plataformas tecnológicas comunes.
- Priorice la transparencia, la trazabilidad y la rendición de cuentas.
Este modelo también exige un Estado más flexible, que entienda que la desregulación y la mejora regulatoria no son una amenaza al control, sino un vehículo hacia la eficiencia.
Gestión del cambio y capacitación: la clave está en las personas
Una transformación real no es solo digital, es también cultural. Por ello, es indispensable trabajar con el personal público en su propio proceso de cambio. Capacitar, sensibilizar, incorporar metodologías ágiles y brindar herramientas prácticas para que el cambio no sea una carga, sino una oportunidad.
La resistencia no debe ser vista como un obstáculo insalvable, sino como una señal de que el cambio necesita ser más empático, más claro y acompañado.
El Estado atrapado en el siglo XX
Los gobiernos mexicanos, independientemente del signo político, han arrastrado una inercia burocrática basada en la lógica del papel, la firma autógrafa y la validación múltiple. Esta cultura administrativa no solo impide la eficiencia, sino que genera un entorno de desconfianza, desmotivación interna y maltrato institucional tanto para los usuarios como para los propios servidores públicos.
A esto se suma el uso de tecnología obsoleta, sistemas fragmentados, falta de interoperabilidad y soluciones digitales que responden más a la oferta del proveedor que a las necesidades del proceso. En lugar de agilizar, muchas tecnologías implementadas terminan replicando digitalmente la ineficiencia preexistente.
Un escenario posible si todo sigue igual
Si el gobierno mantiene su funcionamiento actual -basado en procesos burocráticos redundantes, infraestructura tecnológica obsoleta, opacidad institucional y resultados públicos sin impacto tangible- el escenario futuro será preocupante. Entre las consecuencias más probables se encuentran:
- Mayor erosión de la confianza ciudadana, especialmente entre jóvenes que esperan servicios digitales ágiles, transparentes y personalizados.
- Desconexión entre políticas públicas y resultados sociales, al no contar con datos confiables ni herramientas analíticas para evaluar impactos.
- Fuga de talento público, por frustración ante estructuras que impiden innovar o mejorar.
- Crecimiento del gasto ineficiente, debido a la duplicidad de procesos, contrataciones tecnológicas inadecuadas y mala planificación.
- Aumento de la corrupción estructural, facilitada por la opacidad, la discrecionalidad y la ausencia de trazabilidad tecnológica.
- Aislamiento institucional frente a estándares internacionales, afectando la competitividad, cooperación internacional y cumplimiento de compromisos multilaterales.
El Estado corre el riesgo de volverse irrelevante para una sociedad cada vez más exigente y tecnológica, así como inoperante ante la globalización y competencia internacional. Y eso no se soluciona con retórica, sino con acción.
Tecnología y gobernanza: palancas para revertir el colapso institucional
El panorama anterior no es inevitable. Existen rutas claras para revertirlo, pero exigen voluntad política, decisión técnica y liderazgo institucional. En concreto, se requiere:
- Tecnología de última generación al servicio de procesos, no al revés: inteligencia artificial, blockchain, automatización y plataformas interoperables.
- Nuevo modelo de gobernanza, centrado en el ciudadano, basado en evidencia y con enfoque de colaboración horizontal.
- Rediseño de procesos con enfoque en eficiencia, simplicidad y valor público.
- Desregulación y mejora regulatoria para eliminar normas obsoletas y habilitar lo digital.
- Gestión del cambio y capacitación continua para empoderar al personal público como protagonista de la transformación.
La 4T está en deuda en materia de innovación gubernamental. Si se desea un Estado que funcione, que resuelva y que recupere la confianza social, se requiere una transformación tecnológica acompañada de una reforma profunda al modelo de gobernanza.
