Es de conocimiento general que, la paupérrima prorroga otorgada para el cumplimiento de la reforma de subcontratación venció el pasado día primero de los corrientes y esta autoría mantiene la postura de que dicho término siempre ha sido insuficiente, debiendo homologarse al plazo otorgado al sector público (enero de 2022) y he aquí las consecuencias de haber ignorado esta y muchas voces empresariales…
Conforme a la COPARMEX, existen alrededor de 106 mil empresas dedicadas a la subcontratación en nuestro país, sin embargo, ante el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) solamente se encuentran registradas 48 mil, lo que representa un universo de menos del 50% de alcance. Conforme a número otorgados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, existen 120,000 empresas del giro y al 1° de septiembre se contaban con 65,000 registros, lo que en el mejor de los escenarios representa una cobertura del casi 55%, pese a ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social habla de un éxito del 90%, lo que resulta un tanto incongruente y extraño.
Ahora bien, para no ahogarnos en números, estadísticas y porcentajes, mencionemos el problema medular, lo preocupante. Ante la amenaza de ser acreedores a las multas más altas jamás vistas en la legislación laboral (casi 4.5 millones de pesos), muchas empresas romperán lazos con sus proveedores de subcontratación y probablemente reduzcan su plantilla, lógicamente muchas empresas dedicadas (para bien o para mal) a la subcontratación, no sobrevivirán a la reforma, lo que abre una gran posibilidad a practicas de informalidad, especialmente en los sectores patronales micros y pequeños, lo que finalmente afecta al sector obrero.
¿Parece exagerado?, esta misma semana han anunciado altos rangos del sector automotriz, que debido a la “inoportuna entrada en vigor de la reforma”, habrá perdidas de empleos. En el mismo sentido se han manifestados cámaras de la industria de la construcción.
Ahora bien, suponiendo sin conceder, que los números de la STPS son los más realistas (ni tan bajos como los de la COPARMEX, ni tan alegres como los del IMSS), estamos hablando de un 40% de empresas que no han logrado su registro ante el REPSE, lo que indica una sola cosa: el plazo fue insuficiente, tal y como esta autoría lo externo en su columna anterior, máxime de ello y pese a un esfuerzo por “facilitar la información a los aspirantes”, el hecho es que la plataforma continua presentando deficiencias, lo que entorpece que muchas de las empresas que guardan la voluntad de cumplir con la reforma, no puedan hacerlo y ahora, de manera involuntaria, estén cayendo en incumplimiento, lo que no le beneficia a nadie.
Los números hablarán por si solos dentro de unos meses, seguramente veremos algunos amparos al respecto y la controversia estará lejos de terminar, por lo pronto debemos observar la legislación y la normatividad a efecto de no caer en incumplimientos.
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