Por la “situación de riesgo real y actual de la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación”, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), ahora presidida por el magistrado Daniel Sánchez Montalvo en sustitución del Dr. Froylán Muñoz, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado mes de noviembre para buscar el respaldo internacional, informando que pedirán medidas cautelares contra el gobierno de la 4T.
En un comunicado, la JUFED informó que sus representantes expusieron en Washington el “grave riesgo de la independencia y autonomía judicial en México” por los constantes ataques de los poderes Ejecutivo y Legislativo a la Judicatura, concretamente con la pretensión de eliminar los fideicomisos, la reducción de presupuesto vulnerando la autonomía financiera y con el amago de enviar una iniciativa para elegir a los ministros, ministras, juzgadores y juzgadoras por elección popular.
Además, fijaron la postura de “las Juzgadoras y Juzgadores federales en el marco de los pesos y contrapesos de la división de poderes de no intromisión, no dependencia y menos subordinación”. Y anunciaron que harían “la solicitud de medidas cautelares correspondientes en el marco de los compromisos que tiene el Estado Mexicano de respetar los principios convencionales sobre la independencia y autonomía del Poder Judicial derivadas de la Convención Interamericana de Derechos humanos, entre otros instrumentos internacionales”.
Coincidentemente, la CIDH en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, hizo un llamado a proteger la independencia judicial y la democracia al señalar que “la independencia del sistema judicial, se reviste de una protección especial al actuar como salvaguardia contra los abusos de poder”. Hace hincapié en que “los Estados de la región, al adoptar la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, se comprometieron a avanzar en la consolidación de instituciones independientes que salvaguarden la justicia y los derechos humanos”.
No obstante, reconoce que en la región se observan ataques y hostigamiento contra las personas operadores de justicia que son “actores fundamentales en el sistema de pesos y contrapesos. Ellas desempeñan un papel crucial como controladores de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos de otros poderes públicos. Por esta razón, todos los procedimientos que puedan afectar a estas profesionales deben regirse por los principios de legalidad y debido proceso”. En conclusión, la CIDH instó a los Estados a redoblar sus esfuerzos en la consolidación de democracias que aseguren la total independencia del sistema judicial.
Lamentablemente, el gobierno actual ha desestimado y descalificado en diferentes ocasiones los llamados de instancias internacionales en esta y otras materias, además de no ceder, el discurso de la candidata oficial va por el mismo sentido lo que no augura el mejoramiento de la relación entre el Poder Ejecutivo y Judicial, lo más preocupante es que se utiliza todo el aparato gubernamental para minar la división de poderes y los contrapesos, basta ver cuántos nombramientos para plazas administrativas y para diversos órganos han quedado en el limbo en el Senado de la República incluyendo dos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ¡en año electoral!, sin mencionar la crisis reciente en el Tribunal.
No se puede obviar lo acontecido en la Suprema Corte que ha dado oportunidad al presidente de “poner” a un perfil más claramente cercano a su gobierno. Lo más riesgoso no es la cercanía, sino la obediencia en puestos clave para resguardar y defender la independencia judicial que de a poco se ha ganado y por supuesto no se ha consolidado del todo. Sin lugar a dudas las y los juzgadores tienen un gran reto frente al escrutinio actual bajo el que viven, aunque no todo es negativo pues se les obliga a regirse a sus compromisos éticos, pero también un gobierno democrático debe regirse con su compromiso con el Estado de Derecho.
