En épocas complejas para la impartición de justicia en nuestro país, cualquier análisis que pretenda seriedad requiere reconocer de inicio la enorme deuda que pesa sobre los operadores jurídicos de frente a la sociedad. Nadie podrá cuestionar que las necesidades jurídicas insatisfechas de personas, familias y empresas mexicanas son cada vez mayores. También es una realidad que la percepción y experiencia de la gran mayoría de quienes transitan los cauces procesales son negativas. Por eso es importante llevar las pretensiones de justicia más allá de reformas en la cúspide del Poder Judicial, eso cumplirá si acaso una misión política, pero está lejos de la verdadera y necesaria transformación de la Justicia.
Hace 8 años el diagnóstico de los Diálogos por la Justicia Cotidiana, que el Ejecutivo encargó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) junto con otras prestigiadas instituciones, señaló las siguientes características de la impartición de justicia en México: compleja, cara, lenta, imprevisible y discriminatoria. Entre otras acciones se reformó el artículo 73 constitucional para que el Congreso expidiera una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Le dio un plazo de 180 días, pasaron más de 2 000. Hablemos de las nuevas instituciones para los nuevos tiempos.
“Es necesario crear y mantener un estándar de calidad en el servicio ofrecido a quienes requieren solucionar controversias a través de formas distintas a la jurisdicción; modelos alternativos que persigan la construcción de paz donde los conflictos ya se han instalado.”
Con cierta intermitencia desde hace poco más de 20 años, en foros, congresos y círculos especializados en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), se hace mención de la necesidad de generar entre los operadores de estos formas puntuales de cooperación y coordinación para crear y mantener un estándar de calidad en el servicio ofrecido a quienes requieren solucionar controversias a través de formas distintas a la jurisdicción; modelos alternativos que persigan la construcción de paz donde los conflictos ya se han instalado.
Esta idea de intercambio de experiencias y planes compartidos, persigue como objetivo el avanzar juntos en pro de una estrategia nacional que no termina de configurarse cabalmente, ante la necesidad de abatir el fenómeno de la saturación de los tribunales, las instituciones de administración de justicia de las entidades, incorporaron sus propios centros de Justicia Alternativa con una óptica inspirada en diversas fuentes, al fin adaptados a sus particulares circunstancias, de tal suerte que la diversidad y la experiencia adquirida por cada entidad ha tornado la deseada homologación del servicio de mecanismos alternativos de solución de controversias en un objetivo que por decir lo menos se antoja complejo.
Cabe mencionar que fieles a la filosofía de la resolución pacífica de conflictos, hoy por hoy, se ha cumplimentado con una agenda que comporta la acción pertinente entre tribunales superiores de justicia a través de sus centros de Justicia Alternativa, Congreso de la Unión, representantes de la academia, barras de abogados y sociedad civil en general. Recientemente se gestó la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que tiene por objeto establecer las bases, principios generales y distribución de competencias en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 73 fracción XXIX-A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
No sobra poner en relevancia la pertinencia de dotar a la ley en comento de un estatus jurídico tal que salve lo ya ganado y producido por los estados operarios en materia de mecanismos alternativos. Debe reconocerse además que esta ley publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de enero de 2024, pone el andamiaje para la consolidación de una verdadera política pública en materia de construcción de paz que en sí misma conlleva para su materialización, la exigencia de construir un auténtico Sistema Nacional y para muestra, el capítulo segundo referente al Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, el cual se erige por disposición legal como el máximo órgano colegiado, rector en materia de las precitadas políticas públicas en México.
Por disposición legal este Consejo es colegiado, se integra de las personas titulares de los centros públicos de MASC de la federación y de las entidades federativas. Al final, esencialmente en los hechos, es el responsable de materializar el sistema nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias que mencionamos en el inicio y para ello se servirá de estrategias de comunicación entre sus integrantes, además de producir los lineamientos en materia de capacitación, certificacion, supervisión y de la integración de un registro nacional de operarios de MASC, así como de la sistematización, validación y registro de los convenios que se generen los cuales serán el producto último y tendrán la potencia y fortaleza de cosa juzgada, también tendrá la función de crear vínculos con profesionales e instituciones que colaboren y otorguen capacitación en la materia.
“El Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias es el responsable de materializar el sistema nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias, para ello se servirá de estrategias de comunicación entre sus integrantes, además de producir los lineamientos en materia de capacitación, certificación, supervisión y de la integración de un registro nacional de operarios de MASC.”
Resulta alentador que a través de la tarea de coordinación y marco normativo por crear, vía los lineamientos mencionados, el sistema nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias sea una realidad que sirva eficientemente a personas, familias y empresas mexicanas que podrán proveerse. Además de personas facilitadoras capacitadas en negociación y construcción de acuerdos también estarán disponibles los procedimientos resolutivos de conflictos que todos puedan entender y, por lo mismo, confiar en ellos para solucionar su situación patrimonial, comercial, empresarial, familiar o de cualquier tipo, sin demeritar los beneficios para las diversas personas morales, representantes de gremios y asociaciones que cumplimentarán de mejor manera sus objetivos cuando dialoguen para solucionar sus diferencias.
La importancia del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, el cual se instaló en solemne acto convocado por la Dra. Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e integrantes de la administración de justicia de la Federación y entidades operarias de los centros de Justicia Alternativa de las entidades federativas sea acaso la creación de una agenda nacional inclusiva y de desarrollo para una de las estrategias de política pública especializada en la construcción de paz que por su naturaleza debe proveer a la sociedad mexicana en todas sus estratos y facetas de una pedagogía que demuestra y enfatiza que sin paz no hay vida ni desarrollo posible.
“La importancia del Consejo es crear una agenda nacional para una de las estrategias de política pública especializada en la construcción de paz que por su naturaleza debe proveer a la sociedad mexicana de una pedagogía que demuestra que sin paz no hay vida ni desarrollo posible.”
Cabe agregar que, en la mencionada sesión de instalación del Consejo Nacional, tuvo lugar la votación para elegir por mayoría calificada a quién habría de presidirlo y en cuya responsabilidad operativa y honorífica recaería la logística y estrategia para cumplimentar integralmente el capítulo segundo de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, el cual establece los salvoconductos para la comunicación entre los integrantes y sus atribuciones. Es en este marco de instalación del Consejo, el pasado 19 de abril en una muestra de unidad, congruencia y fortaleza de los poderes judiciales de las entidades federativas, fui designado por el voto secreto de los integrantes, Presidente del Consejo Nacional y con la intención de capitalizar el esfuerzo de miles de actores que desde hace poco más de 20 años, sentaron las bases de lo que ahora se vislumbra como una nueva época en la consolidación de la cultura de paz para México. El 8 de julio se realizará la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional, con presencia de la sociedad civil, poderes judiciales, academia e interesados en la materia.
“El pasado 19 de abril, en una muestra de unidad, congruencia y fortaleza de los poderes judiciales de las entidades federativas, fui designado por el voto secreto de los integrantes, Presidente del Consejo Nacional y con la intención de capitalizar el esfuerzo de miles de actores que sentaron las bases de lo que ahora se vislumbra como una nueva época en la consolidación de la cultura de paz para México.”
A manera de conclusión, solamente me gustaría expresar que a través de la Ley en cita México ha conseguido lo que ciertamente en otros países todavía es un proceso que va transcurriendo, dicha normativa y sus bondades están capitalizadas y son el soporte del sistema nacional de resolución de conflictos. Ahora el Consejo habrá de materializar sus intenciones y bondades que quizá se traducen en que todos seamos conscientes de que la paz es un proceso que comienza con nosotros mismos.
