Juristas participan en las consultas públicas sobre la reforma a la ley de amparo en el Senado

La resistencia a la propuesta: el nuevo rol de la ciudadanía jurídica

Durante décadas, la comunidad jurídica mexicana ha sido un pilar en la defensa de los derechos frente a reformas regresivas, omisiones legislativas y actos arbitrarios del poder. Sin embargo, esa defensa suele llegar tarde: cuando la reforma ya fue aprobada, cuando el daño constitucional ya se ha consumado o cuando el litigio estratégico se convierte en el último refugio de la legalidad. Tal vez ha llegado el momento de cambiar el guion y pasar de la resistencia a la propuesta.

La reciente reforma a la Ley de Amparo es apenas el último episodio de una larga secuencia de cambios legales aprobados con escasa deliberación pública. Como ocurre con frecuencia, los colegios de abogados, las universidades y las organizaciones civiles reaccionaron con comunicados, foros y análisis con poca difusión. Pero la reacción llegó, una vez más, después del hecho consumado. La constante es preocupante: el derecho se moviliza solo cuando el daño ya está hecho. Y ello revela una limitación estructural que atraviesa a buena parte de la comunidad jurídica: hemos consolidado una cultura de resistencia, no una de construcción proactiva.

¿Qué nos impide anticiparnos? En primer lugar, la falta de canales institucionales eficaces para que la ciudadanía jurídica participe en la agenda legislativa con propuestas vinculantes o, al menos, con impacto real. A ello se suma una profunda desconfianza hacia los congresos, percibidos —no sin razón— como espacios cerrados a la deliberación plural. También pesa el déficit técnico en la elaboración de propuestas legislativas que consideren viabilidad presupuestal, coherencia constitucional y análisis comparado. Finalmente, la inercia profesional nos ha acostumbrado a litigar más que a legislar, a impugnar más que a imaginar.

Pero cada reforma controvertida deja lecciones. Y la principal es que la ciudadanía jurídica no sólo puede legislar: debe hacerlo. La legitimidad de una propuesta normativa no surge únicamente del poder político, sino también del conocimiento técnico y del compromiso ético con el interés público. Por eso, las iniciativas ciudadanas deben nacer de la evidencia, no de la indignación momentánea. Requieren diagnósticos precisos, estudios comparados y modelos normativos viables que traduzcan las demandas sociales en instrumentos jurídicos aplicables. Si el gobierno legisla con datos —aunque a veces sesgados—, la sociedad debe disputar ese mismo terreno con evidencia propia.

Existen ya ejemplos alentadores. En San Luis Potosí, el abogado José Mario de la Garza Marroquín ha promovido acciones y litigios para obligar al Congreso local a discutir iniciativas ciudadanas. Su experiencia demuestra que sí es posible abrir grietas en el muro de la representación política. Que el derecho a proponer leyes puede convertirse en una herramienta de participación sustantiva, no sólo simbólica. Este tipo de ejercicios debería replicarse y sistematizarse, no como excepciones, sino como manifestaciones de una nueva normalidad democrática.

El desafío inmediato consiste en institucionalizar esa participación. Es necesario crear laboratorios legislativos ciudadanos o think tanks capaces de generar propuestas con rigor técnico y fundamento constitucional. Urge, además, impulsar reformas que garanticen el trámite obligatorio de las iniciativas ciudadanas y que impidan su archivo discrecional. La colaboración entre colectivos, academia y legisladores receptivos puede abrir un nuevo ciclo de innovación jurídica en México. Incluso el litigio estratégico podría tener una función distinta: no solo frenar reformas regresivas, sino obligar al legislador a cumplir su deber de legislar.

La comunidad jurídica enfrenta una responsabilidad histórica. Ya no basta con defender la legalidad; es momento de diseñarla. Las organizaciones sociales deben dejar de esperar reformas para empezar a escribirlas. Porque la democracia no se protege únicamente en los tribunales constitucionales: también se construye en los borradores de ley. El paso de la resistencia a la propuesta es, hoy, el signo de una ciudadanía jurídica verdaderamente madura capaz.

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