El domingo pasado, por diferentes medios de comunicación nos enteramos que en la madrugada, un agente de la Policía Federal, llegaba a su domicilio en Ecatepec, Estado de México, cuando fue interceptado por unos sujetos para asaltarlo, desafortunadamente al resistirse fue asesinado por disparos de arma de fuego, acto seguido, policías del sector realizaron un recorrido por las calles aledañas al lugar de los hechos y unas cuadras más delante detuvieron a un joven vestido de mujer, quien es señalado como uno de los que participaron en el homicidio del Federal.
Lamentablemente seguimos teniendo la participación de los adolescentes en actos delictivos como este y otros que día con día se dan a conocer en los diferentes medios de comunicación, este hecho nos lleva a seguir buscando que se actualice la política criminal con base a que este problema se ha incrementado en nuestro país y se asocia a que el Estado solamente ha creado instrumentos jurídicos para combatirla, pero no se han desarrollado programas sociales adecuados que atiendan los derechos y las necesidades de este sector de la población, es decir, de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
La delincuencia en adolescentes es una forma de inadaptación social y al producirse esa anomalía se da un desafío a la misma sociedad y a la normatividad que regula la convivencia. Los hechos y condiciones que conducen a la delincuencia de un adolescente son múltiples, por ejemplo, la desintegración familiar, la violencia intrafamiliar, falta de educación, la carencia de valores, la falta de recursos económicos, el entorno criminógeno en el que se ve inmerso, el consumo de alcohol o de cualquier tipo de drogas, entre otros.
En el sistema de justicia para adolescentes que tenemos actualmente ha permeado la propensión de calificar los delitos como graves y que los tipos penales legalmente establecidos respondan a criterios rígidos propios de una política criminal que no ha logrado erradicar la delincuencia en el país, sino sólo incrementar el número de personas en internamiento y propensas a seguir por el camino del crimen organizado, no solamente es necesario que todos los delitos se castiguen, sino que los menores reciban un adecuado tratamiento técnico especializado para su posible reintegración a la sociedad y familiar.
Debemos de buscar la forma de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes, tenga mayor eficacia en el que se pueda llevar a cabo un proceso de estrategia en el que el Ministerio Público, procura demostrar ante el juez –distinto al juez de control–, su teoría del caso, enfrentando, posiblemente, a un abogado defensor que, junto con el menor sometido a proceso ha seguido un juego de estrategias, seguro de demostrar su propia teoría de la defensa.
Es por ello que el Ministerio Público, debe llevar a cabo una investigación que permita conocer la verdad histórica de los hechos, integrar la carpeta de investigación de manera que atienda los derechos tanto de la víctima como del victimario, investigar de manera objetiva el acto delictivo y dejar de lado la supuesta peligrosidad de la o del adolescente que presuntamente cometió un delito.
Para el caso que nos ocupa y para cualquier otro, habrá que realizar los programas técnicos encaminados a lograr que el menor número de adolescentes sigan cometiendo estos y cualquier otro tipo de delitos, así como lograr que las medidas sancionadoras, más allá de conceptualizarse como un castigo, deben ser un método que permita, por un lado, que el adolescente se concientice y responsabilice de sus actos y, por el otro, que la víctima se vea, en la medida de lo posible, reparada por el daño ocasionado a través de las medidas restaurativas que la ley prevé.
