La transparencia corporativa en México ha dejado de ser únicamente una cuestión de voluntad empresarial o de códigos de ética declarativos. Hoy, se consolida como un reto estructural que exige infraestructura tecnológica capaz de documentar, rastrear y auditar decisiones legales y de cumplimiento de forma continua y verificable.
De acuerdo con el Índice de Integridad Corporativa 500 (IC500) —instrumento desarrollado por organizaciones especializadas en anticorrupción para evaluar a las 500 empresas más relevantes del país— el puntaje promedio en prácticas de integridad pasó de 36.8 puntos en 2017 a 76.8 en 2025, lo que representa un incremento de más del 100%.
Sin embargo, el mismo índice señala que cerca del 20% de las empresas evaluadas no alcanza un nivel mínimo aceptable, y solo el 63% reporta programas formales de capacitación en integridad, evidenciando una brecha entre la política declarada y su ejecución operativa.
Este contexto se vuelve aún más relevante ante los cambios regulatorios recientes. En 2025, el marco legal mexicano en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales fue actualizado, fortaleciendo las obligaciones de las organizaciones respecto a la documentación, resguardo y trazabilidad de información, así como las sanciones por incumplimiento. Estos ajustes regulatorios refuerzan la necesidad de contar con sistemas que respalden la gobernanza corporativa más allá de procesos manuales o dispersos.
De acuerdo con Juan Pablo Granda, director ejecutivo de LemonTech, la transparencia corporativa requiere infraestructura tecnológica que documente cada decisión, permita auditar procesos y genere evidencia verificable. “El software legal convierte la transparencia en una práctica medible, no en un discurso”, aseguró.
Regulación a través de la tecnología
En este escenario, el software legal se posiciona como un componente estratégico de la infraestructura de gobernanza. Estas soluciones permiten a las empresas centralizar información legal, automatizar flujos de trabajo, generar evidencia auditable y monitorear el cumplimiento normativo en tiempo real, transformando la función legal en un eje de control, prevención y transparencia.
“Evitar el greenwashing o el social washing implica poder demostrar con datos y procesos lo que se comunica públicamente. La tecnología legal ayuda a las empresas a alinear sus operaciones con sus compromisos éticos y regulatorios, fortaleciendo la confianza en el largo plazo”, señaló Granda.
LemonTech, ha desarrollado plataformas especializadas para responder a estas exigencias. A través de soluciones como LemonFlow, LemonSuite y CaseTracking, la empresa facilita a áreas legales corporativas y firmas jurídicas la gestión integral de procesos legales, contratos, litigios y cumplimiento, con altos estándares de trazabilidad y control.
Asimismo, permite documentar de forma centralizada decisiones legales y de cumplimiento, asegurar la trazabilidad completa de procesos, estandarizar criterios de actuación y generar evidencia verificable en tiempo real. Estas capacidades facilitan auditorías internas y externas, fortalecen la rendición de cuentas y reducen la discrecionalidad en la gestión legal, elementos clave para que las empresas respalden con datos sus compromisos éticos, ambientales y sociales.
El uso de tecnología legal también contribuye a reducir riesgos legales y reputacionales, al permitir que las organizaciones identifiquen desviaciones, controlen plazos críticos y asignen responsabilidades claras, fortaleciendo la rendición de cuentas interna y externa. En un entorno donde inversionistas, autoridades y consumidores demandan mayor claridad sobre el impacto real de las empresas, contar con información estructurada y verificable se vuelve un diferenciador estratégico. Así, la gobernanza se consolida como una infraestructura operativa, donde la tecnología legal juega un papel central para impulsar transparencia, cumplimiento y responsabilidad corporativa en México.
