En una acción que fue bien recibida por amplios sectores de la sociedad mexicana, el ministro Javier Laynez Potisek dictó una suspensión provisional que detuvo la entrada en vigor de las reformas electorales, mejor conocidas como el Plan B, al conocer la Controversia Constitucional presentada por el INE ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Las descalificaciones de la 4T y de sus simpatizantes no se hicieron esperar, acompañadas de las ya acostumbradas críticas al Poder Judicial de la Federación por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien nuevamente atacó al Poder Judicial, criticando la autonomía de un juez constitucional.
En la admisión del recurso el Ministro ponente señala que el Decreto impugnado “no sólo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”. Añadió que “la SCJN ha resuelto en ocasiones anteriores que en Controversias Constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal señaló que para dictar esta suspensión el ministro Laynez Potisek “arrancó hojas de la Constitución”. Para el gobierno de la 4T, el Ministro excedió sus facultades, asegurando que la Corte no puede conocer controversias en materia electoral ya que “existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado, pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir”.
Irónicamente, tanto López Obrador como su Consejería Jurídica piden a la SCJN apegarse a la legalidad para “garantizar el orden constitucional y democrático”, cuando en repetidas ocasiones se han burlado de la ley con propuestas claramente violatorias de la Constitución. Aunque barras de abogados y litigantes han salido de nuevo a la defensa de la autonomía del Poder Judicial, el encono del mandatario no solo es evidente, sino que es cada vez más explosivo y agresivo.
Ante la notificación de la medida, el Consejo General del INE suspendió la aplicación de los instrumentos normativos y administrativos para la implementación de la cuestionada Reforma Electoral.
Lo cierto es que entramos a una nueva etapa en el árbitro electoral, en medio de una campaña de desprestigio de toda la institución, por algunos de sus miembros salientes, y con nuevas asignaciones para el Consejo General del INE, cuyos nuevos integrantes, cuatro para ser exactos, entre ellos la nueva presidenta Guadalupe Taddei Zavala, con el gran ruido de que se trata de funcionarios “muy” cercanos a personajes de Morena.
Por lo tanto, con la reconfiguración del INE, se corre el riesgo de que aparezca un desistimiento de la suspensión concedida y de la propia Controversia Constitucional, lo que sería un golpe muy grave contra la democracia y la división de Poderes.
Sin duda alguna, el reto más grande que enfrentará la nueva presidenta del INE será consolidar la autonomía del Instituto, ganarse la confianza colectiva y, al mismo tiempo, demostrar que no son como sus antecesores y que no son empleados de AMLO.
