Imaginemos que ganas una licitación pública para un contrato de obra con el Estado, realizas los trabajos conforme al contrato y, sin razón alguna, la autoridad decide no pagarte. Inicias un juicio, ganas y, aun así, han transcurrido diez años y la autoridad no ha cumplido con el pago que tienes derecho a recibir. Este es un caso real y mucho más común de lo que puede creerse.
Una empresa fue adjudicada para realizar una obra pública, la cual ejecutó en tiempo y forma. No obstante, el Estado, sin razón legal alguna, determinó que no pagaría esos trabajos, lo que generó que el particular interpusiera una demanda de nulidad. Este proceso jurisdiccional inició en el año 2016 y, después de dos años, los órganos jurisdiccionales determinaron que el actuar de la autoridad fue ilegal y, por tanto, reconocieron el derecho al pago en favor de la empresa.
Ante ello, la autoridad inconforme promovió un medio de defensa que, para no entrar en tecnicismos, podemos señalar que fue resuelto por un órgano judicial de mayor jerarquía, en el cual se confirmó lo antes expuesto: la empresa tiene derecho a que se le pague la cantidad adeudada. En términos simples, esto implica que dos tribunales estudiaron y analizaron el caso, y concluyeron que el ciudadano tiene razón y debe pagársele una determinada cantidad.
Hasta ese momento habían transcurrido tres años desde que inició el juicio y pudiera pensarse que era momento de celebrar la victoria y proceder a cobrar la cantidad resultante. Pero nada podría estar más alejado de la realidad y de la práctica diaria. Aquí es donde inicia el verdadero pleito con la autoridad y un viacrucis para el ciudadano.
Una vez que se declara que el ciudadano tiene la razón legal y, como consecuencia, se le reconoce el derecho a recibir un pago, se da inicio a una etapa que, en el argot jurídico, se conoce como ejecución de sentencia. En términos simples, es el momento en que se obliga a la autoridad demandada a cumplir con la condena determinada por los jueces y magistrados; en este caso, proceder a pagarle al ciudadano que ganó el juicio.
Entonces, en teoría, la ejecución de la sentencia debería ser una etapa sencilla y ágil para garantizar los derechos de una persona, pues, en el deber ser, una vez dictada la sentencia y adquirida su firmeza, la autoridad demandada queda obligada a cumplirla.
En un juicio de índole federal, como es el caso que sirve de referencia para este artículo, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece, como regla general, un plazo de cuatro meses, contado a partir de que la sentencia queda firme, para que la autoridad demandada y vencida en juicio dé cumplimiento puntual a la sentencia.
En caso de que la autoridad no lo haga, el Tribunal cuenta con diversos mecanismos para exigir su cumplimiento. Por ejemplo, puede imponer multas, requerir al superior jerárquico para que la obligue a cumplir e, incluso, dar vista al Ministerio Público.
Visto de esta manera, pareciera que hacer cumplir una sentencia debería ser sencillo. Pero ¿qué sucede cuando la autoridad aprovecha el propio sistema para eludir su obligación durante años sin que exista una consecuencia efectiva? Es ahí donde se genera un escenario de incertidumbre e injusticia para un ciudadano que tiene la razón legal y respecto del cual ya se ordenó que sus derechos sean protegidos y reconocidos.
En el presente caso, han pasado aproximadamente diez años desde que inició el juicio, sin que el ciudadano pueda ver materializado su pago. Un pago al que tiene derecho; un pago que se ganó con su trabajo y que representa no solo una cantidad de dinero, sino que puede comprometer la propia viabilidad de la empresa, generar deudas en su interior, retrasar créditos pendientes de pago y poner en riesgo la nómina, entre muchas otras consecuencias negativas.
Esta situación es grave porque no solo compromete el derecho a recibir la cantidad adeudada, sino que evidencia las dificultades que puede enfrentar un ciudadano para conseguir que una resolución judicial favorable sea efectivamente acatada.
Además, iniciar un juicio no es una tarea sencilla. Implica la contratación de abogados para preparar la demanda, esperar un tiempo razonable para que se dicte una sentencia y, en caso de resultar favorable, iniciar su ejecución. Es decir, ganar un juicio implica un gasto y una inversión de tiempo para demostrar que un acto de autoridad es ilegal.
Esto puede convertirse, si queremos verlo desde una óptica simplista, en un doble castigo para el particular: primero, la autoridad actúa de manera ilegal, lo que lo obliga a iniciar un juicio para cuestionar su actuación; después, aun habiendo ganado, debe esperar y continuar actuando jurídicamente para conseguir que la sentencia se cumpla.
Entonces, ¿por qué continúa sucediendo esta problemática si existen mecanismos al alcance de los juzgadores para hacer cumplir sus determinaciones?
Una práctica que sucede y que consiste en que las autoridades condenadas señalen que se encuentran “en vías de cumplimiento”. En términos sencillos, funciona más o menos así: el juzgador requiere a la autoridad para que, dentro de un plazo determinado, acredite el pago. La autoridad contesta que se encuentra realizando gestiones tendientes a cumplir. El Tribunal vuelve a requerir y la autoridad vuelve a informar que está realizando los actos necesarios para lograrlo.
De esta manera puede generarse un círculo vicioso y repetitivo en el que transcurren los años entre requerimientos y respuestas, sin que la obligación finalmente se materialice.
Cuando esta dinámica deja de ser suficiente, las autoridades condenadas pueden alegar imposibilidades para dar cumplimiento o interponer medios de defensa que, independientemente de su procedencia, prolongan el procedimiento de ejecución de sentencia.
Hasta aquí pretendo exponer la gravedad que implica incumplir reiteradamente una sentencia o, mejor dicho, prolongar su cumplimiento. Recordemos que estamos hablando de una autoridad que realizó un acto que posteriormente fue calificado como ilegal y que obligó al ciudadano a interponer un juicio en su contra. Aun después de obtener una sentencia favorable, el particular continúa enfrentándose al aparato gubernamental para conseguir que el derecho que ya le fue reconocido se materialice.
Como ciudadanos, cualquiera de nosotros podría encontrarse en una situación similar el día de mañana. No queda más que exigir lo que por derecho corresponde e instaurar las vías y mecanismos legales disponibles para obligar a la autoridad a cumplir una sentencia.
A la par, resulta necesario cuestionarnos si los mecanismos que actualmente contemplan las leyes administrativas son suficientes para garantizar, de manera real y adecuada, el acceso a la justicia y si son eficaces para conseguir que las autoridades cumplan las sentencias en un periodo razonable. Porque una sentencia que no se cumple corre el riesgo de convertirse únicamente en un reconocimiento en papel.
Volvamos entonces al caso con el que iniciamos: el particular ganó. Dos órganos jurisdiccionales reconocieron su derecho al pago y existe una sentencia que así lo determina. En el papel, el ciudadano salió victorioso frente al Estado; sin embargo, han pasado diez años y sigue esperando.
Por ello, cuando hablemos de justicia administrativa, deberíamos cuestionarnos no solo cuánto tarda un tribunal en dictar una sentencia favorable, sino también cuánto tarda el Estado en acatarla.
Una sentencia que reconoce un derecho, pero que no es obedecida por la administración pública, difícilmente puede llamarse justicia.
