En el 2018, con el arribo de la Cuarta Transformación encabezada por el recién presidente Andrés Manuel López Obrador, había un sentimiento común en la mayoría de los mexicanos y fue el atino en centrar su campaña política en un dolor causado por los constantes casos de corrupción, lo que podemos afirmar, era la columna vertebral en su estrategia y, por ello, se causó tanta expectativa. Durante su campaña electoral, López Obrador prometió acabar con la corrupción en el gobierno y crear un país más justo y equitativo para todos los mexicanos.
A casi 5 años, nos damos cuenta de que lo que consideramos incongruencias para dar resultados contundentes, para el presidente son congruencia pura a su forma de actuar en los cargos públicos que le anteceden, pero vamos a ello:
INCONGRUENCIAS PARA LOS MEXICANOS
- No aportar suficientes recursos para las autoridades encargadas de la prevención, gestión de riesgos y fiscalización.
- Atacar a los órganos autónomos.
- Menospreciar el trabajo de las autoridades anticorrupción, transparencia, fiscalización y hasta de organizaciones no gubernamentales.
- Aplicar justicia selectiva contra servidores públicos afines a otros partidos políticos y no hacer nada, en la corrupción de los miembros de la cuarta transformación.
- Atacar constantemente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Manipular a la Fiscalía General de la República.
- Manipular al Poder Legislativo.
CONGRUENCIAS PARA AMLO
- No dar recursos a instituciones que limiten la corrupción en su gestión.
- Eliminar a los órganos autónomos con la etiqueta de ahorro, para concentrar el poder y debilitar la institucionalidad.
- Siempre ha demostrado que está en contra de la transparencia y fiscalización, por ejemplo, la magna obra pública del segundo piso de periférico cuando fue jefe de gobierno.
- A lo que llama adversarios, es donde se aplica la fuerza de la autoridad, ya sea con evidencia o sin ella, por ejemplo, el caso Lozoya.
- Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace valer la Constitución, son corruptos, por ejemplo, el plan b electoral.
- Tener a la Fiscalía General de la República para actuar en contra de adversarios, por ejemplo, el caso de Ricardo Anaya.
- Tener la mayoría de diputados y senadores, le permite mandar iniciativas de reforma a leyes, para que se modifiquen sin ser revisadas, inclusive, incumpliendo toda legalidad del procedimiento legislativo, como por ejemplo, la sesión de la Cámara de Senadores en la casona de Xicoténcatl.
Más allá de construir un artículo que parezca ataque a la Cuarta Transformación, es importante señalar, que cuando se tiene un legitimo interés de combatir de fondo a la corrupción, veremos señales muy claras en el posicionamiento de las instituciones competentes; se disminuirá considerablemente la impunidad y, por ende, se fortalecerá el estado de derecho; tendremos reformas legislativas alineadas a un plan de desarrollo y necesidades sociales; automatización de gestiones y trámites; contratos públicos más competitivos y estratégicos, entre muchas acciones, pero sobre todo, se gestionarán riesgos de manera efectiva en procesos vulnerables.
La corrupción en México ha sido un problema persistente durante décadas. El país ha sido clasificado como uno de los más corruptos del mundo, lo que ha afectado negativamente la economía, la percepción global y la calidad de vida de sus ciudadanos. En respuesta a este problema, el gobierno ha promovido una serie de iniciativas para combatir la corrupción, sin embargo, a pesar de los aparentes esfuerzos, los resultados han sido nulos.
Una de las principales iniciativas para combatir la corrupción ha sido la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que tiene como objetivo coordinar los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas para prevenir y sancionar la corrupción en México, sin embargo, a pesar de su creación en 2016, el SNA ha enfrentado diversos obstáculos en su implementación y ha sido criticado por su falta de efectividad. Hoy caemos en el absurdo que se pretende eliminar a su Secretaría Ejecutiva para enviarla a la Secretaría de la Función Pública, la misma autoridad encargada de la prevención y gestión de riesgos que, siendo pragmáticos, han sido incapaces de disminuir la corrupción en nuestro país.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México es una entidad autónoma que tiene como objetivo garantizar el derecho a la información y proteger los datos personales en el país. Sin embargo, en los últimos años, el INAI ha enfrentado una serie de ataques por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha criticado a la institución por considerarla costosa e ineficiente.
Desde que llegó al poder en 2018, el presidente López Obrador ha expresado su deseo de desmantelar al INAI, argumentando que la institución no está haciendo un buen trabajo al proteger los datos personales y garantizar el acceso a la información pública, aún y cuando es una de las instituciones más sólidas de nuestro país a nivel internacional.
La postura del presidente López Obrador ha sido contradictoria, toda vez que, por un lado, ha buscado eliminar al INAI, mientras que, por otro lado, ha prometido un gobierno transparente y honesto. En la realidad, gran parte de sus proyectos icónicos están reservados para limitar el acceso a la información.
A pesar del constante discurso, la corrupción sigue siendo un problema grave en México. Según un informe de Transparencia Internacional, México se ubicó en el lugar 126 de 180 países en su Índice de Percepción de la Corrupción de 2022, contrastado con el Índice Global de Impunidad 2022 UDLAP con un promedio nacional de 60.8 puntos, además del Índice de Estado de Derecho 2022 de World Justice Project, que nos coloca en el 115 de 140 países. Los ciudadanos también han expresado su frustración con la falta de progreso en la lucha contra la corrupción. En una encuesta realizada por el periódico El Universal en 2020, el 72% de los encuestados dijo que la corrupción era un problema «muy grave» en México.
En conclusión, a pesar de los supuestos esfuerzos del gobierno para combatir la corrupción en México, los resultados han sido escasos. El debilitamiento de instituciones aleja toda posibilidad de resultados y, en consecuencia, vuelven a nuestro país un terreno fértil a la corrupción.
De prosperar las reformas que pretenden fusionar a la Secretaría Ejecutiva del SNA a la Secretaría de la Función Pública, así como enviar las funciones del INAI a la Auditoría Superior de la Federación, permitirá una descomposición orgánica en el modelo de gobernanza ideal para gestionar riesgos con independencia y autonomía de gestión, además de apagar la luz, para que los servidores corruptos se sirvan “con la cuchara grande”.
