América fue la región más desigual del mundo en 2020 y la pandemia de Covid-19 ha agudizado la desigualdad y la violencia de género en la región. Para finales del año pasado se perfilaba el incremento vertiginoso de los niveles de pobreza manifiesta el Informe 2020/21 sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Mundo de Amnistía Internacional.
En toda la región, las medidas de confinamiento por la COVID-19 dieron lugar a un considerable aumento de la violencia contra las mujeres, que incluía la violencia de género intrafamiliar y el homicidio. Las medidas para proteger a las mujeres y las niñas fueron inadecuadas de forma casi generalizada. En algunos países se recortaron los programas de apoyo y, en otros, los propios actores estatales perpetraron actos de violencia, señala el informe.
Mientras que la libertad de expresión se vio amenazada por los gobiernos de al menos una docena de países.
Amnistía Internacional subraya que América siguió siendo una de las regiones más peligrosas del mundo para los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente para quienes trabajaban en cuestiones relacionadas con la tierra, el territorio y el medioambiente.
Situación de los DDHH en México
Amnistía Internacional, destaca los recortes al gasto público, el aumento en denuncias de violencia de género; detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza y la estigmatización del presidente contra defensores de derechos humanos, medios de comunicación y las activistas feministas.
Pese a la emergencia sanitaria, señala el informe, el gobierno aplicó políticas de austeridad a través de un decreto que recortaba el gasto público salvo en programas que se consideraban prioritarios, como varios proyectos importantes de infraestructura.
También, desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores, por medio de un decreto que carecía de normativa sustantiva para garantizar que el comportamiento de las fuerzas armadas fuera conforme con las normas internacionales. El presidente también anunció que el control de los puertos y puntos de aduana pasaría a las fuerzas armadas.
Mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguía sin analizar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que había sido impugnada en 2019 por la CNDH.
En materia de violencia de género, el informe señala que el Instituto Nacional de las Mujeres recortó en julio el 75% (151 millones de pesos mexicanos) de su presupuesto operativo. El presidente de la República seguía minimizando el problema de la violencia contra las mujeres.
Seguían vigentes 21 “alertas de violencia de género contra las mujeres” en 18 entidades federativas. Al terminar el año no había ninguna señal de que estos mecanismos hubieran reducido la violencia de género.
El informe resalta las reacciones adversas del presidente mexicano ante las críticas a los proyectos insignia de su administración como el caso de los defensores de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas manifestaron su preocupación por el megaproyecto conocido como Tren Maya.
No obstante, en noviembre, México ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), que incluía medidas de protección para los defensores y defensoras de los derechos ambientales y pertenecientes a pueblos indígenas.
Mientras que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mantuvo medidas de protección para 1.313 personas (887 defensores y defensoras de los derechos humanos y 426 periodistas). En octubre se disolvió el fideicomiso que apoyaba este mecanismo de 308 Informe 2020/21 Amnistía Internacional protección, y sus fondos pasaron al presupuesto público general.
Al menos 19 periodistas fueron asesinados durante el año y se informó que Notimex estaba involucrada en una campaña difamatoria contra varios periodistas y medios de comunicación que publicaban contenidos críticos con el gobierno.
Por último, las cifras oficiales muestran un total de 1.426.094 casos confirmados de COVID-19 y fallecieron por COVID-19 al menos 2.397 profesionales de la salud. El personal sanitario denunció que carecía de acceso a los equipos de protección individual y las prestaciones necesarias para garantizar un entorno laboral seguro.
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