La reciente Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (LG-MASC, 2024) constituye uno de los avances normativos más relevantes en materia de acceso a la justicia en México. Su diseño reconoce a los MASC como un derecho humano y se fundamenta en principios como la voluntariedad, la confidencialidad, la imparcialidad y la autodeterminación de las partes. La ley no solo regula procedimientos: invita a repensar cómo el Estado concibe la justicia favoreciendo la prevención, la corresponsabilidad y una comprensión más humana del conflicto.
Aunque los MASC tienen límites claros —pues solo pueden utilizarse en asuntos que versen sobre derechos disponibles y renunciables, y nunca cuando se afecten derechos de terceros o de niñas, niños y adolescentes— la LG-MASC obliga a todas las instituciones públicas y privadas a garantizar espacios de diálogo, reparación del daño y justicia restaurativa.
Este mandato adquiere un sentido especial en el ámbito universitario. Las instituciones de educación superior (IES) son comunidades complejas y diversas, lugares donde convergen miles de personas con expectativas y realidades emocionales distintas. En este contexto, el conflicto no es necesariamente una falla institucional, sino una manifestación natural de la convivencia y, muchas veces, una oportunidad pedagógica. En consecuencia, la LG-MASC no solo establece obligaciones legales: abre la posibilidad de transitar de modelos disciplinarios tradicionales y, generalmente, punitivos hacia esquemas formativos que construyan ciudadanía desde el diálogo y la corresponsabilidad.
En los últimos años, las universidades del país han enfrentado tensiones cada vez más visibles: conflictos estudiantiles que escalan con rapidez, procedimientos disciplinarios percibidos como rígidos o poco transparentes, y una comunidad que exige procesos más humanos y acordes con su realidad emocional. En este escenario, los MASC y la justicia restaurativa aportan mucho más que la resolución de casos: contribuyen a reconfigurar la manera en que se gestionan y resuelven los conflictos.
Las intervenciones tempranas —ya sea mediación, conciliación, negociación o simples espacios de escucha— pueden evitar procedimientos disciplinarios innecesarios, reducir el desgaste institucional y prevenir el escalamiento del conflicto en etapas tempranas.
Esta eficacia se explica porque los conflictos universitarios rara vez se originan en un hecho aislado: suelen estar cargados de historia, percepciones y emociones acumuladas. Por eso, abordarlos de manera oportuna no solo es más eficaz: es más humano y contribuye a una gestión más integral y estratégica del conflicto.
Acompañar el conflicto de manera adecuada lo convierte en un proceso formativo. La comunidad universitaria —especialmente el estudiantado— desarrolla habilidades socioemocionales, pensamiento crítico, empatía, tolerancia, escucha activa, responsabilidad personal y capacidad para llegar a acuerdos y resolver diferencias de manera dialogada; competencias esenciales no solo para la vida académica, sino para la vida democrática. En este sentido, los MASC fortalecen una de las funciones sustantivas de las IES: formar ciudadanía desde un enfoque humanista.
Además, los MASC permiten construir procesos más justos y equitativos. Frente a procedimientos disciplinarios que a menudo se perciben como confusos o desiguales, los espacios de diálogo equilibran asimetrías, dan voz a todas las partes, y permiten comprender el impacto real de las conductas. Cuando la comunidad percibe justicia, confía y se vincula mejor con su institución.
La reparación del daño también adquiere un significado distinto. No se limita al castigo: puede expresarse en disculpas responsables, compromisos de conducta, proyectos comunitarios o acuerdos de convivencia que permitan cerrar el ciclo del conflicto y evitar que permanezca abierto o latente. La reparación, bajo un enfoque restaurativo, se transforma en un proceso socioeducativo que reconstruye vínculos y fortalece la cohesión universitaria.
Cuando las instituciones apuestan por este modelo, no solo disminuye la incidencia de conflictos: también se fortalece su identidad. La comunidad universitaria percibe claridad, cuidado, acompañamiento real y un trato igualitario que fortalece el sentido de pertenencia. Estos elementos tienen un impacto directo en la permanencia escolar, el rendimiento académico y el bienestar emocional.
En conclusión, los MASC son herramientas jurídicas, pedagógicas y comunitarias capaces de prevenir conflictos, reparar daños y fortalecer la convivencia en las universidades. En un país que avanza hacia modelos de justicia más restaurativos, las IES tienen la oportunidad histórica de convertirse en referentes nacionales de paz, diálogo y corresponsabilidad, integrando el desarrollo de habilidades socioemocionales como elemento central de la formación integral de sus educandos.
Para ello, armonizar la normatividad universitaria con la LG-MASC no es un trámite administrativo: es una apuesta política y pedagógica por instituciones más humanas. Al definir principios, procedimientos, límites y mecanismos de seguimiento, las universidades construyen bases sólidas para operar los MASC con eficacia, legitimidad y seguridad jurídica.
Fortalecer las capacidades institucionales en materia de MASC no solo cumple un mandato legal: forma mejores personas, mejores ciudadanías y comunidades universitarias más fuertes. Por ello, las instituciones de educación superior pueden —y deben— ser ese lugar donde los conflictos se transforman, se comprenden y se reparan, dando sentido a su función sustantiva más profunda: educar para la vida, para la convivencia y para la paz.
