Mientras atendía un asunto en una Fiscalía del Estado de México, me encontré con un letrero que me llamó poderosamente la atención. Invitaba a usuarios y servidores públicos a vivir la cultura de la legalidad en trámites y servicios, explicaba que esta forma de vida implica respetar leyes y normas por encima de cualquier interés personal. Además, presentaba dicha cultura como una herramienta para combatir la corrupción, promover el orden, la armonía, la equidad y el bienestar para todas y todos.
Este mensaje, aunque breve, capturó una reflexión que cada vez cobra más fuerza en el ámbito jurídico y social. Como especialista en Administración y Procuración de Justicia, observo con satisfacción que la cultura de la legalidad se está posicionando en diversos sectores: académico, empresarial, gubernamental y comunitario. Ya no se trata solo de un concepto teórico o institucional, sino de una práctica que empieza a permear en el día a día de la ciudadanía.
Para entender esta transformación, debemos partir de la base: ¿qué significa realmente la cultura de la legalidad?, la palabra cultura tiene raíces en el latín cultivare, y ha evolucionado para referirse al conjunto de conocimientos, creencias y prácticas que adquiere el ser humano como parte de una sociedad. Edward B. Tylor, antropólogo británico, definió en 1871 la cultura como “esa totalidad que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres o cualquier otra aptitud y hábito que el hombre adquiere como miembro de la sociedad”.
Por su parte, legalidad proviene del latín lex, ley. Esta refiere al ordenamiento jurídico que rige conductas en una sociedad. Aristóteles consideraba que la legalidad va más allá de la regularidad: debe combinarse con la justicia y la virtud. No basta con cumplir la norma; la legalidad debe promover el bien colectivo. En palabras del Doctor Miguel Carbonell, la cultura de la legalidad es “el estricto cumplimiento de las obligaciones que la ley impone, para garantizar la convivencia social”.
Entonces, si lo conceptualizamos en lo cotidiano, se me viene el ejemplo del semáforo como representación clara de los distintos motivos que llevan a una persona a cumplir la ley. Algunos lo respetan para evitar una multa, es decir, saben las consecuencias a tal falta; otros, por miedo a un accidente, ponderan su seguridad; el tercer grupo, simplemente no le interesa respetar el semáforo. Pero hay quienes lo acatan por convicción, porque conocen sus derechos, respetan los de los demás y entienden que las normas existen para preservar el bien común.
Ese cuarto grupo representa el verdadero espíritu de la cultura de la legalidad. Son ciudadanos que no requieren coerción para actuar conforme a la ley. Entender estas motivaciones nos ayuda a diseñar estrategias más efectivas para promover el respeto normativo, no desde el castigo o miedo, sino desde la conciencia.
Una sociedad que valora la legalidad establece mecanismos más eficaces de control y rendición de cuentas. Esto no solo mejora la confianza en las instituciones, sino que incentiva la participación ciudadana. Cuando las personas se sienten escuchadas y protegidas por el marco normativo, se genera un círculo virtuoso: defienden sus derechos, vigilan el ejercicio del poder público y contribuyen al fortalecimiento democrático.
También se observa un impacto directo en la seguridad. Las comunidades donde predomina el respeto por la ley tienden a presentar menos conflictos, menor violencia y mayor cohesión social. Esto crea un entorno propicio para el desarrollo económico y atrae inversiones, ya que la legalidad genera predictibilidad y estabilidad.
Aunque el Estado tiene un papel fundamental en promover la cultura de la legalidad, no puede hacerlo solo. La colaboración del sector privado, las organizaciones civiles y los centros educativos resulta indispensable. Algunas empresas ya integran esta cultura en sus valores corporativos, promoviendo conductas éticas, transparencia en sus procesos y responsabilidad social. En mi experiencia como certificador, he visto cómo estas prácticas generan transformaciones reales en los ambientes laborales y en la forma de relacionarse con la comunidad.
Adicionalmente, el acceso a la justicia en su vertiente comunicacional es clave. La Suprema Corte ha impulsado las sentencias de fácil lectura, lo que representa un avance importante para acercar el derecho a sectores que no dominan el lenguaje técnico-jurídico. Esta estrategia combate la percepción de injusticia y fortalece la confianza en el sistema.
Fortalecer la cultura de la legalidad requiere campañas de sensibilización que no solo informen, sino que inspiren. Estas deben estar diseñadas para llegar a distintos públicos, incluyendo jóvenes y sectores vulnerables. Las redes sociales, aunque a veces generan distorsiones del mensaje jurídico, pueden ser aliadas si se emplean con creatividad y responsabilidad.
La difusión del derecho en plataformas como Tiktok o Facebook puede facilitar el entendimiento de temas complejos si se traduce en narrativas claras y con vocación educativa. Esto resulta vital para que las personas se sientan parte del sistema legal y no simples receptoras de sus consecuencias.
A pesar de sus beneficios, la construcción de esta cultura enfrenta retos importantes: la desconfianza hacia las instituciones, la percepción de impunidad, la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Cuando los ciudadanos observan privilegios o corrupción, la legalidad pierde legitimidad.
Por ello, es necesario implementar políticas públicas que garanticen la transparencia y refuercen la independencia del sistema judicial. También hace falta que los actores claves: Jueces, Ministerios Públicos, Abogados, Líderes Comunitarios, Sector Privado, actúen con coherencia y compromiso ético, demostrando que el respeto por la ley no es opcional, sino esencial.
El cartel en la Fiscalía fue mucho más que una invitación al cumplimiento normativo. Fue un recordatorio de que la legalidad empieza en lo cotidiano, en los trámites, en el tránsito, en el trabajo, en el lenguaje y en los gestos que compartimos.
Me recordó a ciertos documentales que se han en realizo en ciertas regiones rurales de Japón, la práctica cotidiana revela un tejido social basado en la confianza. En algunas tiendas de conveniencia, los clientes ingresan, toman sus productos y los pagan en una caja sin supervisión directa. De manera similar, pequeños puestos agrícolas exhiben bolsas de productos con precios marcados, confiando en que quienes los toman depositarán el dinero correspondiente. Este modelo, aparentemente simple, encierra un mensaje profundo: la norma no se impone, se asume voluntariamente.
Este tipo de dinámicas plantea una pregunta fundamental para el Derecho Mexicano: ¿qué sucede cuando el cumplimiento de la norma no depende del castigo sino de la legitimidad social?, mientras nuestro sistema penal parte de la desconfianza, de la necesidad de vigilancia, del miedo al incumplimiento, estos ejemplos nos invitan a reflexionar la función del derecho como herramienta de cohesión social, más que de control.
Y pasa también el sector privado, empresas que promueven la cultura de legalidad, algunas veces tienen lagunas en asignar alguna promoción o ascenso, pareciendo “dedocracia” en lugar de meritocracia, ahí también implica fortalecer aún más el mensaje de la cultura de la legalidad de forma interna. Es una tarea que requiere voluntad, estrategia, transparencia y sensibilidad.
Entonces queda claro que, desde el Estado, la Empresa, la Familia o la Escuela, todas y todos podemos sembrar Legalidad. Porque respetar la norma, comprenderla y defenderla no solo es una responsabilidad Jurídica: es también una forma de vivir con Dignidad, Justicia y Empatía.
