Imaginen que, por un día, el país se transformara. No en su gente, no en sus recursos, sino en la forma en que se gestiona la administración pública. Que Petróleos Mexicanos se despertara siendo ExxonMobil; que la Comisión Federal de Electricidad operara como Iberdrola; que el Tren Maya fuera administrado por Siemens Mobility y; que el nuevo AIFA se rigiera con la eficiencia operativa de un hub aeroportuario como Changi en Singapur, o simplemente imaginemos que Mexicana de Aviación tuviera el enfoque corporativo de una aerolínea como Delta.
¿Qué pasaría?
Lo primero que cambiaría sería el gobierno corporativo. No más decisiones discrecionales, improvisadas o políticas. Habría una junta directiva compuesta por especialistas, con plan de negocios claro, mecanismos de control, y sobre todo, rendición de cuentas real. Los nombramientos serían por mérito, no por lealtades. Los estados financieros serían públicos, auditados y comparables internacionalmente.
La gestión estratégica pasaría de la opacidad a la evidencia. Cada proyecto debería demostrar su viabilidad técnica, financiera y social. Un aeropuerto no se haría “porque sí” o para competir con otro, sino tras estudios de mercado, análisis de ROI, rutas logísticas y comparativas de eficiencia. Un tren no se construiría a fuerza de decretos, sino como resultado de una planeación de movilidad nacional alineada a criterios sustentables y de largo plazo.
Si las empresas estatales fueran privadas, habría indicadores clave de desempeño (KPIs). El número de accidentes en Pemex, el robo de combustible, las pérdidas por mantenimiento inadecuado o la falta de inversión en energías limpias serían faltas graves, no notas de pie de página.
Si el Tren Maya fuera gestionado como una empresa ferroviaria europea, ya tendría cronograma, gestión de riesgos, indicadores de impacto ambiental claros y una estrategia de integración regional sólida, no promesas políticas ni improvisaciones legales.
Si Mexicana se rigiera con estándares IATA, cada vuelo cancelado sería una alerta roja, y no parte del anecdotario nacional.
Y lo más importante: si todo esto fuera operado con recursos privados, ninguna de estas entidades podría darse el lujo de perder millones sin consecuencias, porque cuando el dinero es privado, el fracaso es sinónimo de despido, reestructura o desaparición. Cuando el dinero es público, el fracaso se normaliza, se justifica, se entierra.
La realidad es que las empresas del Estado, al no estar sometidas a los mismos controles que las empresas privadas, funcionan bajo lógicas distintas. Ahí donde el mundo corporativo castiga el sobrecosto, en la gestión pública se tolera como “gasto necesario”. Ahí donde una junta directiva despediría a un CEO por resultados negativos, en el gobierno se premia con otra secretaría o cargos políticos.
La falta de transparencia, auditoría efectiva, rendición de cuentas y sanción real ha convertido a nuestros grandes proyectos en agujeros negros presupuestales, donde no hay consecuencias ni incentivos alineados al bien común. Donde el “progreso” se mide por conferencias de prensa, no por resultados.
No se trata de privatizar todo, sino de administrar lo público como si fuera privado, con la misma disciplina, eficiencia y rigor. Porque el dinero que se pierde no es del gobierno: es del pueblo. Y cuando no se rinde cuentas por ello, lo que se erosiona no es solo el presupuesto, sino la confianza en el futuro.
México no necesita más megaproyectos, necesita mejor gestión, y para eso, necesitamos importar algo más valioso que tecnología o inversión extranjera: las mejores prácticas del mundo que sí dan resultados. ¿A poco no les cansa escuchar las pérdidas millonarias de recursos públicos todos los días?
