En un nuevo intento o simulación de combatir a la corrupción, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presenta: el Código de Ética e Integridad para un Buen Gobierno en la Administración Pública Federal y los Lineamientos para la operación de los Comités de Ética de la Administración Pública Federal, ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación este 18 de noviembre de 2025.
En el papel, son instrumentos sólidos. El Código de Ética afirma que el Gobierno de México, a través del Programa Sectorial de Anticorrupción y Buen Gobierno 2025-2030, busca un cambio de paradigma: prevenir la corrupción, dignificar el servicio público, modernizar la administración y consolidar compras públicas transparentes, con instituciones y personas íntegras orientadas al interés público. Define principios, valores y reglas de integridad, e incluye nociones avanzadas como control interno, procesos de evaluación y gestión de conflictos de interés.
Los Lineamientos de Comités de Ética, por su parte, establecen que los Comités son órganos democráticamente integrados, con paridad de género, encargados de capacitar, sensibilizar, difundir la cultura de integridad y atender denuncias por presuntas vulneraciones al Código de Ética y al Código de Conducta institucional. Fijan procedimientos de denuncia, de consulta sobre conflictos de intereses, mecanismos de coordinación con la Secretaría y hasta un sistema de reporte estadístico anual cuyo resumen debe publicarse en el portal de la Secretaría.
Si uno lee estos documentos aisladamente, parecen describir un sistema de compliance público razonable: principios claros, comités definidos, reportes, seguimiento estadístico, auditorías, mejora continua. El problema no está en lo que dicen, sino en lo que el propio Estado ha hecho -o dejado de hacer- con un sistema aún más amplio: el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Ese sistema existe desde antes, fue diseñado como una verdadera red de coordinación entre auditorías, fiscalías, tribunales y contralorías, pero nunca se quiso aplicar a cabalidad. Y eso no es responsabilidad abstracta de “México”: es una decisión política concreta, atribuible también a la llamada Cuarta Transformación, que optó por desfinanciar, minimizar o marginar varias de sus piezas clave.
Por eso, cualquier análisis honesto del nuevo Código y de los Comités tiene que hacerse a la luz de una pregunta incómoda: ¿qué garantiza que ahora sí se van a ejecutar, si el SNA nunca se quiso ejecutar en serio?
La norma, leída desde la óptica de compliance, contiene varios elementos que podrían ser exitosos si se aplicaran con rigor. Primero, el Código de Ética habla expresamente de control interno y de procesos de evaluación para prevenir riesgos de corrupción y garantizar el cumplimiento de objetivos institucionales. Esto coincide con cualquier estándar moderno de compliance: identificar riesgos, medirlos, implementar controles y evaluar periódicamente su eficacia.
Segundo, los Lineamientos de los Comités de Ética fijan la operación estructurada del sistema de integridad: integración de comités, capacitación, difusión, atención de denuncias, consultas sobre conflictos de interés, coordinación con la Secretaría, tablero de control, reportes estadísticos y posibilidad de auditorías específicas cuando se detecten incumplimientos o resultados deficientes.
Si pensamos en clave de compliance, la clave del éxito en su implementación podría resumirse, paso a paso, así:
- Compromiso real desde la cima (tone at the top): no basta con que la Secretaría firme el Código en el DOF; la señal debe ser política y práctica. Las personas titulares de los entes tienen que dejar claro que el Código no es optativo, que el Comité de Ética no es decorativo y que el incumplimiento tendrá consecuencias. Hoy, ese compromiso ha sido históricamente débil, y la 4T no ha sido la excepción.
- Identificación y evaluación de riesgos éticos y de corrupción: los propios Lineamientos indican que las acciones de los Comités deben estar alineadas con las funciones cotidianas y enfocarse en áreas susceptibles de presentar riesgos éticos. Eso solo tiene sentido si cada ente público realiza un mapeo serio de riesgos: aduanas, programas sociales, compras públicas, obra, contrataciones, permisos, etcétera.
- Controles preventivos vinculados al Código: el Código menciona control interno, procesos de evaluación y uso responsable de recursos públicos. Pero esos conceptos deben traducirse en controles concretos: segregación de funciones, trazabilidad de decisiones, criterios claros de contratación, monitoreo de compras y auditorías internas independientes. Sin esa traducción, la integridad se queda en discurso.
- Canales de denuncia y protección efectiva: los Comités de Ética están facultados para recibir denuncias por presuntas vulneraciones al Código y al Código de Conducta. Eso solo será útil si la gente sabe que puede denunciar sin represalias, que sus casos no se archivarán por “falta de elementos” y que las resoluciones tienen impacto real. Aquí el historial del SNA es brutal: los mecanismos de denuncia han existido, pero el mensaje percibido por la ciudadanía es que denunciar es arriesgado e inútil.
- Monitoreo, reporte estadístico y auditorías con dientes: los Lineamientos prevén un tablero de control, reportes anuales y la posibilidad de que la Unidad de Políticas para el Servicio Público solicite auditorías a los Comités de Ética cuando se detecten incumplimientos o resultados deficientes. Eso es muy cercano a un modelo de compliance basado en indicadores. Pero si esos reportes solo se usan para “cumplir”, si no derivan en correcciones, sanciones o cambios de proceso, se convierten en burocracia estadística.
- Mejora continua, no simulación continua: la propia norma habla de interpretación, vigilancia y mejora continua de los Lineamientos. La mejora continua, en lenguaje de compliance, implica aprender de los casos, corregir políticas, actualizar controles, ajustar procesos. Sin embargo, el patrón histórico del SNA ha sido el inverso: se aprenden lecciones en el discurso, pero se repiten los errores en la práctica.
El problema de fondo es político, no técnico. La 4T pudo haber tomado el SNA -ya existente- y dotarlo de presupuesto, de liderazgo, de respaldo público, de coordinación efectiva y de protección genuina a quienes se atrevieran a denunciar esquemas como el huachicol fiscal. En lugar de eso, muchas de las instancias del Sistema fueron reducidas, deslegitimadas o usadas selectivamente. Hoy, la misma administración que no quiso implementar plenamente el SNA presenta un nuevo Código y nuevos Comités como si fueran la llave mágica del cambio.
No lo son. Podrían serlo, si se integran a un verdadero sistema de compliance público. Pero para ello hace falta algo que ningún documento puede suplir: voluntad de aplicarlos contra los propios, no solo contra los adversarios. La integridad institucional se demuestra cuando un gobierno está dispuesto a investigar y sancionar a quienes le son cercanos, cuando permite que los Comités de Ética y los órganos internos de control actúen sin consigna, cuando los informes estadísticos se traducen en correcciones y no en autoelogios.
El riesgo es evidente: que estos nuevos instrumentos se conviertan en la nueva fachada de la integridad, mientras la corrupción estructural se mantiene intacta. Que veamos comités integrados, códigos difundidos, campañas de sensibilización y portales de transparencia, pero sigan ocurriendo esquemas complejos de desvío, contrabando, captura de instituciones y protección de redes criminales.
En términos jurídicos y éticos, la pregunta es muy simple y muy dura: ¿quiere realmente la Cuarta Transformación que su propio sistema anticorrupción funcione, o solo quiere demostrar que “cumplió” emitiendo más normas? Porque, con el SNA, ya se demostró que se puede tener una gran arquitectura sin resultado; ahora, con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, su Código y sus Comités, lo que está en juego no es el diseño, sino la autenticidad.
Si estos instrumentos se aplican como un verdadero programa de compliance -con liderazgo, gestión de riesgos, controles efectivos, denuncias protegidas, auditorías con consecuencias y mejora continua- pueden fortalecer la integridad del Estado. Si no, serán exactamente lo que más duele admitir: documentos bien redactados, colgados en un portal de internet, mientras la corrupción sigue operando como siempre.
Cuando un líder está realmente convencido de combatir la corrupción, no lo anuncia: la desmantela. Y la historia reciente ofrece un ejemplo contundente. En Singapur, Lee Kuan Yew entendió que la integridad no podía ser un discurso ni un programa administrativo, sino una decisión política radical. No construyó comités para “sensibilizar”, ni códigos para “alinear principios”. Creó instituciones autónomas, otorgó poder real a los órganos de control, blindó a los denunciantes, incrementó sanciones, persiguió a corruptos de todos los rangos -incluso de su propio gabinete- y profesionalizó por completo el servicio público. La corrupción no desapareció porque se publicaron documentos: desapareció porque el liderazgo decidió que ningún costo político sería mayor que la dignidad del Estado.
Singapur no es un milagro; es una demostración. Cuando hay voluntad, los controles funcionan. Cuando la autoridad se somete a la misma ley que exige a otros, la ética deja de ser aspiración y se convierte en práctica. Cuando el liderazgo tiene determinación, los códigos se aplican, los comités importan, las auditorías producen consecuencias y la ciudadanía percibe que el sistema funciona porque alguien decidió que funcionara.
México hoy se encuentra lejos de ese punto. No por falta de normas, sino por falta de convicción. La brecha entre los instrumentos recién publicados y un modelo real de integridad es la misma brecha que separa un país con voluntad de transformación de otro que se conforma con simularla. La pregunta que queda en el aire -inevitable, incómoda y necesaria- es si la nueva estrategia anticorrupción será un paso genuino hacia la ruta de Singapur o si terminará siendo, una vez más, otro discurso impecable sin ejecución real.
Tal vez la respuesta dependa menos del contenido del Código y los Lineamientos, y más de la valentía de quienes deberán aplicarlos. Porque, como enseñó Lee Kuan Yew, los sistemas no cambian por lo que dicen, sino por lo que hacen quienes los dirigen. Y hoy, en México, todavía no sabemos de qué lado de la historia quiere situarse este gobierno.
Y claro, si el Sistema Nacional Anticorrupción hubiera funcionado “como debía”, el huachicol fiscal habría sido simplemente un mal sueño administrativo. No habríamos visto aduanas, dependencias federales, organismos fiscales, empresas fachada, puertos y operadores políticos participando -cada uno desde su trinchera- en un mismo engranaje perfectamente lubricado para evadir miles de millones del erario -todo en esta cuarta transformación-. Pero, por fortuna, esa historia de cómo un sistema diseñado para prevenir la corrupción terminó siendo el mejor espectador de una de las redes delictivas más sofisticadas del país… será materia del siguiente artículo.
