Juan Carlos de la Vega, Socio director de la firma legal Santamarina y Steta y experto en materia laboral, señaló que hay demasiado que hacer para cumplir los lapsos que establece la reforma en materia de subcontratación, lo que se agrava por falta de claridad.
“La nueva regulación establece escasos 90 días para numerosos grupos industriales que tienen esquemas de operación muy complejos y que requieren de mucho análisis y negociaciones con cientos de proveedores. Además, son confusos los criterios a seguir para registrar a los prestadores de servicios especializados en el padrón de la Secretaría del Trabajo. No hay criterios específicos que diga quién debe registrarse y quién no”, dijo.
El especialista aclaró que las nuevas reglas del juego quedaron establecidas con cambios que en general dejan saldos positivos para el país: se abolieron las prácticas abusivas del insourcing y outsourcing de personal, lo que generalizó el derecho que tienen los trabajadores al reparto de utilidades.
“Ahí fue importante que el sector empresarial logró convencer a los legisladores de establecer un tope, a fin de que las empresas mantengan su competitividad, sobre todo a la luz del nuevo tratado de comercio de América del Norte TMEC”, señaló.
