El final de la LXV legislatura del Senado de la República deja un muy mal precedente para la garantía de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, sobre todo para la transparencia y rendición de cuentas, a pesar de los llamados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de barras y colegios de abogados, de la ONU-DH y de un amplio sector de la sociedad, los senadores de Morena y aliados bloquearon la posibilidad de que el Pleno del INAI retomara sesiones.
Abril de 2023 fue el mes en el que se asestó un duro golpe al Instituto autónomo que por orden constitucional protege derechos fundamentales, también vital en el combate de la corrupción, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador vetara la elección de dos comisionados y la conclusión del encargo de Javier Acuña Llamas, el Pleno quedó sin el quórum legal para sesionar.
A partir de esos acontecimientos, el ataque al Instituto no ha cesado y las intenciones para desaparecerlo han sido contundentes. Los cuatro comisionados en funciones presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la falta de nombramiento de integrantes del Pleno y solicitó un amparo para seguir sesionando con solo cuatro integrantes del Pleno.
Aunque los comisionados se mostraron confiados en que la SCJN sería garante de los derechos humanos, la ministra Loretta Ortiz dio una non grata sorpresa y negó la suspensión. Ante la decisión de la ministra, el INAI, encabezado por Blanca Lilia Ibarra, anunció que presentaría un recurso de reclamación, que el pleno del Máximo Tribunal analice el acuerdo y le permita garantizar los derechos que la Constitución le encomienda y existe la posibilidad de que acudan a la Comisión de Derechos Interamericanos.
A la par, creció la intensidad de las exigencias de la sociedad civil y la oposición en el Senado para que se concretara la elección de, aunque fuera, un comisionado o comisionada de los tres faltantes. La oportunidad se desvaneció a tres días del término del período ordinario cuando Morena y sus aliados rechazaron el nombramiento de Ricardo Salgado, lo que provocó que senadores del PAN tomaran la tribuna en forma de protesta impidiendo al Pleno seguir la sesión.
Lo que era impensable, Alejandro Armenta, líder del Senado y morenista, presentó y retiró el mismo día una iniciativa para eliminar el INAI y pasar sus funciones a la Auditoría Superior de la Federación, hecho que le valió críticas. En un video se le ve defendiendo su propuesta, en su derecho como legislador presentó la iniciativa y aseguró que ni él ni su partido, ni el Presidente quieren vulnerar la transparencia y la rendición de cuentas.
Por si la cuestión no fuera ya bastante grave, López Obrador se dirigió desde su mañanera a los legisladores que no están de acuerdo como él con la existencia del INAI y les dijo “no titubeen” y desaparézcanlo pues “no sirve”, justo cuando hay un incremento en quejas y solicitudes de información, según la plataforma de Transparencia las quejas han incremento un 19 % en comparación con el gobierno anterior. Con desinformación la maquinaria morenista ha querido hacer ver al INAI como un órgano que no combate la corrupción y confunde a la opinión pública sobre sus funciones. Dos cosas que aclarar, a los funcionarios y sus bienes los debe investigar la Secretaría de la Función Pública y el encargado de perseguir e investigar los delitos es la Fiscalía General de la República, el Instituto es garante de los derechos al acceso a la información y de la protección de datos y tiene una función primordial en el Sistema Nacional Anticorrupción.
En distintos foros se le ha recordado a la sociedad y al mandatario que este órgano garante que hoy pretenden acabar, fue logró de la exigencia ciudadana y más que probado está que la centralización es abono para la corrupción y opacidad. Como bien dijo la comisionada Norma del Río Venegas, hay que dar batalla por defender a los organismos garantes de transparencia y los derechos ciudadanos. El acceso a la información y la transparencia son mandatos constitucionales y el evidente rechazo a la rendición de cuentas de esta 4T no mira lo que aplasta.
