Apenas hace unos meses, en un breve artículo de opinión, escribimos una columna titulada “Ante la violencia política, investigación internacional”.[1] En ese entonces, dábamos cuenta de algunos aspectos que marcaron el desarrollo de los procesos electorales tanto locales como federales de 2018, entre éstos, la lamentable y desatada violencia política de la que -decíamos- se habla tanto y se hace poco o nada.
Señalábamos que la violencia política no ha encontrado una definición que contenga todos los elementos y los agentes que la configuran. Por un lado, aquellos relativos al quehacer político o la actividad pública de las personas dedicadas a estas funciones y, por el otro, a los aspectos que giran en torno a la vida personal y familiar de las y los políticos.
En esta ocasión, nos referimos a las personas dedicadas a la función pública de la política en el H. Congreso de la Unión, es decir, a las y los diputados y senadores.
El caso viene a cuenta, luego que hace unos días, en plena sesión de la Cámara de Diputados del Congreso mexicano se informara a la doctora Carmen Medel Palma, diputada Federal por el Distrito XIV del Estado de Veracruz, del partido político Morena, que su joven hija Valeria Mariann Cruz Medel (QEPD) había sido privada de la vida.
Por supuesto, al tratarse de una persona pública, el caso de la diputada Federal trascendió inmediatamente a los medios de comunicación; sin embargo, nadie puede negar las cifras negras de la inseguridad personal y la violencia que se padece en el país. Sólo el llanto de una madre por la pérdida de su hija es una muestra audible de miles de personas a quienes les ha tocado sufrir ese infortunio.
Lamentablemente eso no es algo nuevo, el Observatorio Nacional Ciudadano, organización de la sociedad civil, en su Reporte Sobre Delitos de Alto Impacto de agosto 2018 advierte datos graves como los siguintes: que en dicho mes se registró la tercer mayor cantidad de víctimas en la historia contemporánea de México, con 2,861 homicidios dolosos y 68 feminicidios, haciendo un total de 2,929 víctimas.[2]
Estas cifras negras, sin embargo, tienen un propósito clave en el combate a la impunidad y a la inseguridad como lo es incidir en el diseño de políticas públicas en todos los órdenes de gobierno, especialmente en el tema preventivo.
No obstante, las políticas públicas atañen a todos los sectores de la sociedad y gobierno, incluido el Poder Legislativo con sus legisladores.
La sociedad demanda constantemente -a veces hasta cierto punto de forma agresiva-, la actuación efectiva, honesta y responsable de sus representantes las y los legisladores. El reclamo del desafuero legislativo; por ejemplo, coloca en el centro del debate que los diputados y los senadores enfrenten la justicia como cualquier otro ciudadano y, con ello, evitar que se evada de la justicia so pretexto de tener fuero.
Sin embargo, nadie parece poner -al menos como punto colateral- los aspectos claves en y para la seguridad personal e integridad de los mismos legisladores. ¿A quién le importa?
Lo cierto es que el clima de inseguridad, que se vive en nuestro país, puede tener dos efectos, por un lado, orilla a las y los ciudadanos, en ocasiones, a ignorar las situaciones cuando la delincuencia hace de las suyas contra otra persona y a su vista, pero, por otro, también puede generar odio y violencia descontrolada, de ahí la presencia de los llamados linchamientos.
El problema de la inseguridad es parejo sin duda alguna, si queremos representantes que literalmente aboguen en la política por mejores condiciones de vida y desarrollo para todos, es necesario tener presente que la naturaleza de las funciones o atribuciones de las y los legisladores -en ocasiones-, tocan hilos e intereses económicos y políticos muy fuertes, que los colocan en un alto grado de vulnerabilidad y de peligro y, peor aún, a su propia familia que pudiera no tener nada que ver con aspectos políticos.
Probablemente es otro momento más –pues ya han pasado décadas- para asumir como sociedad la necesidad de un debate serio, responsable y civilizado en materia de riesgos y mecanismos de protección para las y los legisladores por el desempeño de su encargo, al tiempo de reforzar los instrumentos normativos relativos a la ética y conducta de los mismos.
[1] Publicado en el medio La Silla Rota el 29 de junio de 2018. Consultable en: https://lasillarota.com/opinion/columnas/ante-violencia-politica-investigacion-internacional/231573
[2] Consultable en: http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Rep_ago18_VF.pdf
