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Sin gestión de riesgos seguirá la corrupción en las compras públicas

La mayoría de los casos de corrupción tienen una vía preferida y es la contratación pública, pero esto tiene sentido si consideramos que gracias al fortalecimiento de legislación para prevenir el lavado de dinero y la financiación al terrorismo es que hoy podemos seguir el trayecto del dinero a través de sistemas financieros electrónicos, es decir, se ha gestionado el riesgo de forma correcta, pero luego entonces, se ha incrementado en las compras públicas, porque tenemos una dicotomía, porque en materia presupuestaria presumimos un debido control en procesos de asignación presupuestaria y gasto, pero con un tramo importante de opacidad y es precisamente al momento de determinar una necesidad, adjudicarla y ejecutarla.

El combate a la corrupción, así como el lanzamiento de las políticas de integridad, no han logrado aterrizar su aplicabilidad, quedándose en simples discursos mediáticos que no tienen fondo en la gestión de riesgos, pero les pido que pongan en duda lo que señalo, para que hagamos el ejercicio de analizar una muestra de hechos de corrupción relacionados con los contratos públicos y el resultado; pero me adelanto a decirlo: será el mismo mecanismo de hechos anteriores y la pregunta es que si las autoridades de fiscalización han detectado corrupción y encontrado hallazgos en casos concretos ¿por qué se siguen materializando los riesgos?.

La efectividad de las estrategias que han buscado combatir a la corrupción en las compras públicas, ha sido por demás deficiente -basado en los niveles de corrupción-, los casos de corrupción son cosa de todos los días y la sociedad ha perdido credibilidad en las figuras del Estado, es por ello, que pensar en mecanismos duales y efectivos de mitigación de las malas prácticas de servidores públicos y operadores económicos, nos animan a creer que podemos generar mejores condiciones.

No se tiene vocación a la prevención y, la fiscalización no encuentra su efectividad en el control y mitigación de la corrupción, lo que se traduce en una constante y, por ende, los indicadores de percepción a la corrupción, estado de derecho e impunidad, son negativos, pero congruentes ante un ecosistema de corrupción, porque los riesgos se conocen y las auditorías los señalan, pero después no pasa nada. El control interno y externo -Secretaría de la Función Pública a través de los Órganos Internos de Control y la Auditoría Superior de la Federación- no ha sido efectivo para evitar la materialización de los delitos de corrupción y, tal vez, el motivo principal es que aún y cuando consideran la gestión de riesgos en su teoría -Estándar COSO-, la verdad es que se trata de un modelo de gestión enfocado a la eficiencia y eficacia de la organización, por lo que se sustenta de fundamentos distintos. El control interno gubernamental depende directamente de los órganos internos de control, es decir, órganos de fiscalización no autónomos, mismos que no reportan de forma directa al órgano de gobierno y no se han caracterizado por ser eficientes en la gestión de riesgos. La idea se describe a través de un contraste con una empresa del sector privado que previene riesgos mediante un programa de cumplimiento, en la que cuenta con un sistema de control interno que reporta al máximo órgano de administración para la toma oportuna de decisiones, misma que se distingue por tener responsables de gestionar riesgos, en el sentido, de que si no cumplen su función, el mismo programa lo evidencia, por ello, mientras en el sector público tenemos esquemas de control potestativos y sin responsabilidades por la débil contención al riesgo, en el sector privado funciona enfocado a evadir el riesgo.

La gran expectativa que ha generado el discurso del combate a la corrupción prende las alarmas por su invisible aplicación y falta de recursos públicos a las instancias competentes para prevenirla y gestionarla, pero no todo es negativo, ya que con limitaciones hemos avanzado en el Sistema Nacional Anticorrupción y, aún cuando falta mucho por hacer, tendremos la plataforma digital y a los sistemas estatales mejor implementados, lo que nos deja la tarea de fortalecer a la Secretaría Ejecutiva del Sistema y trabajar en conjunto -gobierno, sociedad, organizaciones civiles, academia y sector empresarial- para generar mayor efectividad. El combate a la corrupción debe ser integral y enfocado a la causa, con patrocinio del más alto nivel y con una estructura caminando hacia el mismo rumbo.

No necesitamos ser expertos para sentir que la corrupción está viva e inmersa en la función pública, porque con indicadores menores tenemos muestras contundentes, como es el policía que pide sobornos, los servicios públicos deficientes, los servidores públicos que extorsionan o los trámites de gobierno que son obsoletos y que por alguna razón no se han dado a la tarea de hacerlos electrónicos, cuando el ahorro de optimizar un proceso, reducir la fuerza laboral y poner a las manos del ciudadano una herramienta que le permita interactuar, trae beneficios mayúsculos, pero seguimos con la burocracia que no está demás señalar que se vuelve muy rentable ante el mecanismo de soborno.

La contratación pública también tiene sus indicadores, como el porcentaje de adjudicaciones directas, la contratación de empresas de reciente creación, fachada o fantasma, los pliegos de condiciones con requisitos tendientes a limitar la libre participación o los trucos al momento de publicar los procedimientos, entre muchos factores, pero no hay sorpresas, el mecanismo es el mismo, luego entonces, tenemos un proceso y cada procedimiento sin controles efectivos. El fenómeno de la corrupción surge como afirma Kaiser, en cada caso, por combinaciones de factores que la hacen posible: oportunidad, necesidad, mal diseño institucional, ambición, impunidad, ambigüedad o vaguedad normativa, exceso de regulación, ausencia de regulación, intereses personales, presiones, ciclos políticos [1]. Todo lo anterior, no es nuevo y por absurdo que parezca, sigue vigente.

La gestión de riesgos bajo un sistema de cumplimiento normativo establece un estándar que, articulado, enfrenta de forma puntual los riesgos que priorizados tienden a prevenir conductas que comprometan a la organización, además de tener responsables de la gestión del riesgo, lo que fortalece el programa de cumplimiento ante autoridades reguladoras.

Combatir a la corrupción o malas prácticas radica principalmente en la efectiva gestión de riesgos, porque se trata precisamente de atender la causa y no el efecto como torpemente se ha realizado en otras iniciativas o estrategias, ahora bien, atender la causa debe ser a través de un programa perfectamente articulado con diversos componentes y controles del riesgo, que a la postre mostrarán los beneficios dentro de las organizaciones y, es que debemos de ver este tipo de implementaciones como una necesidad y no como una obligación, o dicho de otra manera, no podemos pretender adoptar mecanismos ineficaces que no califiquen ante una potencial evaluación, pero en contrario, podemos ver el estándar como una medida que va a incrementar la certidumbre jurídica de la organización y de aquellos que la componen, por ende, la reputación crece y se vuelve una organización próspera, que además califique mejor ante la percepción social. Esta perspectiva nos va a permitir convencer y construir una verdadera cultura de cumplimiento normativo, que vaya en el ADN de la organización y que inspire a las personas, para luego entonces, pretender fortalecer la ética organizacional y presumir integridad.

En conclusión, de tener un verdadero deseo para afrontar la corrupción, se debe comenzar por la contratación pública por su alto impacto en el presupuesto público, así como su vulnerabilidad[2] y, cuando eso suceda, estará en el diálogo la implementación de tecnología, el fortalecimiento del cumplimiento normativo, la gestión de riesgos efectiva, la adopción de buenas prácticas, la profesionalización y el fortalecimiento del control jurisdiccional, pero mientras esto sucede, nos corresponde señalar que el discurso, es solo eso.


[1] Kaiser Max, (2014), El Combate a la Corrupción la Gran Tarea Pendiente en México, Ciudad de México, Maporrua e ITAM.

[2] OCDE, (2015), “Informe de la OCDE sobre cohecho internacional”, consultar en: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/informe-de-la-ocde-sobre-el-soborno-internacional_9789264226654-es#page1.

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