En el marco de la Unión Europea los abogados se encuentran en una compleja encrucijada que les obliga al cumplimiento de sus deberes en defensa de los intereses de los clientes, a asumir sus responsabilidades frente a los tribunales y, en paralelo, a cooperar con las autoridades en las obligaciones legales que les vienen impuestas, como es en el área de prevención del blanqueo de capitales, en la que se instituyen como sujetos obligados en relación con determinado tipo de actividades profesionales.
En esta intersección de deberes de diversa naturaleza los abogados han de atender a los intereses que se desencadenan desde cada una de dichas perspectivas, dentro de marcos regulatorios en constante evolución, dirigidos a potenciar la transparencia corporativa, a combatir de forma efectiva las actividades ilícitas, así como a garantizar la protección de los derechos humanos en contextos sostenibles a nivel social y ambiental; todo ello en consonancia con los principios asentados en las normas deontológicas que regulan la profesión.
Estos principios han sido recogidos en disposiciones como el Código de Conducta y la Carta de Principios fundamentales adoptados por el Consejo de la Abogacía Europea, así como en códigos deontológicos desarrollados por los consejos de la abogacía a nivel nacional, entre los que se pueden subrayar, por su relevancia, los principios dirigidos a preservar la independencia de los profesionales; la observancia del secreto profesional y de la confidencialidad; así como la negativa a intervenir en circunstancias en las que concurren conflictos de intereses.
La idea que se preconiza a nivel deontológico es que el abogado ocupa una posición central en el Estado de Derecho, desde la cual ha de servir a los intereses de la justicia y los de aquellos que les confían su defensa, pero en la actualidad, ante las nueves corrientes legislativas que se están desencadenando gradualmente a nivel mundial, también deben asumir el desafío de mayor calado de promover la defensa de los derechos humanos, como subraya la Guía Práctica para abogados sobre Empresas y Derechos Humanos de la International Bar Association del año 2016, actualizada recientemente.
En el entorno comunitario se han ido introduciendo medidas legislativas destinadas a promover la protección de los derechos humanos por las empresas, así como a aumentar la transparencia, la responsabilidad corporativa y la sostenibilidad ambiental, con el impulso concluyente que ha supuesto la aprobación de la Directiva 2022/2464, 14 de diciembre de 2022, relativa a la presentación de información sobre sostenibilidad, y la Directiva 2024/1760, de 13 de junio de 2024, sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad.
Estos desarrollos legislativos han tenido naturalmente implicaciones significativas para la práctica de los abogados a todos los niveles en el amplio espacio comunitario y, de forma global, a escala mundial, puesto que los profesionales se enfrentan al asesoramiento de empresas de diferentes sectores y en distintos puntos geográficos, en relación con estos alambicados esquemas normativos, que, a su vez, se entrelazan con las directrices provenientes de organizaciones internacionales, como los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos desarrollados por la Organización de las Naciones Unidas, así como las diferentes disposiciones elaboradas, entre otras, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Organización Internacional del Trabajo.
En definitiva, resulta determinante la labor que pueden desplegar los abogados al guiar a las empresas en dirección a la protección de los derechos humanos, en consonancia con los mandatos legales dictados a nivel nacional, comunitario e internacional en esta materia. Desde su visión experta a nivel legal y con el conocimiento de los intereses de las compañías a las que asesoran, pueden alcanzar un mayor grado de detalle en la evaluación los riesgos comerciales que pueden implicar abusos de los derechos humanos y, por consiguiente, favorecer la búsqueda de vías eficientes para su mitigación.
Dentro de este entramado normativo el abogado puede también desempeñar un papel decisivo de apoyo a las empresas en el cumplimiento de los deberes de transparencia en materia de sostenibilidad y en la observancia de los procedimientos de diligencia debida en orden a prevenir los impactos negativos reales y potenciales a nivel social y medioambiental, como también pueden asistir en el diseño e implementación de las políticas que permitan identificar, prevenir y mitigar los impactos adversos y en la redacción de los términos contractuales precisos para asegurar su cumplimiento en el seno de las cadenas de suministro.
De forma concluyente, desde su posición estratégica de asesoramiento de empresas, los abogados asumen el compromiso de impulsar el cumplimiento por las compañías a las que asesoran como clientes de los presupuestos trazados por las normas nacionales, comunitarias e internacionales, en aras a afianzar una cultura corporativa ética que equilibre su rentabilidad con la protección de los derechos humanos y el medioambiente. En contrapartida, con el fin de que puedan acometer estos objetivos de forma realista, es crucial brindar herramientas a los profesionales que les permitan reforzar su compromiso ético en su labor de asesoramiento en estas materias, que presentan múltiples aristas en su interpretación, contando siempre con el soporte de las instituciones, los centros educativos y los colegios de abogados.
