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En el país de las niñas desaparecidas, apliquemos la ley

La búsqueda de Sunshine –su nombre real ha sido omitido por ser menor de edad– terminó a los once meses de estar desaparecida. Su madre la había hallado, increíblemente, con vida. Pero no por eso estaba tranquila. Al contrario: lo verdaderamente difícil estaba por comenzar para esa familia del sur de Florida.

A Sunshine, de 15 años, se le había visto por última vez en febrero de 2018, cuando las cámaras de vigilancia del condado de Broward County, Estados Unidos, la vieron subir a la motocicleta de un hombre que rondaba los 30 años. Ese hombre la había violado de manera constante desde hace varios años y la había citado para llevarla a una clínica para abortar con el objetivo de cubrir sus crímenes.

Sin embargo, Sunshine nunca llegó a la clínica. Tampoco volvió a casa con sus padres. Nadie supo de ella hasta que su madre, siguiendo una dolorosa corazonada, la encontró en una pantalla: su hija menor de edad aparecía, desconcertada, en un video casero alojado en una página pornográfica.

Esa madre coraje siguió durante días las pistas que recogía de internet. Tras horas de navegar por esos oscuros rincones de la web, encontró 58 videos pornográficos con su hija menor de edad en sitios para adultos como Pornhub, pero también en inofensivas redes sociales como Periscope y Snapchat. En la mayoría, Sunshine lucía aterrorizada.

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Uno de esos videos fue clave para el regreso de su hija: aparecía un hombre fornido y calvo, quien fue identificado por un encargado de una tienda de Fort Lauderdale como ese extraño adulto que solía acompañar a Sunshine a comprar mezcladores para bebidas alcohólicas. Al instante, se convirtió en el sospechoso principal de la desaparición de la adolescente, quien volvía a ser buscada intensamente.

Gracias a su identificación física se logró rastrear su nombre y las placas de su auto. Días más tarde un radar anunció que un Dodge Challenger negro con las características reportadas a la policía circulaba por la ciudad. Un patrullero acudió al llamado y detuvo a Christopher Johnson por numerosos delitos sexuales. La evidencia más contundente estaba en el vehículo: Sunshine reveló que llevaba meses secuestrada haciendo un video pornográfico tras otro para su victimario.

La historia fue ampliamente difundida el año pasado por el diario South Florida Sun Sentinel y se volvió viral por todo el mundo, especialmente después de que el caso se volvió emblemático para organizaciones defensoras de derechos humanos, como Exodus Cry, que inició una multitudinaria campaña para tumbar al gigante Pornhub, el sitio más grande de videos pornográficos.

El hecho de que las violaciones contra una niña de 15 años estuvieran durante meses en ese portal indignó a cientos de miles de personas en el mundo, cansadas del poder e impunidad que tienen páginas como esas para monetizar con pornografía infantil a la vista de todos.

En solo unos días, más de 300 organizaciones como FightTheNewDrug y Covenant Eyes se unieron al reclamo de Exodus Cry y lograron más de un millón de firmas en la campaña más exitosa contra el gigante MindGeek, una multinacional tecnológica especializada en la pornografía que tiene bajo su manto a páginas como Pornhub, RedTube, YouPorn o productoras “profesionales” como Brazzers o Reality Kings, que simulan violaciones a adolescentes para sostener millonarias operaciones en sus oficinas en Montreal, Londres, Los Ángeles, Nicosia, Bucarest y Luxemburgo.

La ola de protestas tenían como origen información pública y a la vista de todos: 8 de cada 10 videos pornográficos en esas plataformas, en promedio, exhiben algún tipo de violencia contra la mujer, 7 de cada 10 muestran o simulan actos no consensuados, 5 de cada 10 infantilizan a sus protagonistas para hacerles ver como menores de edad y 3 de cada 10 tienen “tramas” típicas de casos reales de trata de personas, como la oferta de trabajos inexistentes para tener relaciones sexuales.

En 2010, cincos investigadores de la Universidad de Nueva York analizaron los 50 videos pornográficos más comprados y rentados en el mundo. De 304 escenas analizadas, en 88.2% había agresiones físicas y en el 48.7% había violencia verbal. Los académicos, liderados por Ana J. Brigdes, hallaron dos peligrosas constantes para quien consume pornografía: los agresores típicamente son hombres que no reciben castigos por sus violencias y las agredidas, casi siempre mujeres, aprenden a responder con sumisión o un falso placer a la agresión.

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No es casualidad que ese sea uno de los efectos más indeseables de la pornografía: además de generar una progresiva adicción, sus consumidores se desensibilizan al dolor ajeno, pierden empatía con las víctimas de trata de personas, pornografía infantil o delitos sexuales y se acercan peligrosamente de la fantasía de la pantalla a los crímenes de la vida real contra mujeres, niñas y niños, según los hallazgos del Journal of Sex Research.

Esas hipótesis de miles de académicos serios se han confirmado, lastimosamente, durante la pandemia en nuestro país. El confinamiento que causó la Covid19, así como la sobreexposición al internet y la pobreza y desigualdad, causó un pico de hasta 37% en el consumo de esa pornografía en los hogares mexicanos, de acuerdo con la casa encuestadora Statista Research Department.

No sólo creció el consumo de pornografía. También hubo un pico de producción de videos caseros pornográficos, en el que aparecieron cada vez más menores de edad, acaso porque las escuelas cerraron dejando a millones dentro de hogares conflictivos y enclaustrados por el confinamiento. La Dirección General Científica de la Guardia Nacional calculó que el aumento de pornografía infantil en la pandemia se elevó 73% en redes sociales.

A ese crecimiento en el consumo y producción de pornografía en México le siguió la violencia en la vida real: como consecuencia, las llamadas de emergencia por abuso sexual, acoso sexual, violación, trata de personas violencia de pareja o abuso sexual contra mujeres y niñas crecieron durante la pandemia, según la organización Aldeas Infantiles SOS México.

Es decir, en cuanto se disparó el consumo de pornografía en el país, también se disparó la violencia contra las personas que suelen aparecer en esos videos y cuyo sufrimiento se usa como afrodisiaco o como dinero en efectivo, pues muchos de esos productores de videos para adultos viven de las fantasías de secuestro, violación e, incluso, feminicidio de los asiduos a esas páginas.

En México, para sorpresa de muchos, esa actividad es considerada ilícita. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la norma vigente aprobada en 2012, la sanciona hasta con 30 años de prisión por sus efecto nocivos en la sociedad.

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De acuerdo con el artículo 13, será sancionado con prisión y hasta 30 mil días de multa a quien “se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la pornografía” o cualquier actividad sexual remunerada vigente mediante el engaño, la violencia física o moral, el abuso de poder, el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, daño grave o amenaza de daño grave o la amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su situación migratoria en el país.

Tratándose de personas menores de edad o personas que no tiene la capacidad de comprender el significado del hecho no se requerirá la comprobación de esos medios comisivos.

Hace ocho años, cuando la ley fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, muchos criticaron que su redacción fuera tan dura con la pornografía. Los más críticos aseguraban que había un trasfondo moral y que se afectaban derechos personales.

Hoy, a la luz de los datos cada vez más contundentes que nos brindan académicos, activistas de derechos humanos, víctimas de trata de personas y miles de mujeres y niñas violentadas que fueron obligadas a filmarse o recrear escenas de violencia sexual vistas en una computadora, estamos convencidos de que quienes hicimos realidad esa ley actuamos con humanismo y en estricto apego a los derechos más valiosos en una sociedad: la de una vida libre de violencia y la de la irrenunciable dignidad humana.

Fue una lucha cuesta arriba, pero hoy México tiene una ley de avanzada, aplaudida a nivel internacional por una vanguardia de defensores de mujeres y niñas, quienes ven con esperanza nuestra legislación y han comenzado a dar una batalla legal en sus países por prohibir la pornografía violenta, como nosotros lo tenemos establecido.

Tenemos la ley y a la sociedad de la mano. A los abogados defensores de oficio, los privados, ministerios públicos, fiscales y jueces: no tengamos miedo en aplicar la norma vigente, y ser tercos en la defensa de los más vulnerables, los que más necesitan de nuestra voz en tiempos de crisis.

En el país de la trata de personas, los feminicidios y las niñas desaparecidas, cerrarle el paso a esos videos degradantes, y aplicar la ley, es lo más revolucionario que podemos hacer.

Denuncia al 5591292929 o a www.tupista.org

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