Los abogados fuimos formados para crear argumentos y convencer. Nos enseñaron a encontrar, interpretar, relacionar leyes, identificar contradicciones, lagunas, ambigüedades y encontrar una respuesta jurídicamente aceptable. Es parte del oficio, casi elemental. Sin embargo, esa habilidad terminó por convencer a una gran cantidad de abogados de que todo aquello que pueden explicar con lógica es verdad y está demostrado. No es así.
Un argumento puede ser impecable en su estructura y estar absolutamente errado en sus premisas. Lo que se dice puede sonar coherente, coincidir con nuestra experiencia subjetiva y hasta tener cierto respaldo en ciertos contextos, sin que ello signifique que existe evidencia suficiente para acercarlo a una verdad científica.
Hagamos una pausa. La evidencia científica y el razonamiento jurídico no funcionan de la misma manera. En el derecho partimos usualmente de textos normativos, hechos acreditados, precedentes y ciertas reglas de interpretación. De ahí llegamos una conclusión. La ciencia, por su lado, primero formula hipótesis, mide variables, compara grupos, controla explicaciones alternativas y acepta que sus conclusiones son en un principio provisionales. No pretende que una explicación resulte lógica, ni mucho menos acepta anticiparse. Lo que más le interesa a la ciencia es saber si una conclusión es verificable, repetible y si puede resistir su comprobación.
Ahora, el conocimiento científico no es infalible, no todo estudio merece que lo aceptemos en automático. Hay investigaciones mal diseñadas en lo metodológico, muestras insuficientes, problemas de réplica y conclusiones excesivas. La crítica sigue siendo necesaria, de ahí la labor de journals arbitrados y de cómo otros científicos están siempre revisando los resultados de sus colegas.
Pero, una cosa es examinar la calidad de la evidencia y otra distinta es rechazarla de tajo solo porque no coincide con nuestras ideas, creencias, experiencias, con nuestra intuición o con la postura que ya hemos decidido defender. Aunque usualmente el abogado lo niega, lo cierto es que nos ocurre más de lo que solemos admitir y eso es producto de nuestra formación.
En 2023, Mihael A. Jeklic, investigador de la Dickson Poon School of Law del King’s College London, publicó en el Journal of Empirical Legal Studies una investigación experimental titulada Can You Trust Your Lawyer’s Call? Legal Advisers Exhibit Myside Bias Resistant to Debiasing Interventions. El estudio analizó a 166 participantes en su papel de asesores legales. Todos trabajaron en el mismo conflicto, pero unos debían asesorar a la parte reclamante y otros a la parte demandada. Los resultados mostraron que el solo hecho de representar intereses opuestos modificaba considerablemente sus pronósticos y la valoración que hacían de los argumentos
Los asesores de los reclamantes pedían indemnizaciones 69 por ciento mayores a las calculadas por quienes representaban a la contraparte. Por otra parte, cada grupo consideró que los argumentos favorables a su cliente eran los más convincentes. Cuando se les pidió que consideraran la posición de su contraparte y se les dijo que existía la posibilidad de que tuvieran sesgos, ese efecto disminuyó, pero no desapareció del todo.
El hallazgo incómodo porque no se trata solo de una simulación. El abogado realmente puede llegar a creer que la interpretación favorable a su cliente es la interpretación más objetiva y correcta. Ese efecto lo he visto a lo largo de mi carrera de casi tres décadas en el contencioso administrativo federal, pero no solo con abogados postulantes sino con aquellos que defienden a las autoridades administrativas que están convencidos que la única verdad es la que cristaliza su estrategia de defensa.
Así es, después de revisar un expediente durante semanas, hablar con el cliente, identificar conceptos de impugnación y preparar una estrategia, los hechos se ordenan alrededor de esa teoría del caso. Los datos que confirman nuestros intereses se vuelven los únicos relevantes, pero aquellos que los contradicen se perciben como excepciones, deficiencias metodológicas o aspectos que todavía pueden explicarse.
Por otra parte, quien sabe argumentar mejor también puede encontrar más razones para defender aquello que quiere creer o que le conviene aceptar como cierto. Puede decir que su caso es diferente a otros, cuestionar a las personas que participaron en el estudio, poner en duda al investigador, recordar una experiencia personal que parece demostrar lo contrario o mencionar un asunto en el que las cosas sucedieron de otra manera, o lo más grave, sencillamente decir de manera genérica que “no le convence el resultado de la investigación, que en su experiencia las cosas no son así”.
Nada de eso es incorrecto en términos absolutos, el problema es cuando se usan todas esas objeciones solo para rechazar la evidencia que contradice nuestra postura, aunque aceptemos sin la misma exigencia cualquier dato o experiencia que nos otorga la razón.
Muchos abogados exigen investigaciones perfectas cuando la evidencia contradice sus ideas y postura. Pero, si una anécdota, una intuición o un comentario confirma lo que ya pensaban, suelen aceptarlo con mucha menos exigencia.
Ahí se relacionan dos fenómenos distintos. El sesgo de confirmación consiste en buscar, recordar y valorar con mayor facilidad la información que coincide con nuestras creencias, mientras prestamos menos atención a lo que las cuestiona. El razonamiento motivado va todavía más allá. No sólo seleccionamos la evidencia que nos favorece, sino que usamos nuestra capacidad de análisis para justificar la conclusión que deseamos sostener. En otras palabras, el sesgo de confirmación influye en qué información vemos y aceptamos. El razonamiento motivado influye en cómo la interpretamos y defendemos. Ambos pueden llevarnos a analizar la evidencia no para descubrir qué es verdad, sino para proteger una creencia, una identidad profesional, una posición institucional o un interés concreto
Un artículo publicado en 2022 en Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos, una de las revistas científicas más reconocidas a nivel internacional, examinó las razones psicológicas por las que algunas personas rechazan la evidencia científica. En este trabajo Aviva Philipp-Muller, investigadora del Departamento de Psicología de la Universidad Estatal de Ohio, junto con Spike W. S. Lee y Richard E. Petty., nos explican que la resistencia a la ciencia aparece cuando la fuente no se considera confiable, cuando el mensaje contradice creencias que la persona considera verdaderas, valiosas o moralmente correctas, cuando amenaza la identidad del grupo al que pertenece o cuando la forma de comunicar la información no coincide con su manera habitual de entender el conocimiento.
En el caso de los abogados puede haber otra razón, y es que estamos muy acostumbrados a pensar que casi cualquier afirmación puede discutirse si se tiene un buen argumento. Frente a una interpretación jurídica suele existir otra. Frente a una sentencia puede aparecer otra con ciertos matices, pero más adecuada a nuestra posición. Frente a una opinión doctrinal casi siempre hay otra postura contraria.
En términos pragmáticos, dudar de todo es hasta cierto punto útil porque nos enseña a desconfiar de respuestas absolutas. El problema surge cuando creemos que, por el simple hecho de poder formular una objeción racional y lógica, ésta tiene el mismo peso que una fundada en evidencia, no todas las explicaciones gozan del mismo valor. Una idea puede ser más débil desde el punto de vista lógico o argumentativo y, aun así, contar con mucha más evidencia que otra. Saber controvertir una afirmación no significa haber demostrado que la otra es falsa.
La ciencia tampoco desaparece porque exista un estudio contrario. Hay que mirar la calidad de las investigaciones la metodología empleada, la consistencia de los resultados, el tamaño de las muestras, la posibilidad de replicación y el peso conjunto de la evidencia. No se trata de evaluar opiniones, sino de evaluar su solidez.
También existe otra dificultad, una más humana. A muchas personas nos incomoda no tener una respuesta. En el derecho estamos acostumbrados a decidir entre opciones concretas: un juicio procede o no procede, un argumento es fundado o infundado, una persona es responsable o no lo es.
La ciencia funciona de manera distinta. Nos habla de probabilidades, tendencias, relaciones entre factores, márgenes de error y conclusiones que pueden cambiar si aparece nueva evidencia. Para quien está acostumbrado a resolver con una respuesta clara, esa prudencia puede traducirse en debilidad argumentativa, pero no lo es, es parte de la forma responsable en que trabaja la ciencia.
En 2019, James H. Stark, profesor emérito de Derecho de la Universidad de Connecticut, y Maxim Milyavsky, académico del Ono Academic College de Israel, publicaron en la revista Washington University Journal of Law & Policy un estudio sobre la manera en que la necesidad de obtener respuestas definitivas influye en el razonamiento de quienes estudiamos derecho. La investigación, titulada Towards a Better Understanding of Lawyers’ Judgmental Biases in Client Representation: The Role of Need for Cognitive Closure, analizó a 468 estudiantes de doce facultades de derecho de distintas regiones de Estados Unidos.
Los participantes trabajaron en un caso simulado de lesiones personales y les fueron asignados, al azar, los roles de abogados de la parte demandante o de la demandada. Los investigadores encontraron que quienes se sentían más cómodos con respuestas claras y contundentes y menos cómodos con la duda o la ambigüedad, mostraban un sesgo más marcado en favor de la parte que representaban. Ello afectaba tanto sus predicciones sobre lo que resolvería un juez como la cantidad que consideraban justa para llegar a un acuerdo.
En el estudio se les pidió a una parte de los estudiantes que identificaran las debilidades de su propio caso y que consideraran la posibilidad de estar equivocados. El ejercicio ayudó a reducir el sesgo al predecir el resultado judicial. Sin embargo, no logró eliminarlo cuando debían calcular cuál sería un acuerdo justo. En otras palabras, incluso después de reconocer los puntos débiles de su defensa, muchos siguieron considerando más justa la solución que favorecía a su cliente.
No estamos ante un problema que aparece en personas con poca preparación académica y experiencia profesional real. Ciertamente, la experiencia profesional ayuda a evitar ciertos errores, pero no nos vuelve inmunes.
En 2023, Doron Teichman, Eyal Zamir e Ilana Ritov, investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, publicaron en el Journal of Empirical Legal Studies una investigación que comparó experiencias entre fiscales, abogados defensores, estudiantes de derecho y personas sin formación jurídica.
El estudio encontró que la experiencia profesional ciertamente protege frente a ciertos errores. Por ejemplo, fiscales y defensores no se dejaron influir por una cifra irrelevante que se les presentó como punto de referencia, mientras que los estudiantes y las personas sin formación jurídica sí fueron afectados por ella. Sin embargo, otros sesgos influyeron de manera semejante en todos los grupos. En otras palabras, la experiencia jurídica puede ayudarnos a evitar caer en ciertos sesgos, pero no nos vuelve inmunes a todos ellos.
No se trata de desconfiar de la lógica jurídica en términos absolutos, ni de reemplazar el criterio profesional por evidencia científica o estadísticas en todos los casos. Lo que quiero exponer, es que es importante que como gremio empecemos a reconocer que la intuición, la experiencia y la capacidad de argumentar no bastan para responder preguntas sobre cómo funciona realmente la conducta humana.
Podemos debatir jurídicamente cómo debe valorarse una conducta. Pero, para afirmar cómo suelen comportarse las personas, qué medida reduce un riesgo o qué factores influyen en una decisión, necesitamos evidencia. Apoyo y respeto a la ciencia, así nuestras decisiones serán mucho más fundadas y correctas.
El abrazar a la ciencia no consiste en creer ciegamente en los expertos. Consiste en estar dispuesto a cambiar de opinión cuando los datos ya no sostienen lo que pensábamos a partir de nuestra lógica. La lógica no reemplaza al estudio ni al conocimiento. Es aquí donde se encuentra a mi parecer una de las formas más difíciles de humildad profesional: admitir que una explicación puede sonar lógica, convincente y elegante, y aun así no describir correctamente la realidad.
En mis años de trabajo entre abogados, magistrados y jueces, pocas cosas me han resultado tan frustrantes como encontrarme frente a una lógica cerrada que se presenta como razonamiento, pero en realidad funciona como una muralla impenetrable. No admiten datos, no aceptan evidencia, no distinguen entre experiencia y costumbre. Se protegen detrás de frases como “siempre se ha hecho así”, “no me convence” o “yo lo veo de otra manera”, como si la sola seguridad con la que se afirma o rechaza algo fuera suficiente para volverlo verdadero.
Ahí es donde la inteligencia jurídica puede convertirse en su propia trampa. Quien sabe argumentar también puede aprender a blindar sus errores. Puede construir una defensa impecable para no cambiar nunca de opinión. Puede confundir firmeza con rigidez, experiencia con certeza y criterio con prejuicio. Lo grave no es equivocarse, todos lo hacemos. Lo grave es convertir nuestra lógica en una puerta cerrada para que entre la realidad.
El derecho necesita convicciones, cierto, pero también necesita humildad. Necesita personas capaces de sostener una postura, pero también de abandonarla cuando la evidencia demuestre que ya no es válida. Una profesión que sólo sabe defender lo que ya cree ha dejado de pensar y de avanzar.
Quizá el verdadero rigor no radica en encontrar siempre un argumento para insistir en que tenemos la razón, sino en conservar la capacidad de reconocer cuándo la razón ya no está de nuestro lado y así optar por cambiar.
