foro jurídico WOLA plantea la preocupación por creciente poder de las fuerzas armadas en México

WOLA plantea la preocupación por creciente poder de las fuerzas armadas en México

López Obrador ha profundizado la militarización tanto dentro como fuera del ámbito de la seguridad. Aunque en su campaña presidencial del 2012 afirmó que sacaría al ejército de las calles y en 2016 criticó el modelo bélico señalando que “no se resuelve nada” con medidas coercitivas y militarizadas. Reiteró en su campaña exitosa de 2018 que reorientaría la estrategia contra la violencia, en su administración no sólo consolidó el papel de las fuerzas armadas como pilar de la estrategia de seguridad, sino también empezó a asignarles otra gama de funciones, señala la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Este mes cumple un año el Acuerdo presidencial que dispone la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales hasta 2024. Asimismo, cumple dos años la Ley que creó la Guardia Nacional que, a pesar de depender orgánicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es una fuerza militarizada que opera bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), expone WOLA en su análisis: “México militarizado: la guerra se perdió, pero la paz no llega”.

Incluso si el gobierno retirara a las fuerzas armadas de las tareas policiales para 2024, dichas tareas quedarían en manos de otra institución militarizada (la Guardia Nacional). En este contexto, se desdibuja la necesaria reforma policial civil. Mientras tanto, persisten diversos factores estructurales que fomentan la violencia en México, indica el documento.

Desde diciembre de 2006, México ha registrado aproximadamente 350,000 homicidios y el gobierno reconoce que 85,000 personas permanecen desaparecidas y no localizadas. La llegada de Felipe Calderón marcó el comienzo de la etapa actual de militarización como eje central de la estrategia anticrimen recrudeciendo la violencia y aumentando los enfrentamientos entre fuerzas armadas y grupos delictivos.

El presidente Enrique Peña Nieto repetiría el mismo ciclo durante el sexenio de 2012-2018. Actualmente, López Obrador, ha incorporado a un número cada vez mayor de elementos de la Guardia Nacional . Al mismo tiempo, sigue hasta la fecha la participación directa de las fuerzas armadas en tareas de seguridad. Así, con variaciones, la militarización se ha convertido de supuesta medida transitoria en estrategia de largo plazo, destaca la Oficina.

No obstante, existen algunas detenciones de líderes de grupos delictivos, en general López Obrador se ha alejado de la estrategia de detener capos. Aunque la estrategia bélica se ha ido modificando, no hay medidas idóneas y suficientes para hacer frente a la violencia en curso en el país, indica el análisis.

Añade que un modelo efectivo de seguridad requiere priorizar la verdadera reforma y profesionalización de las instituciones policiales civiles, rompiendo el ciclo de militarizar por tiempo indefinido como respuesta fallida ante la corrupción policial y las carencias de las fuerzas locales. Lo anterior, a su vez, requiere superar de manera definitiva la histórica falta de compromiso con la reforma policial en los tres niveles de gobierno.

El análisis refiere que el gobierno federal actualmente impulsa el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica con el fin de fortalecer las acciones preventivas y el papel de las policías estatales y municipales en la investigación de delitos, entre otros objetivos. Los avances en la implementación del modelo—y, de manera más importante, los resultados iniciales del modelo en la vida cotidiana—darán elementos para analizar qué tan profunda es la transformación que se está impulsando en la institucionalidad y la práctica policiales en el presente sexenio. Lo cierto es que, hasta ahora, la creación de la Guardia Nacional ha sido una prioridad mucho más visible que la reforma policial.

El carácter militar de la GN causó preocupación desde un inicio por los riesgos que éste representa para los derechos humanos. Desde 2020, la GN cuenta con aproximadamente el mismo número de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que la Sedena.

En este contexto, el Estado no ha tomado medidas para garantizar un adecuado control de la GN, aun cuando este tema es objeto de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que dispuso en 2018 en el caso Atenco que el Estado creara un observatorio para monitorear y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y control del uso de la fuerza de la Policía Federal. Hoy dicha obligación se refiere a la Guardia Nacional, pero el Estado ha indicado ante la Corte IDH que no ve necesario cumplir esta medida, refiere el análisis.

El documento también señala que Semar y Sedena han asumido el control de las aduanas como una continuación de la ampliación de sus funciones. Asimismo, menciona la participación de las fuerzas armadas en las obras prioritarias del gobierno como el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya.

WOLA plantea la preocupación por este creciente poder de las fuerzas armadas. El peso de las fuerzas armadas mexicanas dentro y fuera del ámbito de la seguridad puede significar que no hace falta un golpe de estado para que las instituciones militares ejerzan niveles de poder que, sin constituir un gobierno militar, tampoco hablan de una institucionalidad democrática saludable. Con la seguridad en manos militares, y con las fuerzas armadas como ejecutoras de componentes importantes del proyecto de gobierno, es dable cuestionar qué margen de poder conserva el gobierno civil frente al estamento militar, concluye.

[Te puede interesar: Controversias por la militarización]

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