foro jurídico Una política de seguridad que proteja la vida y procure la paz, es incompatible con la militarización del país, coinciden especialistas

Una política de seguridad que proteja la vida y procure la paz, es incompatible con la militarización del país, coinciden especialistas

Frente a un contexto en el que, de forma paulatina, pero sostenida en el tiempo, se ha ido entregando más poder a las Fuerzas Armadas, la mañana de ayer se dieron cita varias organizaciones y personas especialistas en temas de seguridad y derechos humanos, para reflexionar al respecto.
 
El encuentro reunió a Daira Arana de Global Thought, Jorge Lule de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Lorena Cano del IMUMI: Instituto para las Mujeres en la Migración, así como a la investigadora Emanuela Borzacchiellon y a la periodista Mariana Hernández, quienes alertaron sobre los inminentes problemas que trae consigo la militarización de la seguridad pública.
 
De manera general, destacaron que, en términos legislativos y prácticos, las reformas aprobadas en días anteriores no sólo son inconstitucionales, sino que se contraponen a diversas recomendaciones de organismos internacionales, así como a todos los esfuerzos y avances normativos que se han venido impulsando —desde hace más de una década— en materia de derechos humanos. Pese a ello, hoy en día, México es uno de los países que ha dado más facultades al Ejército.
 
Lo anterior evidencia la falta de técnica legislativa y el hecho de que las y los legisladores no necesariamente dimensionan los impactos que conlleva el otorgar más funciones a una institución que no rinde cuentas, que trabaja en total opacidad y sin ningún tipo de controles. En palabras de Emanuela Borzacchiello: «Preocupa que hay una completa falta de subordinación y fiscalización del mando militar al control civil», lo cual conlleva a un debilitamiento de la institucionalidad democrática del Estado.
 
De acuerdo con Jorge Lule, la lógica de actuación de las Fuerzas Armadas —que busca eliminar enemigos— tiene como consecuencia la criminalización de diversos grupos poblaciones, entre ellos, las personas usuarias de drogas y las personas migrantes. Al respecto, Lorena Cano indicó que está comprobado que la criminalización de los movimientos migratorios se agudiza con la militarización. Sin embargo, esto no frena el fenómeno migratorio, sino que impulsa a que las personas en tránsito tomen decisiones más arriesgadas que ponen en peligro su seguridad y vida.
 
Si bien habría que reconocer que existe un gran porcentaje de la población aprueba la presencia de los militares en las calles, es preciso destacar que, de acuerdo con la ENVIPE 2021, hay un ligero aumento de confianza en las policías estatales. En este sentido, Mariana Hernández agregó: “Si las personas conocieran que el procedimiento de 8 de cada 10 delitos los lleva la policía, confiarían en que son ellos quienes están encargados de brindarles seguridad”. De ahí la importancia de comprender si las poblaciones piden la presencia de los militares o una institución que les brinde seguridad, subrayó.
 
Daira Arana recordó que existen numerosos elementos culturalmente instalados que anclan el modelo de militarización en nuestro día a día. “El lenguaje cotidiano, arrastra la narrativa de un lenguaje militarizado y nos lleva a replicar perspectivas de seguridad militarista basadas en el combate, en atacar, aniquilar. Esto termina influyendo en la normalización de todo tipo de violencia”.
 
Pese a que el panorama parece desolador, las participantes delinearon algunas líneas de acción para contar con un modelo de seguridad pública con respeto a los derechos humanos:
 

  • Más que leyes, hay que revertir modelos de seguridad. Toca repensar nuestro modelo de seguridad y nuestra visión de la protección. Para lograrlo, habría que retirar al Ejército de todas aquellas funciones que no le corresponden, entre ellas la seguridad pública y las actividades de migración.
  • El presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas, así como a tareas de seguridad pública, debe ser evidenciado de manera más desagregada y garantizar que el legislativo lo decida en consenso con la población. Hoy, más que nunca es indispensable conocer cada monto destinado, así como la justificación de su ejecución.
  • La seguridad civil pública no se puede lograr mediante materiales de guerra. Debemos apostar por capacitaciones conjuntas y materialmente construir la base para una policía adecuada, pero sobre todo civil.
  • Es crucial dejar de legitimar el uso de la fuerza hacia ciertos grupos. Mientras existan políticas que estigmatizan y segregan —como la política de drogas y la migratoria—, se va a encontrar la justificación del uso legítimo de la fuerza desproporcionada.
  • Hay que apostar por seguir informando, sensibilizando y dotando de herramientas a la opinión pública —más allá de la visión unidireccional del Estado—, para así evidenciar las consecuencias de brindar más funciones de seguridad pública a los militares.
  • Toca apostar por fortalecer otras instituciones como las Fiscalías y Poderes Judiciales. A la par de políticas de memoria que brinden garantías de no repetición y reparación para las víctimas de la militarización. “Recordemos que no hay despliegue militar que sustituya la procuración e impartición de justicia”, concluyó Mariana Hernández.

 
Finalmente, desde EQUIS Justicia para las Mujeres, se hizo un llamado a los feminismos y las luchas de la diversidad de mujeres para construir nuevos paradigmas de seguridad basados en el cuidado de todas las formas de vida y la paz.
 

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